Una gran difusión periodística tuvo estos días la detención de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte y hombre de máxima confianza de Néstor Kirchner desde sus inicios en Santa Cruz hasta 2007. El juez federal Julián Ercolini pidió su captura por malversación de caudales públicos en el marco de la investigación por la compra irregular de locomotoras y vagones a España y Portugal. El delito prevé una pena de 10 años de cárcel y Jaime ya tiene tres condenas anteriores por hechos ilícitos. El ex funcionario, además, es investigado en otras varias causas judiciales.
En el delito que ahora se lo investiga, el Estado pagó 222 millones de euros, en compras de trenes con sobreprecios de hasta 177%, según el informe oficial de la Auditoría General de la Nación (AGN). El testimonio más evidente de semejante estafa al país son los esqueletos herrumbados de esos más que 200 vagones y locomotoras, sobre los que se pagaron más de un millón de euros por unidad.
Además del juicio y castigo al responsable inmediato de esta operación, como en el caso de la Tragedia de Once, es necesario investigar y juzgar a los máximos responsables en el gobierno kirchnerista, como partícipes necesarios (en particular Julio De Vido y Néstor Kirchner, que firmaron en su momento los documentos de esta operación) y también beneficiarios del “retorno” recibido por Jaime o sus personeros por parte de quienes pagaron las coimas a “la banda” para que la Argentina compre esa chatarra. Y por supuesto exigir a los gobiernos de España y Portugal que castiguen y hagan devolver la plata a quienes fueron los que se beneficiaron allá con esa operación. Por ejemplos los responsables de sus propios gobiernos, como es el caso de los de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) y de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), entre otros. No hay corruptos sin corruptores.
Esto debe servirnos como reflexión para exigir que también en todos los otros casos se investigue y castigue a los funcionarios o ex funcionarios corruptos y a los corruptores. Por ejemplo en el caso de la multimillonaria estafa con los dólares a futuro (seguros de cambio) vendidos por el kirchnerismo antes de su retirada (en la que también fue partícipe necesaria Cristina Fernández, dada la dependencia directa aquí del Banco Central con respecto al Poder Ejecutivo Nacional). También es necesario investigar a los que estuvieron del otro lado del mostrador, sean o no amigos o sostenedores del macrismo. Por caso las monopolistas cerealeras y bancos imperialistas que compraron esos dólares en connivencia con el gobierno kirchnerista. Si bien esta causa fue iniciada por el actual ministro Alfonso Prat Gay, ella se circunscribió sólo a los ex funcionarios kirchneristas, y fue el propio gobierno macrista quien al segundo día decidió, ante el chantaje de los corruptores, hacernos cargo de esa herencia a todos los argentinos para no perjudicar “el crédito internacional”, sin investigar ni esperar siquiera el resultado de la investigación de la Justicia. Una estafa que para fines de mayo ya significará más de 75 millones de pesos, que se lleva más de la mitad de los 120 millones que se piensa “ahorrar” con la disminución de los subsidios a los servicios públicos que carga sobre el pueblo con los tarifazos.
El macrismo se presenta como adalid de la lucha contra la corrupción para desviar la atención de su política de hacer pagar al pueblo y a la Nación la herencia kirchnerista, que es real, con más hambre y entrega para beneficio de sus mandantes terratenientes e imperialistas. Pero cuando esas causas pueden afectar a éstos, que son los principales corruptores del sistema, interfiere en la Justicia con sus operadores para que se circunscriban sólo a los corruptos del kirchnerismo, incluso no a todos, como ocurre hasta ahora con la Anses y mientras sea complaciente su ex director ejecutivo, el saltimbanqui Diego Bossio.
Una caricatura de esto se puede ver por ejemplo en que mientras trata de demorar todo lo que pueda el antes mencionado caso de los dólares a futuro, después de lograr la ley para su pacto con los buitres, ha autorizado a su subordinada Laura Alonso (la que “se mandó a guardar” con el pacto secreto de YPF-Chevron), para que se presente oficialmente en la causa de Hotesur. Claro que esta causa sólo afectaría a la familia de la ex presidenta, sus funcionarios y sus testaferros, como Lázaro Báez y Cristóbal López (¡cuidado porque por ahí puede aparecer en alguna obra conjunta, “su hermano” Niky Caputo!).
El “destape internacional” de las cuentas off-shore en Panamá, que involucra a importantes jefes de Estado como los de Rusia y China, acaba de golpear también a Mauricio Macri, como director de una de las empresas poseedoras de esas cuentas, lo que abre un nuevo capítulo en el tema de la corrupción.
