El impuesto inmobiliario, junto al de ingresos brutos y sellos, son las escasas facultades fiscales impositivas federales que les han quedado a las provincias argentinas desde el avance unitario del gobierno central iniciado en el año 1935, como consecuencia de la crisis del capitalismo de 1929.
El impuesto inmobiliario, junto al de ingresos brutos y sellos, son las escasas facultades fiscales impositivas federales que les han quedado a las provincias argentinas desde el avance unitario del gobierno central iniciado en el año 1935, como consecuencia de la crisis del capitalismo de 1929.
En los últimos 45 días la coparticipación, llamada “federal” de impuestos, automática y diaria, que reciben las provincias ha caído en promedio en un 50% respecto a los tres primeros meses y se ha generado una situación de crisis fiscal que les impide a los gobiernos cumplir normalmente con el pago de salarios de los empleados públicos y a proveedores. Sin embargo la recaudación impositiva nacional ha crecido entre enero y abril del 2012 un 27,9% respecto a igual periodo del año pasado. Conclusión: en estos cuatro meses el gobierno nacional se quedó con el grueso de lo recaudado de los impuestos: IVA, ganancias, cheques, retenciones a las exportaciones, internos y otros en una proporción de 73% para la Caja nacional ($144.062 millones) y distribuyó el 23% a todas las provincias ($53.863 millones).
Derivado de esto, gobiernos como los de Entre Ríos y Buenos Aires, por ahora más o menos kirchneristas, para dar los casos más resonantes de esto días, apretados económicamente decidieron aumentar las alícuotas y las valuaciones fiscales para cobrar el impuesto inmobiliario de manera significativa. Como el gobierno nacional a través de las retenciones a las exportaciones se queda con el grueso del valor de la producción de oleaginosas y granos, soja principalmente, los gobiernos provinciales quieren compensar sus bajos ingresos de esta manera. A partir de este hecho se genera un nuevo momento en el conflicto “gobierno-campo”. El gobierno, en este caso los provinciales, al igual que con la Resolución 125 vuelven a “cortar ancho”, como dijera nuestro inolvidable Carlos “Vasco” Paillole y meten en la misma bolsa para cobrar el impuesto inmobiliario a los grandes terratenientes junto a los pequeños y medianos productores.
A la par los escribas del oficialismo que trasmiten la esencia del pensamiento oficial y el porqué de sus políticas se expresan particularmente en el diario Página 12, donde vuelven a repetir lo que escuchábamos a partir de marzo del 2008, dicen “las patronales agropecuarias” se oponen a pagar más impuestos. Como referencia de los que según ellos son el enemigo como parte de las “patronales del campo”, ponen ejemplos para la provincia de Buenos Aires de los que se resisten al impuestazo los siguientes: campo de 176 hectáreas en General Madariaga, campo de 30 hectáreas en San Andrés de Giles, campo de 60 hectáreas en Navarro, campo de 96 hectáreas en Saliqueló, campo de 168 hectáreas en General Alvear (nota de tapa de Página 12 del 13 de mayo firmada por Tomás Lukin).
Un programa de emergencia
De la misma manera como lo hicieran con la Resolución 125 y a partir de las movilizaciones y piquetes, que llegaron a ser 4 mil en el periodo marzo-julio del 2008 y que superaron largamente los 2 mil piquetes de desocupados del año 2002, el blanco no lo ponen en los grandes terratenientes y monopolios exportadores imperialistas sino en los pequeños productores señalados. Dicho sea de paso, para los que todavía cuestionan “por izquierda” la Rebelión Agraria, que sepamos, en la historia agraria argentina desde el Grito de Alcorta en adelante la oligarquía terrateniente y los monopolios imperialistas exportadores nunca recurrieron ni recurrirán al método popular del piquete y sí al fragote golpista.
Si tenemos como base de datos los del Censo Agropecuario 2002, los del Censo 2008 no están disponibles debido a la intervención del Indec, en provincia de Buenos Aires se registraban 51.107 explotaciones, de las cuales 477 grandes terratenientes de más de 5 mil hectáreas eran dueños de 4,1 millones de hectáreas y 1.742, de más de 2,5 mil hectáreas eran dueños de 8,4 millones de hectáreas, sobre un total de tierra de un poco mas de 27 millones de hectáreas, donde los propietarios de hasta 500 hectáreas eran 38.344 y dueños de 5,8 millones de hectáreas. En el caso de Entre Ríos los propietarios de más de 5 mil hectáreas son 127 y dueños de 1,1 millones de hectáreas, sobre un total de 21.577 propietarios de 6,2 millones de hectáreas, los propietarios de hasta 500 hectáreas sumaban 18.910 y tenían en total 1,9 millones de hectáreas.
Teniendo en cuenta esta realidad y para que la crisis no la pague el pueblo, entre ellos los pobres y pequeños y medianos productores del campo, es que nuestro Partido propone como parte de un Programa de Emergencia de 10 puntos que los terratenientes de 5 mil hectáreas para arriba paguen un 100% más de impuesto a las ganancias y de igual manera proponemos para el caso del impuesto inmobiliario que paguen un 100% más los que superan las 2.500 hectáreas en las zonas de mayor potencialidad agrícola.
