Hortalizas, granos… Más de doscientos pequeños productores arriendan porciones de tierra para producir, con contratos renovables cada tres años, a la Administración de la finca El Pongo. Muchos arriendan desde hace tres o cuatro generaciones. Se trata de una finca con 11 mil hectáreas, legada por Plinio Zabala al Estado para el mantenimiento del Hospital de Perico. Es por ello que los administradores los designa el gobierno provincial.
Hortalizas, granos… Más de doscientos pequeños productores arriendan porciones de tierra para producir, con contratos renovables cada tres años, a la Administración de la finca El Pongo. Muchos arriendan desde hace tres o cuatro generaciones. Se trata de una finca con 11 mil hectáreas, legada por Plinio Zabala al Estado para el mantenimiento del Hospital de Perico. Es por ello que los administradores los designa el gobierno provincial.
En la zona de Perico, más exactamente en La Posta, se ha producido una situación especialmente empujada por el intendente Ficoseco. A fin de resolver un lote para cada familia, hasta embriagado él mismo invitaba a ocupar los terrenos en los que actualmente producen las familias, que tienen sembradíos y que viven de esas explotaciones domésticas.
Mediante el decreto del gobierno provincial se afectó terrenos de la finca El Pongo, y mediante la decisión de la administración (es decir del gobierno provincial) se afectaron 70 hectáreas que abarcan a varios de estos productores. Los arrendatarios están convencidos que si avanzan sobre uno avanzarán sobre el resto.
Esta contradicción generada con la crisis de la vivienda desatada desde el desalojo del predio de Ledesma en Libertador, llevó a que los arrendatarios decidieran defender sus terrenos; de allí no se mueven, y nadie entra.
La contracara es que se viene un conflicto que hasta ahora es incipiente: pone sobre la mesa la discusión de los intereses de a quién se tocará para resolver el problema habitacional del pueblo periquense. Hay tierras no cultivables en la propia finca El Pongo, y hay tierras ociosas rodeando el pueblo, que también podrían ser utilizadas para construir viviendas.
El gobierno ha decidido tocar a quien menos tienen: se trata de generaciones que vienen arrendando la tierra, con contratos que comenzaron en la década del ´70 donde los productores debían dar la mitad de la cosecha al administrador o encargado, antes de la muerte de Zabala. Hoy, quienes tienen hasta árboles de duraznos plantados, ven la amenaza de que les quiten la tierra.
Lo que ha generado en forma profunda esta situación, y que habrá que ver cómo continúa, es el reclamo de los títulos de la tierra. El malón de la paz, esa marcha de tres meses que en 1946 protagonizaron los originarios desde la Puna de Jujuy a Buenos Aires, reclamando el derecho a no pagar arriendos y la titularidad dominial de la tierra (ganando la expropiación de tierras de la Quebrada y Puna en agosto de 1949), crece como una reedición por lo bajo, amenazando despertar la sed de tierra en la provincia, ya no para vivienda, sino para producir.
Los arrendatarios de la finca El Pongo de Perico (la finca se extiende por otras localidades) no sólo decidieron quedarse y reclamar la propiedad de la tierra: convocan al pueblo a acompañarlos, porque son un verdadero pulmón productivo, y han protagonizado dos movilizaciones con máquinas y animales por la ciudad.
Se trata de descendientes de naturales del lugar, originarios, y exigen el cumplimiento de las leyes de orden público que suspenden desalojos de originarios de las tierras que actualmente ocupan.
Saben que el gobierno ha maniobrado para generar una contradicción entre pobres; ellos han logrado el acuerdo de muchos de los que hoy ocupan terrenos para conseguir viviendas, pero el sector no ganado es el influenciado por el intendente, que hasta puso vehículos para ayudar a concretar la ocupación de las hectáreas de los arrendatarios, pequeños productores.
