Hace unas semanas el ministro anunció que a partir de 2015, además de los datos de siempre y de los recientes datos biométricos digitalizados, el DNI tendrá dos chips que permitirán incorporar los vínculos familiares, los datos de historia clínica, de Anses, de PAMI y de la tarjeta SUBE, así como su conectividad online.
Hace unas semanas el ministro anunció que a partir de 2015, además de los datos de siempre y de los recientes datos biométricos digitalizados, el DNI tendrá dos chips que permitirán incorporar los vínculos familiares, los datos de historia clínica, de Anses, de PAMI y de la tarjeta SUBE, así como su conectividad online.
En el comunicado firmado por las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Liga por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia, la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación por los Derechos Civiles, la Fundación Vía Libre y la Asociación Pensamiento Penal; se cuestiona la falta de argumentos para realizar esta modificación teniendo en cuenta que hoy son motivo de debate internacional por involucrar “aspectos relacionados al derecho a la privacidad, la protección de datos personales, y por presentar vulnerabilidades técnicas”, a lo que se debe agregar que “el mismo Ministerio ha reconocido que el DNI tarjeta actual no ha presentado vulnerabilidades que justifiquen la nueva medida”.
Si bien las organizaciones reafirman su “convicción de que el Estado debe garantizar un título identificador a cada ciudadano como un derecho humano”, citan los ejemplos de Inglaterra y Francia, donde los DNIe y las bases nacionales de datos biométricos fueron anulados y declarados inconstitucionales respectivamente, y critican la creación de la Base Nacional de Datos Biométricos (Sibios) de uso policial irrestricto, la asociación del número de DNI a la tarjeta SUBE y la iniciativa del DNIe, porque permiten la vigilancia y control de la ciudadanía en tiempo real “violando el derecho a la privacidad que establecen el art. 19 de la Constitución Nacional, el art. 11 de la Convención Americana de DDHH y el art. 12 de la Declaración Universal de DDHH”.
Considerándolas un perjuicio para la seguridad democrática “sea que esté en manos de un gobierno democrático, autoritario, o que sea filtrada por empresas u organizaciones criminales de cualquier tipo”, el comunicado finaliza manifestando su firme oposición a que estas decisiones “sean tomadas por decreto sin el obligatorio debate social e institucional a través del Congreso nacional argentino”.
