-¿Qué valoración hace el PCR-U de las políticas del gobierno de José “Pepe” Mujica, a dos años de su presidencia?
–Este es un gobierno de las fuerzas oportunistas del Frente Amplio (FA): un segundo gobierno, que continúa y profundiza las políticas de Tabaré Vásquez, del que Mujica fue ministro de Ganadería y Agricultura.
-¿Qué valoración hace el PCR-U de las políticas del gobierno de José “Pepe” Mujica, a dos años de su presidencia?
–Este es un gobierno de las fuerzas oportunistas del Frente Amplio (FA): un segundo gobierno, que continúa y profundiza las políticas de Tabaré Vásquez, del que Mujica fue ministro de Ganadería y Agricultura.
El gobierno actual profundizó la extranjerización y concentración de la tierra a manos de grandes monopolios imperialistas: el año 2005 –primer año del gobierno anterior– fue el de mayor extranjerización del suelo en la historia del Uruguay. En el complejo forestal-celulósico estamos ya en un millón de hectáreas. Se está construyendo la segunda planta de celulosa, que será más grande que la de Botnia; se hará en el departamento de Colonia, producirá 1,5 millones de toneladas de celulosa y –en esa zona eminentemente ganadera y lechera– este gobierno le permite sembrar 100 mil hectáreas de árboles para su producción, reforzando al mayor terrateniente del Uruguay, la sueco-finlandesa Stora-Enso (asociada con la chilena Arauco), dueña de esta pastera que ya tiene 255 mil hectáreas, equivalentes a cinco departamentos de Montevideo. Así, ya tenemos un millón de hectáreas de las mejores tierras del país dedicadas a la forestación, y otro millón a la soja, desplazando a la ganadería y la lechería, con monopolios que operan desde la Argentina y que no pagan impuestos. Sólo el año pasado, en el Uruguay cerraron 480 tambos pequeños y medios; la producción tambera se basa en el arrendamiento, pero la tierra está carísima. Ahora el principal proveedor de la Conaprole –la principal empresa lechera nacional– es un grupo neozelandés que tiene 38 mil hectáreas. Se trata de una transformación reaccionaria, donde avanzan el imperialismo y los monopolios, que no generan trabajo sino que lo quitan o generan “trabajo chatarra”.
–¿Y la cuestión de la deuda externa?
–La deuda externa es el principal peso que oprime a nuestro pueblo, y en esto también hay continuidad total entre los dos gobiernos; Astori, que era ministro de Economía de Tabaré, ahora es el vicepresidente de Mujica.
En 7 años, los dos gobiernos del FA duplicaron la deuda externa pública, de 19.000 a 40.000 millones de dólares. Y esto en años de “crecimiento” económico. Y ese endeudamiento no tuvo fines productivos: su principal objetivo es refinanciar la deuda, incluso en un período en que la crisis mundial hizo que viniera gran cantidad de inversiones. Pero invierten sólo en los sectores que les interesa, que son los orientados a la exportación: en Uruguay se consume apenas el 20% de la carne, el 80% se exporta. Y están más polarizados aún en soja, celulosa y arroz.
El gobierno de Mujica profundizó también la extranjerización de los grandes frigoríficos. Más del 50% de la faena está en manos de las cadenas brasileras; muchas tienen rodeos propios, y han comprado la principal curtiembre del país: un monopolio total. La propia Federación Rural denuncia que esto le ha significado una ganancia de 100 dólares por cabeza a los frigoríficos, por el sobreprecio producto del monopolio, en un país donde se faenan 2.200.000 cabezas de ganado… Y eso se lo llevan los monopolios brasileros.
–¿Esta política viene acompañada de una propaganda sobre un “modelo industrialista” ?
–No, al contrario. Acá se mantiene la desindustrialización de los ’90, que nos dejó todas sus consecuencias de marginación y violencia social. Las industrias que se instalan son las que mencioné antes. Y ahora un grupo hindú-inglés instaló la minería a cielo abierto en Aratirí, en 120 mil hectáreas al centro-oeste del país. Están agujereando con explosivos esas tierras basálticas, pobres y de pastos bajos, para exportar hierro y “tierras raras” a China.
Hay también un avance de los biocombustibles. En Uruguay no hay petróleo ni gas, y se están destinando cada vez más tierras a los biocombustibles.
–¿Cuáles son los planes políticos del gobierno de Mujica?
–Hasta ahora el gobierno venía, como el de Argentina, con “viento de cola” mundial; con la ventaja de que la crisis tiró abajo los salarios, que recién se recuperaron el año pasado, pero produciendo un PBI un 50% mayor. Eso se terminó, y los convenios salariales para este año vienen muy bajos. Se están preparando para la crisis, con el ajuste salarial y del gasto público, cumpliendo con el mandato de los organismos internacionales.
–¿En qué punto está la organización popular, en particular la Asamblea Popular?
–El 21 de abril la Asamblea Popular cumple 6 años. Es una alianza de varios partidos: el 26 de Marzo, el PCR-U, Avanzar, el Modeju (un movimiento de jubilados), el Partido Humanista, y personalidades independientes. En las elecciones pasadas obtuvimos casi 16.000 votos, un 0,7%; no se llegó al diputado, aunque no faltó mucho. Nos hemos mantenido. Estamos en la calle permanentemente, convocando sobre todo la solidaridad internacional; el año pasado impulsamos una manifestación muy grande contra la carestía. Luchamos por la unidad, y para que esa unidad pueda ensanchar el cauce. Hay contradicciones internas, pero estamos juntos en la lucha antiimperialista y contra las políticas reaccionarias del gobierno.
Uno de los aspectos donde estos gobiernos del FA muestran más la traición a la clase obrera y al pueblo es en los derechos humanos. Un gobierno popular, desde el primer día debería hacer lo que tiene que hacer: todo el mundo sabe quiénes desaparecieron o fueron torturados, y quiénes lo hicieron. Pero en Uruguay hay sólo 15 militares presos, en una cárcel especial. Fueron incapaces de anular la ley de impunidad, una ley de 1986 de “caducidad de la pretensión punitiva del Estado”. Ahora, con el caso Gelman, se vieron obligados a eliminar esa “caducidad” y a eliminar todas las prescripciones de los delitos que vencían a fines del año pasado, por lo que 600 compañeros presentamos nuevos juicios. Claro que siempre nos echan encima el resultado de los plebiscitos, que supuestamente estarían por encima de esto. Pero los derechos humanos y los genocidios no se plebiscitan…
