¿-Cómo es la situación en Perú luego de la destitución de la expresidenta Boluarte y su reemplazo por el presidente del Congreso, José Jerí? ¿Qué factores provocaron la caída de Boluarte?
-El cambio de mando solo es una formalidad. No tiene un significado político real, ya que José Jerí forma parte del pacto mafioso que gobierna el Perú desde el Congreso tras el golpe de Estado contra Pedro Castillo en diciembre de 2022. Su llegada al poder responde al intento de este pacto -integrado por partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y Perú Libre- de reacomodar su control político ante el repudio generalizado de la población y el agotamiento del gobierno de Boluarte.
Las protestas actuales son continuidad del proceso de lucha iniciado en septiembre, cuando miles de jóvenes, estudiantes y trabajadores se movilizaron contra la reforma del sistema de pensiones, que amenaza los ahorros de millones y entrega los fondos al negocio de las AFP.
Esa ley neoliberal fue la chispa que encendió una nueva ola de indignación y protestas. Al mismo tiempo, la creciente inseguridad y el auge del crimen organizado y el sicariato -que golpea sobre todo al sector transporte y pequeños empresarios- han generado protestas constantes durante el último año, mientras el Congreso y el Ejecutivo se limitaban a usar el miedo para justificar la militarización.
Boluarte, con apenas 4% de aprobación, cayó cuando ya no servía a los intereses del pacto mafioso. Sin embargo, este pacto no está dispuesto a perder el control del Estado: busca perpetuarse más allá del 2026 mediante un fraude electoral preparado desde ahora, con el control del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y la Fiscalía. La elección de Jerí, acusado de violencia sexual y corrupción, tiene un solo objetivo: mantener la impunidad y asegurar la continuidad de la dictadura cívico-militar bajo otro rostro.
-¿Qué sectores participan de las protestas? ¿Cuáles son las principales demandas?
-Las actuales protestas tienen un carácter popular y juvenil, encabezadas por: organizaciones estudiantiles y federaciones universitarias, que cumplen el rol de articulación nacional, ante la falta de una coordinación nacional, frentes de defensa populares y comunidades campesinas en las regiones, organizaciones de mujeres, artistas y trabajadores de la cultura, además de la ciudadanía que repudia al Congreso y su corrupción.
Las principales demandas del movimiento popular son: La censura de la Mesa Directiva del Congreso y la salida inmediata de José Jerí. La derogatoria de las leyes pro–crimen organizado, que blindan a corruptos, violadores de derechos humanos y mafias políticas. La derogatoria de la reforma del sistema de pensiones (AFP) que entrega los fondos de los trabajadores al capital financiero. La convocatoria de una Asamblea Constituyente Popular y Soberana, para reemplazar la Constitución neoliberal de 1993 y refundar la República sobre bases obreras, campesinas y populares.
Hoy son los estudiantes, a través de las federaciones y jóvenes trabajadores organizados quienes cumplen la función que las grandes centrales sindicales -cooptadas por partidos revisionistas y por partidos de izquierda electorales- han abandonado.
No existe una dirección nacional única, pero sí un proceso de coordinación creciente desde los sectores populares, de carácter clasista y antiimperialista, que busca articular las luchas en curso hacia un frente político del pueblo trabajador.
-¿Cuál es la situación actual del expresidente Castillo y del movimiento político que lo llevó a ganar las elecciones en el 2021?
-Pedro Castillo sigue encarcelado sin sentencia firme, procesado por “rebelión” y otros cargos. No existen pruebas sólidas que lo incriminen, pero su detención se mantiene por motivos políticos: su liberación podría reavivar un movimiento de restitución popular.
El partido que lo llevó al poder, Perú Libre, fue el primero en traicionarlo, incorporándose al pacto mafioso y gobernando de la mano de la ultraderecha bajo el argumento de que “la izquierda no sabe gobernar”. Esa claudicación revela su verdadero carácter: un partido revisionista que renunció al programa popular y se alineó con la gran burguesía. Los otros sectores de la izquierda electoral buscan reacomodarse para las elecciones de 2026, mientras las reivindicaciones centrales del pueblo -una nueva Constitución, mediante una asamblea constituyente- permanecen vigentes y se reafirman en las calles. Las masas aprenden en la práctica que el cambio no vendrá por el camino parlamentario, sino por la organización autónoma, la unidad obrero-campesina y la construcción del poder popular.
-¿Sigue pesando sobre Boluarte la acusación de genocidio por los asesinatos de manifestantes en 2022 y 2023?
-El Congreso se encargó de blindar a Dina Boluarte durante todo su gobierno. Al controlar instituciones como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, le garantizó impunidad por los crímenes cometidos en Ayacucho, Apurímac, Puno y otras regiones en 2022–2023. Las denuncias por homicidio y violaciones de derechos humanos han sido archivadas.
El proceso judicial sigue formalmente abierto, pero sin avances reales: Boluarte solo es investigada por delitos de colusión y corrupción, vinculados al favorecimiento de contratos públicos a un médico de su entorno. Los mandos militares y policiales responsables de las masacres han sido amnistiados mediante nuevas leyes de impunidad, que forman parte del paquete de “leyes pro–crimen organizado”.
Mientras tanto, bajo el gobierno de Jerí, la represión continúa: se mantienen estados de emergencia en regiones del sur, operativos de inteligencia contra dirigentes sociales y detenciones arbitrarias. La dictadura cívico-militar permanece intacta, solo ha cambiado de vocero.
-¿Algo más que quieras agregar?
-En síntesis, el Perú vive una crisis estructural de dominación, no una simple crisis de gobierno. La dictadura cívico-militar mantiene el control mediante la represión, la corrupción y un sistema legal hecho a su medida. Las llamadas “leyes pro–crimen organizado” no combaten el delito: lo institucionalizan dentro del Estado, al mismo tiempo que criminalizan la protesta popular y blindan a los responsables de las masacres y del saqueo nacional.
El cambio de rostros —de Boluarte a Jerí— no altera la naturaleza del régimen. Los grupos de poder siguen alternando sus operadores para preservar sus privilegios, mientras entregan los recursos nacionales al capital extranjero, sea estadounidense o chino.
Frente a ello, crece la respuesta organizada del pueblo: la juventud, las mujeres, los trabajadores y el campesinado se movilizan con un horizonte común —la construcción de una nueva república popular, soberana y socialista. Solo la unidad clasista, antiimperialista y revolucionaria podrá romper el pacto mafioso y abrir el camino a una Asamblea Constituyente soberana y popular, hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo.
hoy N° 2082 22/10/2025
