Condenado a prisión perpetua y degradado de su rango militar, había sido anteriormente beneficiado de la impunidad conseguida por la dictadura mediante el pacto espurio en 1982, acordado con las cúpulas del peronismo y el radicalismo, que posibilitó que hoy todavía centenares de asesinos anden sueltos. Es así que este genocida en lugar de purgar en una cárcel común los numerosos y horrendos crímenes de lesa humanidad que cometió, terminó sus días apaciblemente en un lujoso country, disfrutando de los dineros mal habidos que los tenía muy bien guardados en un banco suizo.
Bussi, cuando se hizo cargo del poder dictatorial en Tucumán –cuando la guerrilla ya estaba vencida– instaló 12 centros clandestinos de detención además de los dos que ya existían. A partir de ese momento la represión en la provincia comprendió a obreros y demás trabajadores, niños, ancianos, mendigos, mujeres embarazadas, intelectuales, estudiantes y hasta hombres de las Fuerzas Armadas que no acordaban con sus métodos, dejando en evidencia los verdaderos objetivos del golpe de 1976, implantar a sangre y fuego en el país, una política en beneficio de los poderosos, para lo cual tenían que terminar con la profunda lucha de nuestro pueblo que avanzaba por un camino de liberación.
Ese Bussi que secuestró e hizo desaparecer e centenares de obreros y estudiantes, sobre todo delegados y activistas, azucareros, textiles, universitarios, que hizo desaparecer familias enteras; ese Bussi que agarró a todos los mendigos de San Miguel de Tucumán y los dejó abandonados a su suerte en un desierto en Catamarca, el que construyó paredes para esconder las villas miseria en la ciudad, el que se jactaba de asesinar con un tiro en la nuca a los torturados, el asesino de Ángel Manfredi y Ana Sosa, ese mismo individuo en el año 1988 fue desprocesado gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Fue el niño mimado de la oligarquía azucarera, que llegó hasta organizar un “fondo patriótico” para que no le falte dinero en su lucha “contra la subversión”, parte del cual fue a parar a una jugosa cuenta en Suiza, que también fue engordada con dineros del Estado.
Esta impunidad que supieron conseguir, sumado a la tremenda corrupción de los sucesivos gobiernos provinciales desde 1983, permitió que el genocida Bussi ganara las elecciones en 1995 y fuera gobernador de Tucumán. En febrero de 1998, el juez español Baltasar Garzón halló en Suiza una cuenta suya no declarada y el “valiente” general, lloró frente a las cámaras de televisión al verse descubierto, primero negó y luego admitió que era cierto. Y nuevamente la famosa impunidad. Llevado a juicio político, fue suspendido 60 días, pero no destituido, el ejército sólo lo amonestó por “falta grave”.
Terminar con esta impunidad es una de las banderas del movimiento popular y por eso hay que exigir a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que de una vez por todas ordene que se abran todos los archivos que esconden a todos los genocidas y sus crímenes y que se los juzgue rápidamente por centro clandestino de detención. Bussi se llevó a la tumba miles de respuestas a interrogantes que hace ya cerca de treinta años deberían haber sido aclarados.
