Que el imperialismo chino ha clavado sus garras en nuestro país no es novedad. De la mano de la política del gobierno nacional, y de gobiernos provinciales aliados, empresas monopolistas chinas han penetrado en diversas áreas estratégicas de la economía.
Que el imperialismo chino ha clavado sus garras en nuestro país no es novedad. De la mano de la política del gobierno nacional, y de gobiernos provinciales aliados, empresas monopolistas chinas han penetrado en diversas áreas estratégicas de la economía.
Una de estas empresas es MCC (Metallurgical Corporation of China) Minera Sierra Grande SA, que desde hace más seis años explota la mina de hierro más grande de Sudamérica, la ex Hipasam, que alberga en sus entrañas más de 200 millones de toneladas de hierro. MCC se lleva el mineral a China, y es proveedora de terceros países, como EEUU.
En los últimos días, esta empresa china “advirtió al gobierno provincial que de continuar las condiciones económicas actuales deberá abandonar el proyecto”, dicen los medios provinciales. Como buen monopolio imperialista, MCC pelea por mayores prebendas por parte del gobierno, tanto nacional como provincial.
La empresa, que ocupa a 600 trabajadores, no quiere que se la obligue a usar embarcaciones argentinas como flete, tal como marcan disposiciones de la Secretaría de Minería, y argumentan que “los perjudica el retraso cambiario y la dificultad para ingresar dólares. Además, padecen una demora de $70 millones en la devolución del IVA”. Es decir que la empresa quiere manejarse según sus conveniencias, para lo cual amenaza al gobierno “me dan lo que quiero o me voy”.
El gobierno nacional ha demostrado largamente su subordinación a los intereses de la megaminería saqueadora y contaminante, manteniendo y perfeccionando la legislación menemista, y lo que hace es negociar una parte en el negocio. Porque la empresa adjudicada para el transporte del mineral extraído en Sierra Grande no es otra que Maruba, que tiene entre sus directores a Enrique Omar “el Caballo” Suárez, titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)”, con múltiples vinculaciones con el gobierno.
Se han sucedido varias reuniones entre los empresarios, el embajador chino, y dirigentes políticos, tanto del gobierno como de algunos sectores de la oposición rionegrina, y de la Secretaría de Minería, alarmados con el chantaje de MCC, y las consecuencias de un hipotético cierre de la mina.
MCC ya planteó, en su sitio de Internet, su postura a largo plazo, en noviembre del año pasado, al cumplir 6 años en Sierra Grande: “Sabemos que tendremos desafíos importantes pero estamos dispuestos a vencer esos retos, porque sabemos que la minera es de Sierra Grande, es nuestra, apoyamos a este proyecto que nos trae bienestar y porvenir para nosotros y nuestra familia. El subrayado es nuestro. Los comentarios sobran.
