El domingo 21/4 se realizó en Ecuador una consulta popular, impulsada por el actual gobierno de Daniel Noboa, hijo del dueño de una de las principales empresas bananeras de Ecuador.
Noboa tiene un discurso de “mano dura”, e intentó avanzar en este sentido con el plebiscito que proponía cambios en la Constitución. Es importante tener en cuenta el marco de violencia continua que se vive en Ecuador, con una avanzada de las mafias narcos y sus conexiones con el Estado, que causó más de 8.000 muertes desde 2023.
La consulta tenía 11 preguntas, que se respondían por Sí o por No. Noboa ganó en 9 preguntas, pero el pueblo ecuatoriano le dijo que No a dos preguntas que iban en contra de la soberanía ecuatoriana y de los derechos de los trabajadores.
Los ecuatorianos le dijeron que No a ceder el derecho al arbitraje en suelo ecuatoriano en peleas judiciales con empresas y fondos usureros internacionales. En 2008 Ecuador introdujo este derecho en su Constitución, a raíz de los juicios contra una empresa petrolera yanqui que causó uno de los peores desastres ambientales de la historia, y que obligó a Ecuador a litigar judicialmente en Estados Unidos, lo que benefició tremendamente a la empresa yanqui. Más aún, Ecuador fue demandado en 23 ocasiones por la empresa y tuvo que pagar aproximadamente 3.000 millones de dólares por costas.
También los ecuatorianos le dijeron que No a Noboa cuando quiso avasallar derechos laborales, poniendo a consideración la creación de contratos basura por hora trabajada. Ecuador está sufriendo una oleada de despidos: en el primer mes de 2023 se registraron 83.315, mientras que el índice de desocupación creció del 3,4% al 4,2%, y desde el gobierno fogoneaban la precarización del empleo. Siempre la salida de las clases opresoras es más precarización para el pueblo. Y el pueblo hizo valer su historia de luchas y dijo que No a esta reforma.
La consulta popular y plebiscito tuvo un ausentismo del 28%, muy superior al usual que ronda el 16-18%. Muchos ecuatorianos argumentaban no entender lo que se preguntaba, o que no querían responder las preguntas impuestas desde el gobierno. Con este ausentismo, y en el contexto de olas de violencia, los ecuatorianos votaron aprobar el uso de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) con funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, y que puedan hacer control de tenencias de armas; la extradición de ecuatorianos; que se incrementen las penas en diversos delitos y que se cumpla la totalidad de la pena en prisión en determinados crímenes.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se expresó sobre el uso habitual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, y aseguró que podría llevar a una militarización de la sociedad, lo cual puede tener implicaciones negativas en términos de derechos humanos y libertades civiles. Recordaron los abusos de poder y violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.
Investigadores en el campo de los derechos humanos y expresaron que “el despojo que quieren hacernos por la vía de abaratar la fuerza de trabajo, por la vía del extractivismo, por la vía de ceder soberanía, sólo pueden hacerlo por la vía de la militarización, porque este es un país que ha tenido un campo popular, un movimiento indígena y unas organizaciones que han sido capaces de frenar en gran parte el proyecto neoliberal”.
Escribe Rodrigo Cruz
Hoy N° 2008 30/04/2024
