En la convocatoria del Instituto Ratiu Iuris se dice: “A nivel internacional se desenvuelve un proceso de criminalización de la lucha popular por medio del cual se busca impedir que los pueblos defiendan sus derechos fundamentales y principalmente el derecho por excelencia de luchar por un mundo mejor… En particular, desde los sucesos del 11 de setiembre del 2001, encabezado por los Estados Unidos, se impulsa a nivel mundial el proceso de criminalización de la lucha popular, lucha que califican de “terrorista” para desprestigiarla y aplastarla…
“Ante el descontento, la protesta, la lucha de las masas contra el capitalismo y el imperialismo, en especial en la actual crisis que condena a la desocupación y la miseria a millones de personas, los Estados implementan mecanismos cubiertos de legalidad para igualar la lucha popular con la acción delincuencial y poderla reprimir con violencia amparado en sus normas legales. Así, por ejemplo, las tomas de locales y carreteras son definidos como “actos terroristas”, se prohíben las huelgas en diversos sectores que son “servicios básicos”, se da facultades a los ejércitos para reprimir movilizaciones populares garantizándoles impunidad, se persigue y sataniza a los revolucionarios llamándoles “terroristas” concibiéndolos como subhumanos o no personas y a sus organizaciones se les tilda de “organizaciones terroristas”, se niega la libertad de expresión, caso del Perú donde con un proyecto de ley de negacionismo se prohíbe interpretar la guerra vivida en los años 80. En el Perú, pese a que el conflicto armado interno iniciado en 1980 terminó hace 20 años, se sigue aplicando una legislación antiterrorista y un conjunto de medidas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú, como las propuestas de ley del “negacionismo”, “muerte civil”, “medidas de seguridad y de custodia”, abusivos embargos a los pocos bienes de los familiares y abogados de los prisioneros políticos…
“Así, con la propuesta de la llamada ley del negacionismo se quiere imponer como verdad única la versión estatal que llama “terrorista” a todo el proceso de guerra interna que vivió el Perú, persiguiendo penalmente a quienes opinen distinto, atentando contra el derecho a la libertad de pensamiento, opinión, expresión, el derecho a conocer la verdad histórica de la guerra interna, el derecho de investigar, informar, opinar, y difundir libremente las diversas posiciones y opiniones que existen, derechos que han sido reconocidos en la propia Constitución política del Perú y en las leyes internacionales… organismos y personalidades realmente democráticos salen al frente en defensa de los derechos fundamentales del pueblo que están siendo conculcados, la libertad de opinión, de expresión, de investigación, de organizarse políticamente, de sindicalización, de movilización, de estabilidad laboral, de negociación colectiva, de huelga, de protesta, contra la persecución política y social, la impunidad de la represión, los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones”.
Participaron entre otros juristas, Mario Garelik, Eduardo Soares y Carlos Zamorano, de Argentina; Edre Olalla, de Filipinas; Mazlum Dinc de Turquía, abogado del líder kurdo Abdullah Ocalán, dirigente del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán); Alfredo Crespo, de Perú, abogado defensor de Abimael Guzmán, dirigente del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, ambos prisioneros en cárceles de máxima seguridad; Peter Erlinger, de Estados Unidos; Ricardo Noriega Salverry, ex candidato a presidente del Perú; Nilda Timcopa y Carmen Huaylla, de Rattio Iuris; Marcelo Ugalde, fiscal general de Sucre, Bolivia, y Gral. Wilson Barrantes, de Perú.
También participó la Asociación de mineros artesanales de Perú, que son atacados permanentemente por las grandes mineras contaminantes.
La asociación internacional de juristas democráticos envió un saludo. También se recibieron saludos filmados del Frente magisterial independiente de Méjico; de organizaciones vascas, y de José María Sison por la Liga internacional de lucha de los pueblos. Este último saludo destacó la lucha por la liberación nacional de los pueblos, por la paz y contra este sistema opresivo y explotador. Se realizaron varios paneles y se analizó profundamente el papel de las llamadas leyes antiterroristas, promovidas en todo el mundo, especialmente después de Setiembre del 2001.
También se denunciaron las condiciones del régimen carcelario en Guantánamo; en la prisión del Callao en Perú; en una isla en Turquía, y en Filipinas, sobre la base del máximo aislamiento. Estas condiciones han sido denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La aplicación del derecho penal del enemigo, tiende a transformar a los presos políticos en no personas, sometiéndolos a regímenes carcelarios vejatorios con aislamiento, años sin juicio, y traslados a distintos lugares del mundo, habiéndose denunciado que las condiciones carcelarias en el callao, en Turquía, en Filipinas y en Guantánamo, son similares.
Al finalizar la conferencia se conformó un Comité Internacional para la lucha por los derechos fundamentales y del pueblo, la lucha por la libertad de los prisioneros políticos en el mundo y por la Amnistía.
