No se conocen todavía los textos. Los temas los anunció la presidenta, abarcando estos ítems: 1. Elección mediante voto popular de todos los miembros del Consejo de la Magistratura. 2. Registro de causas en Internet. 3. Democratizar el acceso al trabajo para los empleados judiciales. 4. Nuevas Cámaras de Casación en materia civil, comercial, laboral y contencioso administrativo que unifiquen la jurisprudencia; actualmente existen sólo en el fuero penal. 5. Limitar las cautelares. 6. Impuesto a las ganancias para los jueces. 7. transparencia en las declaraciones juradas patrimoniales de los miembros del poder judicial.
Lo primero que advertimos, es que plantear estos temas bajo el titulo de “democratizar el poder judicial”, es una jugada política, que por cierto debe ser seguida con atención, porque es parte de la lucha por la consolidación de una nueva hegemonía en el Estado argentino.
En los estados modernos, los estados resultantes de la consolidación del capitalismo con posterioridad a la Revolución Francesa, el poder es uno solo, la organización y funcionamiento de ese poder hace jugar una separación de funciones, legislativas, ejecutivas y judiciales.
El estado, a pesar de la separación de funciones que contiene, monopoliza la potestad fiscal y tiene el monopolio de la fuerza pública represiva. Se constituye así, en el instrumento fundamental para que las clases dominantes puedan continuar con la opresión de las clases dominadas, y en nuestros países dependientes, garantizar además la continuación de la opresión nacional en su conjunto.
Por lo tanto plantear el tema como reformas en el poder judicial, o democratizar el poder judicial, es construir un relato que soslaya esta separación de funciones y oculta que el poder es uno solo. Además, en países como el nuestro, el Poder Ejecutivo es el polo dominante del conjunto del personal político que hace funcionar al Estado de las clases dominantes.
No existen vallas legales o barreras legales, que el Ejecutivo no logre sortear, si analizamos nuestra historia política. Las leyes se dictan, se cumplen, o no se cumplen, se derogan o se modifican, según la correlación de fuerzas que exista en un momento histórico dado.
Un sector de la Justicia podrá tener contradicciones con el Ejecutivo en un momento concreto, pero estas contradicciones se resuelven como parte de la lucha por la hegemonía dentro del Estado.
Desde Alberdi en adelante, el Poder Ejecutivo y el poder político tuvieron una injerencia decisiva en la designación de los jueces y en su remoción. Como parte y prueba palmaria de que el poder es uno solo.
Con el sistema de la Constitución de 1853, el Poder Ejecutivo ternaba a los candidatos a jueces, que necesitaban acuerdo del Senado. Al mismo tiempo, para la remoción la Cámara de Diputados, representantes del pueblo, era la cámara acusadora, y el Senado en representación de las provincias juzgaba.
Después del Pacto de Olivos
Con el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, y gracias a los aportes de jurisconsultos como el Coti Nosiglia, se creó el Consejo de la Magistratura, como órgano de la Constitución, dando nacimiento a un nuevo organismo burocrático para la rosca política y el manejo de la Justicia.
La mayoría de los jueces actuales fueron designados durante el gobierno de los K. En primer lugar la Corte Suprema. A ello se agrega el invento de los interinatos, en virtud de los cuales un juzgado vacante es atendido por un juez interino, que no es juez, pero trabaja como tal durante años; generalmente es un secretario o empleado de la justicia, que lógicamente se nombra a dedo.
Es decir, desde el Pacto de Olivos, vienen manejando la Justicia con acuerdos políticos que expresan la correlación de fuerzas dentro de los distintos gobiernos. Curiosamente, no se discute sobre la necesidad de abolir el Consejo de la Magistratura, y superar la rosca política. Además el presupuesto de la justicia se maneja también desde este organismo.
Lógicamente, la aparición de una nueva hegemonía en la sociedad argentina, choca y tiene algunas contradicciones políticas con los sectores judiciales que responden a otras roscas políticas, y tratan de trabar o dificultar la consolidación del nuevo sector hegemónico de las clases dominantes. La mal llamada “democratización del poder judicial”, es la forma con la que el grupo de CFK intenta correr a sus rivales políticos dentro del poder judicial.
Por una Justicia verdaderamente popular
No nos vamos a engañar, no está en juego la posibilidad de crear una justicia al servicio del pueblo, que por ejemplo, obligue la apertura de los archivos del Estado, para recoger pruebas sobre los crímenes de la dictadura, o que haga cumplir efectivamente el 82% móvil para nuestros jubilados, o que proteja los glaciares, etc. Lo que está en juego es la consolidación de una nueva hegemonía política entre las clases dominantes, que choca con los sectores rivales en el seno de la Justicia.
Curiosamente, según el sistema constitucional, la administración de justicia es un tema reservado a las provincias, pero el avance de las formas unitarias y centralistas es tal, que la llamada reforma judicial se convierte en un tema nacional, cuando el fuero federal es un fuero de excepción.
Las amplias competencias que nuestro sistema presidencialista le otorga al ejecutivo, no llegan a la administración de justicia, que es un resorte provincial. Sin embargo, para consolidar su hegemonía, deben avanzar sobre el poder judicial, poniendo en debate temas sentidos por las masas, dado que como cuenta el Martín Fierro, el juez es enemigo de las masas populares, te manda para la frontera, se queda con tu rancho, con tu mujer, etc. Y esta realidad vivida y compartida por nuestra gente, pretende ser utilizada, ahora, pero no para democratizar la justicia en serio, sino para desplazar a rivales políticos y poner fichas propias.
El juicio por jurados, que figura en la letra de la Constitución Nacional, jamás se puso en práctica. Si se discutieran los motivos de tal “olvido”, podríamos participar de un debate sobre democratizar la Justicia en serio, pero el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, y este enchalecamiento de origen, se manifiesta también en la pretendida democratización de la justicia.
La presidenta no nos propone elección popular directa y revocatoria popular de los jueces, nos propone cómo elegir a los miembros del Consejo, para tener un mayor control político sobre el personal creado por el Pacto de Olivos y su Consejo de la Magistratura.
Los restantes temas son secundarios, ¿qué nos puede cambiar que las sentencias estén o no en Internet, o la declaración jurada o el impuesto a las ganancias?, si lo anuncia sin explicar porque no sube a Internet los archivos de la dictadura, que permanecen secretos por el pacto del ex ministro de Defensa de Alfonsín, Jaunarena, con la cúpula militar, y que este gobierno cumple en su totalidad.
