El caso de la niña jujeña de 12 años embarazada producto de una violación, a la que distintos profesionales de la salud le negaron su derecho a una interrupción legal del embarazo (ILE) a tiempo, dilatando el proceso y poniendo en riesgo su salud, ha estado en boca de todos. Bajo el discurso de “salvar las dos vidas” se pusieron en riesgo ambas y se dio igual valor a la vida saludable de una niña de 12 años víctima de violación y a un feto en desarrollo con poca expectativa de vida plena fuera del útero por su escasa formación.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito convocó a reunirse el lunes por la tarde en Av. Santa Fe 967 para repudiar al gobierno de Jujuy por demorar y obstaculizar el derecho de la niña a tener un aborto legal. El amplio arco político convocado dejó en claro que saldría a la calle las veces que sea necesario para reclamar la legalización del aborto seguro y gratuito, pero además para que se respeten los derechos adquiridos: interrupciones legales del embarazo frente a los casos que contempla la ley para abortos no punibles, respeto a los protocolos provinciales para su implementación, educación sexual integral en espacios educativos y acceso gratuito a anticonceptivos.
Rodeadas de un gran cordón policial que acompañó toda la jornada, representantes de la Campaña leyeron un comunicado elaborado por sus integrantes en Jujuy el 20 de enero, en el que se denuncia que se usó a la niña como “incubadora” alegando que se retrasó adrede la ILE para que el feto ganara un mayor desarrollo antes de ser extraído. Según el documento se trata de “una clara violación a lo establecido en el artículo 86 del código penal y lo regulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo FAL, los directivos intervinientes incumplieron con sus deberes de funcionarixs públicxs, ejercieron abuso de autoridad, violencia institucional y tortura, al demorar, deliberadamente, la aplicación de las prácticas previstas, obligando, a la niña gestante, a continuar con su embarazo y atravesar por un parto quirúrgico, revictimizándola.”
Tanto en el texto leído como en las distintas intervenciones de mujeres presentes se denunció al “Gobernador Morales, a su Ministro de Salud, Gustavo Bohuid, al director del Hospital “Paterson”, Marcelo Villa y al Jefe del Servicio de Toco Ginecología, Daniel Rocha, del mismo hospital; a la Directora del Hospital Materno Infantil Alice Vargas y al Jefe de Servicio de Maternidad Provincial Gustavo Briones.” Los acusaron de tergiversar la lectura de las leyes hablando de vacíos legales inexistentes, de dilatar el proceso para volcar la resolución de la situación a favor de sus ideas políticas en lugar de cumplir con lo que la ley establece en estos casos.
Una de las mujeres jujeñas presentes en la manifestación dijo que la vidriera de la Casa de la Provincia de Jujuy muestra un concurso de belleza mientras que de la realidad de las jujeñas forma parte una historia de lucha. Recordó a Romina Tejerina y las constantes batallas que las mujeres del norte dan para romper las barreras impuestas en provincias constantemente relegadas, con altas tasas de femicidios, donde de manera frecuente se vulneran los derechos de las mujeres.
Elena Meyer, medica jujeña, contó que estaba conmovida ante el apoyo recibido porque durante estos días debieron presenciar una reactivación del activismo antiderechos en la provincia. Explicó que “en Jujuy se aplica la interrupción legal del embarazo, hasta las 8 semanas retenemos prácticamente el 100% de las situaciones, entre las consejerías y las Socorristas en Red que trabajamos en conjunto. Pero en el momento de llegar a los hospitales, y específicamente a este hospital materno infantil (el de San Pedro de Jujuy), es que nos encontramos con obstáculos porque no solo se declara objetor, sino que sistemáticamente comete violencia obstétrica con todas las mujeres tanto relacionado con sus derechos reproductivos como no reproductivos.” Reiteró la necesidad de que el Ministro de Salud provincial renuncie porque es evidente su falta de apoyo a los profesionales que intentan seguir los protocolos de salud correspondientes para estos casos.
Por otro lado, hizo un llamado a ser cuidadosos con cómo se trata la información del caso para evitar afectar aún más a la niña de 12 años y su madre que transitan un difícil momento. No solo lidian con las secuelas de una violación y la recuperación una reciente cesárea en una nena para detener el embarazo, sino que les pesa el destrato recibido en todas las instancias institucionales que debieron transitar durante estos días. Con médicos que se tiran uno al otro el caso para no hacerse cargo, con maniobras dilatorias, con la ventilación de información tras la violación del secreto profesional, con escraches de sectores antiderechos que dan la espalda a una dura situación tras una violación a muy temprana edad, con funcionarios que confunden su militancia personal con el cumplimiento de los derechos hace tiempo adquiridos.
Con un país hablando del caso y con todo su dolor acuestas, ellas tendrán que volver a su pueblo donde posiblemente las miradas de quienes conocen de siempre, las miren diferente. Sin dudas, sentirán también el calor del abrazo de quienes brindaron su apoyo en todas las provincias, quienes pusieron el grito en el cielo desde que se hizo público porque es inaceptable el tratamiento que se le dio al caso.
