En las últimas semanas el destape de algunos hechos relacionados con la denominada “mafia de los medicamentos”, conmovió a la opinión pública.
Se percibe la existencia de una vasta red de corrupción en la que se vincula al Estado, los sindicatos y empresarios a costa de los dineros, la salud y la propia vida del pueblo. Cincuenta obras sociales están siendo investigadas y se empiezan a ventilar los verdaderos orígenes de los fondos de la campaña de CFK, lo que pondría de manifiesto que fue una gran operación de lavado de dinero.
La industria farmacéutica de Argentina está altamente concentrada: veinticinco empresas sobre unas trescientas cubren, aproximadamente, el 75 % de las ventas.
Pero aun es mayor la concentración en la distribución: las distribuidoras Rofina, Disprofarma y Farmanet (vinculadas a los principales monopolios) acaparan el 65% del mercado. No hay control de precios, que superan decenas y centenas de veces a los costos. Esto lleva a que el pago en medicamentos en nuestro país signifique un 30 % del gasto en salud, mientras que en el “Primer Mundo” es del orden del 15 %. Además el precio promedio por unidad aumenta de año en año, en dólares, en proporciones superiores a nuestros vecinos. El gasto aumenta aunque la producción disminuye.
Toda la industria, de filiales extranjeras y empresas nacionales, es extremadamente dependiente de insumos importados y drogas base. Importa más de lo que exporta.
El mercado farmacéutico argentino es dominado por filiales abiertas o encubiertas de monopolios imperialistas y sectores intermediarios de distintas potencias. Las empresas verdaderamente nacionales son mayoritarias en número, entre el total de trescientas, pero minoritarias en el control del mercado farmacéutico. Una parte de esos empresarios nacionales estarán interesados en un proyecto de Argentina independiente y podrán ser ganados para él; otra parte podrá ser neutralizada con concesiones, con la condición de que acepten la política nacional respecto a este tipo de productos, la calidad y costos de los mismos y se integren a la política nacional en el área. Sólo los que se unan al pequeño grupo monopólico que atenta contra el derecho a la salud del pueblo, recibirán el mismo trato que estos últimos.
Desde esta concepción, las pequeñas y medianas empresas nacionales deberán ser protegidas y estimuladas. Se debe impulsar la fabricación de medicamentos magistrales y oficinales en las farmacias públicas y privadas, aprovechando la capacidad de producción, en pequeña y gran escala, para la que los farmacéuticos fueron entrenados.
El medicamento es parte de las herramientas esenciales para hacer realidad el derecho a la salud del pueblo argentino pero también es parte clave de la independencia y la defensa nacional. La organización de una producción combinada centralizada y descentralizada de medicamentos, deben ser parte de los planes de una defensa nacional popular integral, con participación de Fabricaciones Militares.
La política de medicamentos necesaria, y por lo tanto posible, tiene cuatro condiciones:
1. Fabricación estatal, con desconocimiento de toda patente extranjera, impulsando la política del medicamento genérico;
2. Defensa de la verdadera industria nacional;
3. Control de calidad estricto con fortalecimiento de los organismos de control, y
4. Precios máximos.
Junto al núcleo monopólico de filiales extranjeras y de sectores intermediarios del medicamento, hay otros dos obstáculos en el camino a la salud del pueblo argentino:
a) la intermediación financiera que, para maximizar su ganancia, limita el acceso a la atención que necesita el pueblo y también recorta los salarios y honorarios de técnicos y profesionales de la salud, públicos y privados,
b) los sectores de importación de tecnología médica inapropiada que introducen aparatología de eficacia no probada, que encarecen el acto de salud y limitan el acceso al mismo.
Estos obstáculos deben ser removidos. Para ello es imprescindible:
• Eliminar del acto de salud toda intermediación de grupos financieros y gerenciadores de la salud. En medio de esta intermediación proliferan todo tipo de lavadores de dinero y mafias del medicamento, a menudo vinculados a este Estado-gerente de la dependencia y a sus gobiernos de turno, como se ha hecho a la luz pública en los últimos tiempos,
• Terminar con el lucro de la tecnología inapropiada, evaluando toda nueva tecnología médica, eliminando al sector importador de tecnología inútil y promoviendo la fabricación de tecnología médica en el país.
• Estatizar el núcleo monopólico de filiales pertenecientes a potencias extranjeras y de sus sectores intermediarios, en el área del medicamento.
Todo lo anterior debe ser condición y parte integrante de un sistema de salud de base estatal, público, gratuito, integral, igualitario, accesible y eficiente, donde el pueblo tenga poder decisorio en la planificación, organización, ejecución y evaluación de las acciones de salud en todos los estamentos y niveles (partiendo que este poder de decisión y control por parte de los beneficiarios es clave para cumplir sus objetivos) y que incorpore a profesionales independientes y pequeños y medianos prestadores privados, con formas particulares de relación contractual que respete sus intereses, a condición de que acepten las orientaciones y planes de la política sanitaria nacional de una Argentina independiente con efectiva soberanía popular que haga realidad los derechos políticos, sociales y económicos del pueblo argentino.
