Esto ha sido una conquista democrática del movimiento popular, que ha luchado incesantemente contra la impunidad.
En esta causa se reflejó la saña, perversidad e impunidad de los acusados. Que estén presos estimula la continuidad de los esfuerzos por avanzar en el camino de la aplicación de justicia a los represores de la dictadura militar de 1976.
El PCR y la JCR de Corrientes se movilizarán el día de la sentencia para acompañar el reclamo de condena y cárcel común a estos genocidas.
La lucha incansable de estos 32 años contra el armado de la impunidad desde los diferentes estratos del poder, tuvo logros históricos que pertenecen a todo el pueblo argentino. Se consiguió la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Se logró que Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich fueran condenados a cadena perpetua y que por primera vez en la historia de la humanidad, un tribunal reconozca la existencia de un genocidio en su propio país. El genocida general Menéndez fue condenado a prisión perpetua en cárcel común.
Los gobiernos nacionales, incluído el actual, no abrieron los archivos de la represión, por lo que el pueblo debió avanzar tortuosamente en estos juicios, con testigos corriendo el riesgo de seguir el camino del secuestro como Julio López. Es urgente y necesario avanzar con la decisión política de ir a fondo con otro tipo de juicios, más rápidos y por centro clandestino de detención, donde se juzgue a todos los responsables, especialmente a los genocidas de mayor jerarquía, por todos los compañeros detenidos desaparecidos, como viene reclamando en cada movilización el movimiento de derechos humanos nucleado en Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. De lo contrario, dada la cantidad de juicios y la edad avanzada de la mayoría de los genocidas, el resultado será que se termine de consolidar la impunidad de la dictadura en la Argentina.
Fueron 650 los campos de concentración reconocidos oficialmente. El 95% de los genocidas sigue sin que la justicia los haya siquiera rozado. Siguen cerrados bajo siete llaves los archivos de los servicios de inteligencia.
Con dolor y con bronca denunciamos que hace 22 meses que nos falta un compañero, Jorge Julio López, uno de los miles y miles de detenidos-desaparecidos. Sobrevivió a la dictadura y luchó contra la impunidad de los genocidas. Testimonió en el juicio contra Etchecolatz. Desde su secuestro a la actualidad, no hay ningún imputado ni líneas firmes de investigación. Julio no está hoy y su ausencia acusa más que todos los discursos, a la impunidad que continúa.
Por eso resulta imprescindible unir la lucha contra la dictadura genocida a la lucha social y política contra la represión actual, para que una vez más sea la movilización popular la que obligue a los de arriba a hacer concesiones que nos permitan acercarnos a la justicia que exigimos.
Es por eso que exigimos: juicios por campo de concentración, contra todos los genocidas y por todos los compañeros. ¡Basta de genocidas en las calles! ¡Cárcel común, efectiva y perpetua para todos!
Al mismo tiempo, no podemos dejar de decir que el gobierno de los Kirchner que se autoproclama "defensor de los DD.HH.", avanza en la criminalización de la protesta social. Siguen procesados más de 4.000 luchadores sociales. Se reabrieron numerosas causas contra dirigentes obreros, piqueteros, estudiantiles y de pueblos originarios. Ejemplos de estos procesos son Terrabusi, Fate, Htal. Francés, el Garrahan, los fileteros de Mar del Plata, los trabajadores del INDEC, los ferroviarios del Sarmiento que están siendo llevados a juicio, la fábrica Dana que fue militarizada, los trabajadores de la Línea 60 que fueron baleados, los trabajadores de Mafissa que llevan más de 100 días de lucha y que están ocupando su fábrica. Los jóvenes trabajadores del Casino Buenos Aires fueron reprimidos violentamente, incluso con torturas físicas y psicológicas. Fue el mismo gobierno el que instaló de la Gendarmería en todas las escuelas de Santa Cruz durante la lucha docente. Durante el 2007, los entonces presidente Kirchner y senadora Cristina Fernández de Kirchner hicieron aprobar la llamada "Ley Antiterrorista", exigida por el gobierno de Bush. Esta Ley es una peligrosa herramienta del Estado para reprimir al pueblo y sus organizaciones. Últimamente se reprimió la protesta chacarera en Gualeguaychú y San Pedro, y se le abrió una causa penal por corte de ruta a Eduardo Buzzi y otros dirigentes agrarios en un acto donde participaron miles de personas.
Por eso también exigimos: ¡No a las leyes antiterroristas! ¡No a la militarización de los conflictos sociales! Amnistía o desprocesamiento a los luchadores populares!
Partido Comunista Revolucionario – Juventud Comunista Revolucionaria
Corrientes, 3 de agosto de 2008
