El miércoles 21 de agosto, la presidenta Cristina Fernández convocó a los empresarios y sindicalistas “amigos” a Río Gallegos, para que avalaran la adjudicación a su propio grupo económico (Electroingeniería y los imperialistas de China), de las obras de las represas sobre el río Santa Cruz (“emprendimiento que va a ser el más grande después de Yacyretá”, según sus palabras). En su discurso ante ellos, la presidenta balanceó así su política sobre el pago de la deuda ilegítima y usuraria, a favor de sus interlocutores (empezando por Brito, Heller y compañía): “de los 2.200 millones ya separados (de las reservas que viene saqueando al Banco Central) para pagar la deuda, 2.000 son con legislación nacional, con lo cual es muy importante, un mensaje muy importante hacía el exterior porque estamos pagando vencimientos que están hechos con legislación nacional. ¿Qué significa esto? Que obviamente es una legislación que si alguien quisiera no pagar podría cambiarla –amenazó–, pero nosotros no hemos hecho eso en diez años y ni lo pensamos hacer. Hemos asumido la deuda contraída por anteriores gobiernos durante décadas y fundamentalmente a partir del 24 de marzo de 1976 porque consideramos que es la deuda de todos los argentinos”.
Con lo que queda claro a quiénes ha querido y sigue queriendo beneficiar al no cuestionar el carácter ilegítimo y fraudulento de la deuda que nos impuso la dictadura (para ella “es la deuda de todos los argentinos”), como fuera determinado en su momento por el juez Jorge Ballestero, en el histórico juicio promovido por Alejandro Olmos. Aunque, por lo que dijo después, no está dispuesta a hacerse cargo del saqueo que para ese pago viene haciendo al patrimonio del Banco Central y de la Anses. Pues, para este caso, planteó: “La deuda pública neta argentina es del 18,8%, porque este 45% (de la deuda pública sobre el PBI) tiene deuda intra sector público, o sea deuda entre los propios organismos del Estado, sea Banco Central, sea Tesoro, en fin, pero no es deuda contraída ni en moneda extranjera ni con extranjeros” (hasta en esto miente, ya que por lo menos en el caso del Banco Central le entrega bonos nominados en dólares a cambio de apropiarse de las reservas para pagar las deudas que nos obliga a “heredar” desde la dictadura).
De esa manera, y porque sus cifras de reservas, superávit externo, déficit fiscal, etc., no aguantan la comparación con la mayoría de los países latinoamericanos, dedicó gran parte de su discurso a absurdas comparaciones con Australia y Canadá (“Australia y Canadá son mucho más cool que cualquier país latinoamericano”, dijo para justificarse), que en el caso de la deuda ni siquiera puede ocultar con su pase de magia (“Ese 45 es deuda pública bruta nacional y solamente el 18,8 es deuda pública neta no contraída intra sector público”), pues el 27% de Australia con el que lo comparó es de “la deuda pública bruta sobre PBI”, como ella misma leyó sin inmutarse.
Diciendo que la Argentina está mejor que Canadá y Australia vamos perdidos con el argumento de la carencia de recursos y de que un fallo desfavorable provocaría una crisis, no solo en relación al juicio de los fondos buitres, sino además a los reclamos multimillonarios del Ciadi (el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones, con sede en Washington), que tampoco el gobierno kirchnerista incluye en la deuda externa pero que también sigue aceptando dirimir en jurisdicción de los tribunales en Estados Unidos.
