El fusilamiento de Matías Katrileo por los Carabineros el jueves 3 de enero, y la huelga de hambre de 3 meses y medio de Patricia Troncoso finalizada en los primeros días de febrero, conmocionaron a Chile. Lo que conmociona en realidad es el poderoso resurgir del movimiento de los originarios mapuches del sur y centro chileno en reclamo de sus tierras y de sus derechos nacionales. Ambos hechos, al mismo tiempo, marcaron a fuego la política antipopular y prepotente del gobierno de la Concertación encabezado por la “socialista” Michelle Bachelet, que encarna la línea de la Concertación gobernante desde hace más de 15 años y las políticas prooligárquicas y proimperialistas del pinochetismo reconocidas como “políticas de estado”.
Con el mazo de la ley pinochetista
El estudiante universitario Matías Catrileo fue asesinado al reprimir los Carabineros la ocupación pacífica de un fundo cercano a la sureña Temuco. Desde el fin de la Dictadura en 1990 fue creciendo el movimiento exigiendo la devolución de tierras apropiadas por los terratenientes desde tiempos de la Conquista.
El caso de Patricia Troncoso, por su parte, es emblemático del trato que el gobierno chileno da a los presos políticos y sociales, y en particular a las presas mujeres mapuches. Ya gravemente debilitada por la huelga de hambre y con riesgo de su vida, el gobierno trasladó a la detenida desde el hospital de Temuco hasta el de Chillán con la intención de silenciar sus reclamos y doblegarla mediante el aislamiento, manteniéndola incomunicada y prohibiendo las visitas familiares. A los 104 días de su huelga, fue amarrada a su cama de hospital para obligarla a ingerir alimentos.
Patricia y un grupo de presos políticos mapuches estaban en huelga de hambre desde el 10 de octubre, reclamando que se revisaran sus procesos y condenas basadas en la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet. El gobierno, que prácticamente militarizó todo el territorio de la Araucanía, usa esa ley infame especialmente contra los activistas mapuches que luchan contra los monopolios extranjeros y sus socios locales que se apropian de sus tierras.
En virtud de semejante engendro, Patricia fue condenada por “terrorismo” a 10 años de cárcel, de los que cumplió cinco. Suspendió su huelga de hambre ante seguridades oficiales de atender la situación de los presos, pero el gobierno no sólo dejó al margen del acuerdo las demandas de fondo –desmilitarización del territorio mapuche, libertad de todas las presas y los presos políticos mapuches, y derogación de la ley Antiterrorista y de la figura jurídica de los “testigos sin rostro”–, sino que aumentó el hostigamiento a las comunidades en lucha y los allanamientos contra las comunidades mapuches.
Por eso las comunidades mapuches resolvieron mantenerse en pie de lucha (ver columna derecha).
Raíces históricas
La lucha de los mapuches removió las aguas de la sociedad chilena. Un grupo de historiadores del país decidió romper el cerco de silencio y distorsión que el gobierno y los medios impusieron sobre el conflicto. En su declaración pública los docentes e investigadores denunciaron la larga historia de “despojo violento” del pueblo mapuche desde la invasión española, en nombre del “derecho de Conquista” para confinarlo a “reducciones”: “Comenzando con la constitución de las primeras organizaciones mapuches (mutualistas y culturales) a comienzos del siglo XX –señalan– hasta las actuales recuperaciones de tierras, pasando por la participación en partidos políticos, el levantamiento de Ranquil de 1934 (en alianza con campesinos pobres chilenos) y las ‘corridas de cerco’ de los años de la Reforma Agraria, se puede observar una notable continuidad histórica en las demandas de tierra, justicia y libertad de este pueblo”.
Los historiadores denunciaron, asimismo, el régimen de terror impuesto en la Araucanía que llevó al asesinato de Matías Catrileo, la permanente negativa oficial a reconocer la autonomía de las comunidades mapuches, y la criminalización de sus justos reclamos con la complicidad de los partidos parlamentarios, las organizaciones empresariales y los medios de comunicación.
