Desde el pasado 9 de mayo la compañía ha iniciado una campaña que busca la reducción de la dotación de personal en las líneas de producción, preparando el terreno para despidos y rebajas salariales. Frente a esta avanzada, la comisión interna se puso al frente del reclamo de los trabajadores, quienes expresaron una mezcla de «bronca y temor».
Se organizaron asambleas en los tres turnos con la participación del consejo directivo del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), donde se decidió un «rechazo total» a la política de la empresa, vinculándola directamente con las políticas del gobierno nacional y la reforma laboral impulsada en la Ley Bases, y en tono con los dichos de Milei que, según su visión, son los trabajadores quienes explotan a los empresarios.
El argumento central de Molinos es que la planta atraviesa una crisis y ha perdido competitividad, basándose en el balance del último trimestre. Sin embargo, la compañía repartió 81.000 millones de pesos en dividendos entre sus accionistas hace menos de dos meses. Además, se trata de una empresa diversificada, que posee negocios en el sector energético (a través de Pecom), vitivinícola y agroexportador, con un puerto propio en la provincia de Santa Fe, además de su liderazgo en alimentos con marcas icónicas como Lucchetti, Matarazzo, Gallo, Cocinero y Cruz Malta.
El conflicto escaló cuando la empresa, de manera unilateral, implementó la reducción de personal en las líneas de producción a partir del 26 de mayo. Esta medida no solo aumenta peligrosamente los ritmos de producción, sino que infringe normativas de salud, seguridad e higiene, vulnerando la integridad de los operarios.
A raíz de esto, se presentó una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde ya se celebraron dos audiencias. En la segunda audiencia la empresa ratificó su postura, negándose a retrotraer las medidas, manifestando que las dotaciones de personal debían ser adecuadas de acuerdo a los niveles de producción, y que los salarios debían ser «adecuados a los costos salariales del mercado». Atar las dotaciones a los niveles de producción es eliminar la seguridad, incrementar los ritmos de producción y afectar la salud de los trabajadores, desconociendo la Ley de Salud, Seguridad e Higiene provincial. Y adecuar los salarios a los «costos del mercado», es un anuncio de que desconoce la vigencia del Convenio y los acuerdos internos que mejoraron los pisos. Desconocen normas obligatorias que la empresa pretende ignorar porque en su último balance trimestral redujo un 25% sus ganancias respecto al período anterior, ganando $199 mil millones.
Si bien la postura de la empresa fue rechazada por la parte sindical, en la audiencia se impidió a los delegados manifestar en el acta que solicitan una inspección del Ministerio de Trabajo. La empresa va más allá de lo que las leyes regresivas de Milei le permiten, lo expresa sin tapujos en un acta, y a los delegados se les impide solicitar lo que corresponde por ley. Por este motivo, la Comisión Interna se negó a firmar el acta, y mostró su preocupación por la actitud del Consejo Directivo del STIA y del audiencista del Ministerio de Trabajo, que permitieron esto.
“La oposición a la política de Milei, se ejerce en concreto. Estas son las oportunidades que deben utilizarse a favor de los trabajadores con los mecanismos institucionales que aún no nos han arrebatado. El próximo miércoles 11 habrá una nueva audiencia y los trabajadores de Molinos esperamos que tanto el Ministerio de la Provincia, como la conducción del gremio, cambien está actitud, para ponerle un freno a la empresa, en la construcción de una oposición a este brutal ajuste de estos monopolios que se apoyan en la política anti obrera de Milei, para generar los ensayos de la segunda reforma laboral que pretenden implementar y que desde movimiento obrero debemos derrotar”, declaran desde la Comisión Interna.
Corresponsal
hoy N° 2063 11/06/2025
