El registro da cuenta también que en el mismo período hubo más de 35 heridos, con diferentes niveles de gravedad, a raíz de fallas en la seguridad e higiene de las plantas aceiteras y puertos exportadores de cereales afincados en las márgenes del río Paraná al norte de Rosario.
Entre las empresas con más incidentes de seguridad se encuentran las principales multinacionales del rubro como la china Cofco, las estadounidenses Cargill y Bunge o la nacional Vicentín.
Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina aseguran que el 80% de los accidentados son operarios contratados, los que entran y salen con vínculos temporarios son los más expuestos a los accidentes laborales.
El sistema de tercerización que sigue vigente en las empresas del complejo no hace más que aumentar el riesgo en la seguridad de los trabajadores como demuestran los números. Los controles resultan insuficientes allí donde la relación laboral del trabajador con la empresa es precaria.
Si bien esta semana se anunció con bombos y platillos una reunión entre el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y las empresas para “avanzar en mejorar la seguridad” en las agroexportadoras, hasta ahora los controles vienen siendo insuficientes como muestra la alarmante cifra de fallecidos y heridos de los últimos años.
Como denunció el diputado provincial Carlos Del Frade, en la provincia de Santa Fe se registran 106 accidentes laborales por día, según estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, llevando a la provincia a los primeros puestos del fatídico ranking de inseguridad obrera.
Este debate se da con el telón de fondo de la presión de los empresarios del sector en torno a la adhesión de la provincia a la modificación de la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) que el gobierno sancionó en enero de 2017 y apunta a dificultar la llegada de los reclamos laborales a juicio agregando una junta médica previa como condición para llegar al fuero laboral.
El mismo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alberto Padoán, quien dirige la entidad que nuclea los intereses del sector -y está vinculado a una de las empresas con más siniestros en estos años como es Vicentín- fue quien dijo que “Santa Fe está a la cabeza de la industria del juicio a nivel nacional” y reclamó “todas las entidades que tienen que ver con la producción estamos en contra de la industria del juicio”, y agregó que “le hemos pedido insistentemente al gobierno de la provincia, al Ejecutivo y a los legisladores la adhesión a la nueva ley de ART ¿por qué no hacerlo?, tenemos que apurarnos”.
Mientras crecen los números de la siniestralidad y se apagan más vidas obreras, desde los sectores que agrupan a las empresas se reclama “bajar la litigiosidad”.
Sin embargo parece que lo único que se quiere evitar son los juicios, ya que los accidentes siguen ocurriendo y seguirán ocurriendo mientras no se ataquen las causas.
Hasta ahora, por más intenciones que ha tenido el oficialismo provincial la adhesión no ha prosperado en la Cámara de Diputados de la provincia. Sin embargo son preocupantes las declaraciones de la actual ministra de Producción, Alicia Ciciliani, durante el acto de fin de año de Fisfe –Federación Industrial de Santa Fe- donde adelantó que impulsarán la reforma de ART. “El gobierno provincial tiene la voluntad de ponerse en línea con la Nación”, afirmó Ciciliani, frente a un auditorio que contaba entre otros interesados con el secretario de industria del macrismo, Martín Etchegoyen.
Mientras que desde nuestra provincia se exporta el 80 % de la producción agrícola y Santa Fe participa con el 45% de las exportaciones nacionales de Manufacturas de Origen Agropecuario -MOA- (esto implica que 1 de cada 2 dólares que obtiene Argentina por exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, lo genera la provincia de Santa Fe), estas ganancias empresariales parecen venir acompañadas de más accidentes y muertes de trabajadores.
Mientras la agroexportación tuvo ventas por 26.151 millones de dólares en 2017, quedando al tope de los complejos exportadores del país, los accidentes laborales se han cobrado la vida de decenas de trabajadores en los últimos años en el complejo portuario, principalmente jóvenes, subcontratados por empresas contratistas con contratos temporales y precarios, ubicando a Santa Fe entre las tres provincias con más muertes obreras.
¿No pueden invertir estas empresas lo necesario para terminar con la muerte y los accidentes de los trabajadores?
¿Tendremos que resignarnos a la idea de que los accidentes y las muertes obreras son parte de los “costos” que debemos pagar por trabajar?
¿Será que el modelo de seguridad laboral que nos ofrecen incluye naturalizar que cada año mueran trabajadores en el cordón industrial?
Entendemos que no es posible hablar de mejoras en la seguridad laboral mientras siga habiendo muertes obreras.
Sin las inversiones necesarias y el control estatal y de los trabajadores; y sin terminar con el sistema de tercerización y precarización laboral es imposible revertir esta situación.
También estamos convencidos de que la misma solo tenderá a agravarse (generando mayor impunidad para el empresariado) de aprobarse la adhesión a las modificaciones de la ley de ART propuesta por el macrismo.
Hoy N° 1712 11/04/2018
