Hemos logrado una victoria en nuestra lucha contra la política nacional de criminalizar a los que luchan. La jueza federal de San Isidro, Dra. Sandra Arroyo Salgado dispuso sobreseer (absolver) a Liliana Ruiz en el marco de la causa penal que se le perseguía acusándola de haber cortado la Panamericana el 15 de diciembre de 2010, cuando un grupo de mujeres de la CCC realizaba un reclamo por “Una navidad sin hambre”.
Hemos logrado una victoria en nuestra lucha contra la política nacional de criminalizar a los que luchan. La jueza federal de San Isidro, Dra. Sandra Arroyo Salgado dispuso sobreseer (absolver) a Liliana Ruiz en el marco de la causa penal que se le perseguía acusándola de haber cortado la Panamericana el 15 de diciembre de 2010, cuando un grupo de mujeres de la CCC realizaba un reclamo por “Una navidad sin hambre”.
La causa, que estuvo plagada de irregularidades desde el primer momento, estuvo abierta 3 años, sirviéndole al gobierno como un arma para amedrentar a los compañeros de la CCC.
Mantener las causas abiertas durante años, aunque no haya condenas finalmente, es uno de los objetivos de la política de criminalizar la protesta social. Buscan amedrentar a las organizaciones sociales a las que pertenecen los compañeros procesados, condicionarlos en su militancia y mantenerlos ocupados en la lucha contra la represión, quitándoles tiempo para luchar por las necesidades de nuestro pueblo, buscando así debilitarlos.
Esta causa deja varias enseñanzas, pero resalta una: nunca se debe dar su número de teléfono celular a la policía, les digan lo que les digan. A través de sus números telefónicos los identifican y luego les abren causas penales.
Además de una victoria política es una victoria jurídica en pos del reconocimiento del derecho a la protesta. Si bien la sentencia no sostiene que los compañeros tenían derecho a cortar, si dice que aunque los compañeros cortaron una calle y eso es un delito, al hacerlo para llevar adelante una protesta social, pudieron creer que no estaban cometiendo un delito, sino ejerciendo un derecho. Lamentablemente la sentencia hace hincapié en que esa creencia (que no estaban cometiendo un delito) era errónea y no dice lo que debe decir, que estaban ejerciendo un derecho constitucional en forma legítima.
Una última cuestión, a los fines prácticos, la sentencia da mucha importancia al hecho de que las fuerzas de seguridad no habían puesto en conocimiento del grupo ni de la compañera que estaban cometiendo un delito y solicitar que se retiren de la ruta. Este es un elemento a tener en cuenta durante una protesta a fin de tener presente la posición de la Justicia Federal de San Isidro.
Liliana Ruiz fue víctima de una política sistemática impulsada por el gobierno nacional de criminalizar la protesta que tiene como resultado a más de 5.000 compañeros procesados, 22 compañeros condenados (los petroleros de Las Heras, los 6 de Corral de Bustos y Lescano y Esteche), y varias decenas de detenidos (solamente en la última semana: 27 en Misiones; 5 en Pampa del Indio, provincia del Chaco; 4 en Las Heras, entre otros). La herramienta política para luchar contra la criminalización de la protesta es la sanción de una ley por el Congreso Nacional que cierre todas las causas, libere a todos los compañeros y deje sin efecto las condenas.
Por eso, este 20 de marzo de 2014, estaremos presentando en el Congreso de la Nación el Proyecto de Ley contra la Criminalización de la Protesta, y realizaremos una audiencia pública para denunciar esta política, el mismo 20/03 a las 12 horas, en la Sala 1 del Edificio Anexo del Congreso.
Están todos invitados a participar y solicitamos que convoquen a todos aquellos compañeros que estén o quieran luchar contra la criminalización y la represión del movimiento popular.
