Por la dramática situación que atraviesan los campesinos de importantes zonas de la provincia de Corrientes, agravada profundamente por las inundaciones que se padecieron, un nucleamiento de organizaciones de pequeños productores y movimientos sociales locales llevaron adelante una jornada de protesta en San Miguel el miércoles 28 de junio.
Por la dramática situación que atraviesan los campesinos de importantes zonas de la provincia de Corrientes, agravada profundamente por las inundaciones que se padecieron, un nucleamiento de organizaciones de pequeños productores y movimientos sociales locales llevaron adelante una jornada de protesta en San Miguel el miércoles 28 de junio.
Ese día más de 300 compañeros se movilizaron al Municipio. Al no ser atendidos, pasaron por la residencia de la intendente, y luego se dirigieron a la entrada de la localidad sobre ruta nacional 118. Ante tan importante movilización, el Ministerio de Producción de la Provincia se comprometió a dar una respuesta positiva durante esta semana.
Las inundaciones y abundantes lluvias produjeron grandes pérdidas productivas y agravamiento de la pobreza. El Congreso ha sancionado una ley que declara zona de desastre durante seis meses a varios departamentos del norte correntino, pero el Poder Ejecutivo no ejecuta los fondos para atender estas necesidades. Por ello, se reclama a la Nación y a la Provincia la urgente implementación de la emergencia, que consista en instalación de alcantarillas para evitar el aislamiento de los pobladores, entrega de forrajes a los pequeños ganaderos, subsidio durante seis meses a los pequeños agricultores imposibilitados de producir.
Por su parte, la Municipalidad no realizó ningún tipo de gestión por esta demora; y cuando se le solicitó materiales para construir salas de salud respondió que no era de su competencia.
Sorpresivamente, el 2 de julio, varios dirigentes de la Unión Campesina recibieron citaciones por una denuncia penal de amenazas realizada por la intendente Alicia González de De Jesús, por el solo hecho de movilizarse y reclamar la implementación de la Emergencia Hídrica, Social y Productiva. Para la intendenta, protestar es un delito.
Repudiamos el accionar de esta intendenta que en lugar de preocuparse y dedicar sus energías a la grave emergencia que están sufriendo los más pobres, se dedica a perseguir a los que luchan para sobrevivir dignamente. Llamamos a toda la comunidad y a las organizaciones populares a expresar la solidaridad con los compañeros denunciados y a repudiar el intento de criminalizar la protesta de los de más abajo.
Estamos orgullosos de ponernos de pie, de reclamar dignidad. Por la efectiva implementación de la emergencia hídrica, social, y productiva. Que la crisis la paguen los responsables. Basta de perseguir a los que luchan.
