Agosto comenzaba con la toma de los barrios Balneario, Pereyra Rozas y Primera Junta. Pero la última toma de tierras en la provincia fue en Finca Valdivia y el Barrio Círculo donde vecinos ocuparon más de 5 hectáreas y dejaron al descubierto el enorme déficit que atraviesa Salta.
Agosto comenzaba con la toma de los barrios Balneario, Pereyra Rozas y Primera Junta. Pero la última toma de tierras en la provincia fue en Finca Valdivia y el Barrio Círculo donde vecinos ocuparon más de 5 hectáreas y dejaron al descubierto el enorme déficit que atraviesa Salta.
“Podemos resolver como máximo un 5% de la necesidad habitacional en Salta” decía en una entrevista un alto funcionario del Instituto Provincial de Vivienda. Pero lo que faltó detallar que con casi imposibles requisitos se ingresa a un sorteo. Ni qué hablar de salir sorteado. Cientos de denuncias llegan al organismo informando que la mayoría de las casas se utilizan para fiestas de fin de semana para los hijos del poder, o simplemente para la especulación inmobiliaria.
Lo cierto es que la gente, cansada de promesas incumplidas, de ingresar carpetas individuales en el IPV, de enviar proyectos, tomó su propia necesidad con el afán de convertirla en una reivindicación de los que más lo necesitan.
Según censos de la propia organización, son más de 850 las familias que ocupan las tierras y la toma superaría las 2 mil personas. Rápidamente se eligieron delegados llegando a un total de 22, en su mayoría jóvenes. Al mismo tiempo el asentamiento fue bautizado con el nombre de “Rebelión”.
“Queremos un lugar para vivir, no importa si no es acá en Finca Valdivia, pero exigimos una respuesta del gobernador que prometió tierras hace años”, dijo una de las manifestantes. “Muy poca gente nos entiende. Muy pocos son los que realmente pueden comprender lo difícil que es no tener un lugar para vivir”, indicó una mujer, mientras amamantaba a su hijo en el lugar del corte que protagonizaron los vecinos de Balneario y Finca Valdivia.
“Yo vivía en una casa con 16 personas. La casa es muy chica, vivía con tíos, hermanos y primos. Dormíamos en dos habitaciones pequeñas, por eso con mis vecinos vinimos a asentarnos acá”, explicó María cuando se le consultó sobre los motivos de su presencia en Finca Valdivia. La situación que afecta a esta mujer es una réplica de la situación que llevó a muchas personas a ocupar tierras.
Hace falta una emergencia habitacional
La medida de fuerza puso los pelos de punta al gobierno de Urtubey y a los medios representantes de las clases dominantes. La situación despertó los discursos fascistas de funcionarios provinciales y empresarios de los medios con pauta. “No vamos a ceder con respecto a la forma en que la solicitan las tierras” dijo un funcionario de Tierra y Hábitat. Por su parte el titular del mismo organismo reclamó palos a quienes ocupan y criticó a la Justicia por no aprobar el desalojo. “Muchas veces no entiendo cómo funciona la Justicia cuando ocurren ocupaciones. Me parece que está un poco desequilibrada la balanza”. Agregó: “Yo no puedo interponerme a las decisiones de la Justicia pero, por ejemplo, a la gente que ocupó el exbalneario municipal y que por orden de un fiscal se le pidió que se identifique, no quiso hacerlo y nada pasó, sigue ahí”.
Lo cierto es que hasta ahora hay solo promesas y ninguna respuesta. El gobierno prometió comprar tierras pero los vecinos no confían por lo que seguirán en pie de lucha.
En Salta, la crisis habitacional se refleja en los asentamientos precarios, donde vive cerca del 30 por ciento de los habitantes de la capital, Orán y Tartagal.
No hay viviendas, falta crédito hipotecario y se reemplazaron los planes Fonavi por las llamadas “soluciones habitacionales”, que son presentadas como un reconocimiento de los derechos de los sin techo, pero que estimulan las usurpaciones y consolidan la precarización. No son soluciones para la ciudadanía y funcionan, en cambio, como instrumento del clientelismo.
En este marco es que se hace necesaria la declaración de la emergencia habitacional y la expropiación por parte del Estado para tierra para vivienda y un plan nacional para construir un millón de viviendas populares que dé trabajo a todos los desocupados.
