Según un estudio realizado por la Academia de Ciencias Sociales de China, sólo el 76 por ciento de los trabajadores chinos está empleado mediante contrato escrito con “su” patronal. Lo que equivale a decir que la cuarta parte de los obreros trabaja “en negro” y sin ninguna protección legal. Y en el caso de los que están “en blanco”, la mayor parte de los contratos tienen una duración de apenas dos años.
La encuesta de la Academia abarcó a 28.400 trabajadores de 2.150 empresas (evidentemente pequeñas y medianas) en 40 ciudades chinas.
Aunque la Ley Laboral de China fija los derechos y obligaciones de los empresarios y empleados, muchas compañías las reducen a papel mojado. Por ejemplo, según la ley la jornada laboral es de 8 horas, pero los capitalistas la eluden implantando masivamente horas extra. El estudio develó, además, que sólo al 65% de los trabajadores se les pagan las horas extra realizadas.
En 2006, millones de trabajadores –en su mayoría migrantes provenientes del campo y empleados en los sectores de construcción y minería– sufrió atrasos de 3 meses en promedio en el pago de sus salarios. También, sólo el 67% de los trabajadores que sufrieron accidentes laborales tenía seguro y obtuvieron algún tipo de indemnización.
Reformas para apagar el volcán
A juzgar por las escasas noticias que logran trascender la férrea censura oficial, crece el descontento de los trabajadores –especialmente de decenas de millones de migrantes– por las condiciones de explotación que padecen. Y consiguientemente crece la inquietud de la burguesía china ante los cada vez más públicos signos de inconformidad obrera y campesina.
Por eso no sorprende que a fines de junio el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (el parlamento chino), haya aprobado una vasta reforma a la Ley de Contratación Laboral ampliando la protección a los derechos legales de los trabajadores. A pesar de la oposición de monopolistas extranjeros y de poderosos sectores de la burguesía china –que sostenían que las nuevas medidas disminuirían la “flexibilidad” y aumentarían los “costos laborales”–, la nueva ley limita el uso de trabajadores temporarios y obliga a los empleadores a establecer contratos escritos con los trabajadores (reconociendo indirectamente su inexistencia en muchos casos).
También se autoriza la negociación colectiva de los salarios, coberturas de salud y jubilación. Hasta ahora, como consecuencia de las reformas antiobreras impuestas desde la restauración capitalista que lideró Deng Xiaoping a fines de los ’70, los trabajadores tenían que discutir sus condiciones laborales individualmente con las patronales, y hasta el monopólico sindicato del partido “comunista” –a pesar de haber sido convertido en un mero apéndice del Estado de la nueva burguesía monopolista– era excluido de las negociaciones salariales.
La aprobación de la nueva ley laboral se produjo apenas días después del “descubrimiento” del uso masivo de trabajo esclavo en fábricas de ladrillos y minas de carbón en las provincias de Shanxi y Henan, donde aproximadamente 600 obreros –en su mayoría adolescentes– trabajaban en condiciones infrahumanas impuestas por sus patrones con la complicidad de funcionarios locales.
Obviamente, todas las mejoras incluidas en la nueva ley quedarán también en el papel, a menos que la lucha de los trabajadores imponga su cumplimiento efectivo.
La “receta” de la burguesía china
Zheng Xiaoyu, ex director de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos de China entre 1998 y 2005, fue ejecutado por corrupción. Su caso es apenas uno de los que revelan cómo la burguesía china lleva a la práctica la consigna “Enriqueceos!” con que Deng Xiaoping abrió el proceso de la restauración capitalista.
A cambio de coimas de compañías farmacéuticas por 6,5 millones de yuanes (unos 800.000 dólares), había autorizado la producción y exportación masiva de productos-basura. Durante esos años, decenas de personas murieron en China por tomar medicamentos falsos o de mala calidad. En 2004, 13 bebés murieron por desnutrición en la provincia de Anhui, por haber sido alimentados con leche en polvo sin valor nutritivo.
En los últimos meses los es-cándalos por alimentos, fármacos, y otros productos contaminados también se multiplicaron en el extranjero. En Panamá murieron 83 personas tras ingerir medicinas contaminadas fabricadas en China. En Estados Unidos miles de perros y gatos murieron por comer alimentos para mascotas exportados desde China que contenían desechos de melamina. Hay denuncias sobre otros productos-basura de consumo masivo, desde pasta dentífrica con productos químicos destinados a anticongelantes, mariscos y jugos de fruta, hasta neumáticos con fallas de seguridad.
Se movilizan para no ser envenenados
Haicang PX es una gran fábrica química actualmente en construcción en Xiamen, provincia de Fujian, con una inversión de unos 1.200 millones de dólares.
A fines de mayo empezó a hacerse pública la protesta de los habitantes de Xiamen contra la construcción de la planta por las emanaciones contaminantes que produciría. Aún cuando la fábrica no había sido terminada, según denunciaron, ya se percibían las emanaciones industriales.
El 1º de junio, organizándose a través de mensajes por sus teléfonos celulares, se concentraron frente a la alcaldía de Xiamen reclamando que la construcción fuera detenida (foto). Desde allí marcharon luego hacia la Universidad de Xiamen, a cuyas puertas se estacionaron pidiendo que los estudiantes se unieran al reclamo. Los estudiantes no salieron, aparentemente por haber sido amenazados por las autoridades universitarias. En cambio sí manifestó su apoyo Zhao Yufen, miembro de la Academia China de Ciencias y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, quien había escrito varios artículos oponiéndose a la construcción de la planta química.
