“Me gustan los estudiantes
porque son la levadura
del pan que saldrá del horno
con toda su sabrosura”.
(Violeta Parra, cantautora popular chilena)
“Me gustan los estudiantes
porque son la levadura
del pan que saldrá del horno
con toda su sabrosura”.
(Violeta Parra, cantautora popular chilena)
Los reclamos de múltiples sectores populares y el repudio cada día más masivo a sus políticas ultrarreaccionarias sacude al gobierno de Sebastián Piñera. Los bravos estudiantes universitarios y secundarios protagonizaron el jueves 14 otra marcha multitudinaria en defensa de la educación pública. Los mineros del cobre, por su parte, lograron con una nueva huelga frenar por el momento la privatización.
Por educación estatal y accesible
A pesar de los llamados entre angustiosos y amenazantes del gobierno para terminar con las protestas del alumnado, unos 80 mil estudiantes de educación superior y media, profesores y padres volvieron a marchar –por tercera vez en un mes– por la céntrica Alameda de Santiago. Ya frente a La Moneda (el palacio presidencial) una parte debió enfrentar con piedras, palos y proyectiles de pintura los gases y los hidrantes policiales. Las marchas se reprodujeron en otras ciudades chilenas.
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) lleva dos meses movilizada y con un altísimo apoyo social. La marcha anterior, igualmente masiva, fue el jueves 30 de junio.
Las demandas del estudiantado, sin embargo, no llevan meses sino años: reclaman que la educación deje de depender de los municipios (a quienes Pinochet se la tiró encima, como aquí hizo Menem) y pase al control del Estado; exigen aumento del presupuesto educativo, y medidas a favor de los estudiantes como transporte público gratuito.
De Pinochet a Piñera
El gobierno de Piñera no sólo conserva sino profundiza la política educativa que impuso la oligarquía chilena durante los 18 años de dictadura pinochetista (1973-1990) y los posteriores gobiernos de la Concertación Democristiana-Socialista (1990-2010). La Dictadura redujo o anuló el aporte estatal a las universidades y colegios y los abrió masivamente al capital privado, nacional y extranjero. Durante los siguientes 20 años, los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet introdujeron algunas reformas, pero el sistema privatista permanece intacto, y los estudiantes tienen que endeudarse con carísimos créditos bancarios para poder financiar sus carreras.
Legalmente las universidades son instituciones “sin fines de lucro”, pero aún las estatales son pagas y en la práctica obtienen beneficios tributarios y subsidios como si fueran empresas (de hecho lo son), y obtienen ganancias montando negocios (muchas veces a costa de los mismos alumnos) como parte de los llamados “recursos genuinos” que sustituyen el aporte del Estado. No es otra cosa que el “modelo” que entre nosotros se empezó a generalizar desde el menemismo hasta hoy recomendado, acreditado y santificado por la Coneau.
Las universidades privadas chilenas fijan altas matrículas, que también obligan a los estudiantes a solicitar créditos bancarios. Para poder cursar Ingeniería en computación en la Universidad Central, por ejemplo, hay que pagar 200.000 pesos por mes (equivalentes a 420 dólares, unos 1.700 pesos argentinos).
“Lo que nosotros planteamos –dice la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo– es avanzar hacia un sistema nacional de educación pública para todos… que haya más impuestos a las grandes empresas y que se nacionalicen nuestros recursos naturales”. Con los beneficios que obtiene una sola de las “multinacionales” que explotan los yacimientos de cobre del país –subraya– se podría solventar la financiación de la educación pública.
Cobre y libros
Piñera, que mandó a los carabineros a apalear a los manifestantes, declaró hipócritamente que el reclamo estudiantil “es 100 por ciento compartido por la sociedad de Chile y por el gobierno”. Eso sí: para él “llegó el momento de terminar con la violencia, las tomas, los paros”.
El gobierno había prometido una inversión en educación de 4.000 millones de dólares en varios años, un aumento de 80% en las becas, y menores intereses en los créditos para financiar los aranceles universitarios. Pero ¿quién le cree? Porque además Piñera dijo que la idea de estatizar la educación sería un “grave error”, ya que “afectaría su calidad y a los municipios”. Y ni se habla de eliminar el arancelamiento: los fondos destinados a la educación son básicamente para abaratar los créditos con que los alumnos pagan sus estudios.
Concientes de que el de la educación es un problema político y que es inseparable del resto de las políticas entreguistas que predominan en Chile desde la dictadura, los estudiantes exigen también un plebiscito para estatizar el cobre. Se suman así a las movilizaciones obreras, regionales y de los ambientalistas contra la privatización de Codelco (ver “Mineros y estudiantes”).
La actual oleada de luchas estudiantiles revive las gigantescas marchas de 2006, bajo el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet, cuando miles de estudiantes salieron a las calles para ampliar el acceso a la educación media y superior. Desde entonces los gobiernos de la propia Bachelet y el de Piñera recurrieron a sembrar el miedo con represalias y persecuciones para tratar de amedrentar a los manifestantes.
La gran lucha de los estudiantes chilenos de estos días es la respuesta.
