El proceso constituyente iniciado en Chile el 4 de julio pasado fue abierto por la profunda rebelión popular iniciada en octubre de 2019, que expresó el anhelo de una nueva sociedad y mantuvo hasta hoy una llama encendida que no pudo ser apagada ni con prisión, torturas ni asesinatos.
La diversidad de demandas levantadas durante las movilizaciones terminaron por centrarse en una que pasó a cuestionar todo el orden social: escribir un nueva Constitución política de Chile, que incorpore derechos sociales como salud y educación, jubilaciones dignas, reconocimiento de los pueblos originarios, entre otros aspectos. Consideraciones ausentes en la actual Constitución que no solo tiene el “pecado original” de haber sido impuesta por la dictadura pinochetista, sino que niega derechos básicos y asegura la entrega de la soberanía nacional.
En octubre de 2020 un plebiscito aprobó, con el 78% de los votos, elaborar una nueva Carta Magna a través de una Convención Constituyente. Posteriormente se eligieron los constituyentes resultando victoriosos sectores de izquierda e independientes mientras que los grupos más reaccionarios de la derecha, aunque fuertes por su poder económico y político, quedaron con escasa representación.
La convención, de 155 representantes, quedó formada por 37 integrantes de Chile Vamos (derecha gobernante, RN, UDI y otros); 25 de Lista del Apruebo (ex Concertación, hoy Nueva Mayoría); 28 de Lista Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista); 11 de la Lista Nueva Constitución; 27 de la Lista del Pueblo; 10 independientes, más 17 escaños reservados a pueblos originarios (mapuche, quechua, atacameño, diaguita, y otros). Además, las mujeres y hombres están representados paritariamente (77 y 78, respectivamente).
Antes del inicio de las sesiones, a principios de junio, 34 constituyentes plantearon “que el funcionamiento de la convención no debe subordinarse a las normas acordadas en el Congreso nacional el 15 de noviembre de 2019.
“Llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la Constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos al llamado Acuerdo por la Paz, que nunca suscribieron los pueblos en lucha. El poder constituyente originario es autónomo. No respondemos a la democracia pactada de los últimos 30 años de la política chilena” manifestó este grupo de convencionales independientes, de los pueblos originarios y de la Lista del Pueblo.
Desarrollo de las sesiones
El primer día de debate, tras condicionar los delegados la continuidad del mismo al cese de la represión contra los manifestantes que marcharon hasta el lugar de sesiones y al acuerdo de definir como primer punto una moción por la liberación de los presos políticos (lo que fue logrado) se pasó a la elección de la presidencia y vicepresidencia de la Convención.
Elisa Loncón, constituyente de los pueblos originarios, fue electa presidenta, lo que expresa el gran avance de nuestros hermanos originarios y muestra hasta dónde ha llegado la profundidad de la rebelión del pueblo chileno en unidad con sectores de la nación mapuche y demás naciones originarias.
“Vengo de una familia sencilla, afectada por la pobreza, pero íntegra, con códigos, inspirados por las normas colectivas, la memoria, el relato social, la historia”, dijo Elisa Loncón. “Veía un gobierno que sometía a mis hermanos originarios y al pueblo chileno, empobreciéndolos y entregando la soberanía, generando más dependencia de los imperialistas, más represión, conservando las lacras de la dictadura genocida de Pinochet con su Constitución de 1980”, agregó la presidenta de la convención.
Luego de esta elección, se definió la creación de tres comisiones iniciales para la etapa de instalación de la convención: la de Presupuesto, de Ética y de Reglamento.
Otras comisiones aprobadas posteriormente son las de Derechos humanos, Participación ciudadana; Participación y consulta con los pueblos originarios; Participación plurinacional, Educación popular, social y territorial y Descentralización.
Se prevén además importantes debates en torno a temas como la reforma previsional y el fin de las AFP (jubilación privada), soberanía alimentaria, derechos para los trabajadores, las mujeres, un modelo económico integral que busque transformar la matriz productiva actual, salud y educación públicas y de calidad, entendidas ambas como derechos básicos, entre otros elementos.
Un tema central girará en torno a la plurinacionalidad en la nueva Constitución, que implica el reconocimiento de las 10 naciones preexistentes al Estado chileno con derechos tales como el territorio, autonomía, autodeterminación, lengua, cultura, historia.
Pero la discusión de fondo es en torno al carácter del espacio. Aparecen dos grandes posiciones. Una impulsada por la derecha que trata de limitar el carácter de la convención para mantener en lo posible los fundamentos de la actual Constitución. Por su lado, las fuerzas populares buscan que la convención tenga carácter fundante ya que está discutiendo como poder constituyente el nuevo país.
En este escenario, se puede abrir una lucha con vistas a la conquista de un nuevo Estado Plurinacional en manos de los pueblos. Ello requerirá la mayor unidad y la organización de un partido de vanguardia capaz de orientar a las masas para que su lucha sea coronada con el triunfo de la revolución.
Corresponsal
Hoy N° 1874 28/07/2021
