Los cortes de electricidad en la región metropolitana, de una intensidad y duración inéditos, desnudan la esencia antipopular del gobierno K y en particular de su política energética.
Si bien el problema aparece en el colapso de cámaras, subestaciones y tendidos de cables que dan cuenta de la falta de inversiones, mantenimiento y deterioro progresivo del servicio de distribución, el problema también está en la generación y en la matriz energética.
Los cortes de electricidad en la región metropolitana, de una intensidad y duración inéditos, desnudan la esencia antipopular del gobierno K y en particular de su política energética.
Si bien el problema aparece en el colapso de cámaras, subestaciones y tendidos de cables que dan cuenta de la falta de inversiones, mantenimiento y deterioro progresivo del servicio de distribución, el problema también está en la generación y en la matriz energética.
No se puede poner de excusa al clima porque, como denunció José Rigane, Sec. Gral. de Luz y Fuerza de Mar del Plata: “en el sector energético, se puede saber con anticipación el tipo de consumo que va a haber, está establecido que en un día de máximo calor en Argentina se necesitan 5.000 megavatios más de lo habitual y en un día de máximo frío se necesitan 4.800 megavatios más. En el sector energético, se puede prever la demanda”. Agregó que un informe recientemente conocido de la Auditoria General de la Nación establecía que por el aumento de nuevos usuarios, se tenían que haber construido cinco centrales de generación de electricidad. De esas cinco centrales sólo se hicieron dos.
La crisis energética es estructural e inocultable y es consecuencia directa de las privatizaciones y extranjerización de los servicios públicos, y de la entrega y saqueo de nuestros recursos hidrocarburíferos. Política iniciada por el menemismo en beneficio de los monopolios imperialistas, continuada y profundizada por el gobierno K.
Mientras aumentaba el peso del gas como fuente principal en la generación de energía eléctrica, se producía simultáneamente la caída de las reservas y de la extracción de gas natural.
Durante la “década ganada”, las empresas privatizadas recibieron subsidios millonarios pero, en el mismo período no invirtieron en obras de infraestructura y redujeron drásticamente el plantel de trabajadores y técnicos. Disminuyó más allá de lo admisible la relación de trabajadores por cantidad de usuarios, se redujeron los puestos de planta permanente y se eliminaron la mayoría de las escuelas de formación técnica. En las distribuidoras eléctricas, dos de cada tres puestos de trabajo pertenecen a subcontratistas y cuadrillas de trabajadores tercerizados.
Frente a la crisis, el pueblo quedó como rehén de la pelea entre el gobierno y las empresas. El gobierno hace responsable a las empresas por falta de cumplimiento del servicio pero no les quita la concesión. Por su parte, las empresas no invierten y presionan para el aumento de tarifas.
La respuesta popular
En el pico de la crisis, hubo 256 cortes de calle en la Capital Federal, incluidos los principales accesos a la ciudad. Antes y después se produjeron cortes y movilizaciones, concentraciones frente a las oficinas de Edesur y Edenor en toda la región metropolitana, demostrando una vez más, que el pueblo no confía y exige la resolución de los problemas. En muchos barrios se organizaron los vecinos y estuvo planteada la necesidad de la conformación de comités de emergencia con propuestas para paliar la crisis. También hubo innumerables ejemplos de solidaridad popular con los vecinos afectados.
El gobierno y la oposición del sistema
Contrastando con ello, Cristina Kirchner no tuvo ni un solo gesto ante el padecimiento popular. Como ante cada “catástrofe” de las que el gobierno es responsable, ahora anuncian obras que no realizaron durante todos estos años. Queda en evidencia la complicidad de organismos del Estado como el ENRE con las empresas que debía controlar.
Opositores de otros sectores de las clases dominantes proponen como única salida el aumento de tarifas, en coincidencia con el reclamo de las empresas. En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Macri, tratando de sacar rédito político de la situación, de palabra se mostró preocupado por la situación, pero en realidad impidió, junto al kirchnerismo, el funcionamiento de la Legislatura para tratar la emergencia.
¿Es posible resolver la crisis energética?
La solución de fondo, como venimos planteando en el Foro por la Recuperación de la Soberanía Energética, pasa por reestatizar las empresas privatizadas bajo control de sus trabajadores, técnicos y usuarios. Recuperar íntegramente la soberanía de los recursos estratégicos, el conjunto de las reservas hidrocarburíferas y toda la infraestructura energética del país: Desde los pozos de petróleo y gas hasta las represas hidráulicas, la redes de alta tensión y la distribución domiciliaria de gas y electricidad, las refinerías, los oleogasoductos y las usinas desparramadas a lo largo y ancho del país.
En lo inmediato, la lucha debe estar orientada a garantizar el suministro de luz y agua en todos los barrios sin aumento de tarifas. Debemos exigir las inversiones necesarias para un plan inmediato de reparación de subestaciones, cámaras y tendidos; la creación de centros de atención personalizada de los reclamos de los usuarios; la indemnización de todos los afectados por los cortes y el pase a planta permanente de los trabajadores tercerizados de las empresas de electricidad con el refuerzo de los planteles técnicos de las mismas.
En ese sentido, urge que las organizaciones populares se pongan a la altura de la movilización de los vecinos, para lograr la confluencia de los reclamos con un programa para resolver la emergencia.