La indignación suma todo y llega al infinito porque está metido el Estado, los profesionales, la iglesia, pero la justicia mira para otro lado. Además, porque buscan que se confunda la realización de una cesárea que intenta mentirosamente “salvar las dos vidas” con la aplicación de una interrupción legal del embarazo. En lugar de garantizar los derechos de la niña y protegerla luego de sufrir una violación, la obligaron a convertirse en una incubadora poniendo en riesgo su vida. Se igualó erróneamente ILE con cesárea. En cada intervención frente a la Casa de Jujuy se repitió una y otra vez esta denuncia, se exigió la renuncia de los responsables políticos y consecuencias para los responsables profesionales.
Luego, en una entrevista Elena Meyer nos comentó que este caso tuvo un profundo impacto en los profesionales de la salud de Jujuy generando una brecha entre quienes garantizan derechos y quienes están dispuestos a negárselos a las mujeres. Jujuy cuenta con dos protocolos en los casos en que es necesaria la implementación de la ILE: en 2012 adhirió al del fallo FAL de la Corte Suprema y recientemente lo hizo al de UNICEF que contempla de manera específica los casos de las menores de 15 años.
Las irregularidades en cuanto al accionar de los profesionales “canto pri” desde que la niña embarazada y su madre pisaron el hospital, comenzando por la negativa de médicos y de las autoridades del hospital a la aplicación de los protocolos y hasta la intervención del ministro de salud. Elena Meyer afirma que “el ministro no tendría que haber participado porque es un tema médico y desde lo legal es una ley que ya está rigiendo, no había nada que decir. Yo creo que lo que debería haber hecho, y lo que le pedimos al gobernador que haga, es que tome cartas en el asunto y sancione a las profesionales que incumplieron con los protocolos desde el primer día cuando consultó en San Pedro de Jujuy”.
Los profesionales de la salud que buscan garantizar las ILE, según comenta la médica jujeña, desconfían del uso que los profesionales antiderechos intenten dar a este caso, es decir, que quieran tomarlo como precedente. “El temor es a que lo vean como un triunfo, como que lograron sostener un feto y ‘salvar las dos vidas’ como ellos dicen, una frase tan nefasta, y que quieran volver hacerlo como ahora utilizando a la niña, instrumentalizandola y usándola como una incubadora”.
La búsqueda de los profesionales que vienen trabajando para que puedan efectuarse debidamente los abortos no punibles es que no se incremente aún más el miedo de las mujeres que deben acudir a un hospital en estos casos. Por lo tanto, Meyer afirma que deberán plantearse nuevas estrategias para impulsar las consejerías, equipos de interdisciplinarios de profesionales que trabajan en garantizar la salud sexual integral. En Jujuy hay 18 centros de salud y hospitales distribuidos por toda la provincia y son coordinados por la Dirección de Maternidad e Infancia. Cuentan con profesionales capacitados y con la medicación otorgada por la provincia para brindarla de forma gratuita a quienes están en condiciones de realizarse una ILE.
A pesar de existir leyes, protocolos y consejerías, las pacientes serán atendidas de forma distinta según en que centro de salud u hospital consulten, según si se activan los mecanismos que deberían funcionar o las autoridades de la institución son “objetores de conciencia”, es decir, que se niegan a realizar abortos por que no acuerdan personalmente con ellos. Si al médico no le gusta hacer una ILE no la hace. Suena mal, porque está mal.
La medica jujeña afirma que “hay protocolos para hacer bien estas cosas y que sea realmente una ILE pero no se realizó, se dilato, se perdió tiempo, (este caso) cayó en manos de profesionales no capacitados y que estaban en contra de resolver correctamente. En el hospital de San Pedro hay una profesional que está dispuesta a hacerlo, pero el jefe de servicio no estuvo de acuerdo y fue el primero que ordenó derivar a la capital, argumentando que era porque tenía una mejor neonatología entonces lo que pudimos analizar es que de entrada empezó a operar con la iglesia a los fines de sostener este feto”.
Según Elena Meyer, en Jujuy hay disponibles múltiples capacitaciones llevadas adelante por distintos organismos nacionales e internacionales, por profesionales de grandes hospitales de la provincia de Buenos Aires y de CABA, entre otros. Sin embargo, los profesionales de la salud no participan masivamente de ellas por lo que Meyer insiste en que “el pedido que hacemos (quienes garantizan las ILE) es que se los exijan, que no tengamos jefes de servicios objetores, que si hay un jefe objetor que el director del hospital responda”.
Un compromiso firmado queda entre las mujeres que exigen la ampliación de sus derechos, las calles seguirán siendo el lugar de encuentro mientras los derechos falten, mientras los que existen se vulneren, mientras los cuerpos de las mujeres no les pertenezcan a las mujeres. Para que realmente ellas puedan decidir por ellas hace falta que la educación sexual sea un hecho, que la anticoncepción llegue a todas y que el aborto sea legal para que no se ponga en riesgo la vida de ninguna. El viento continuará cantando la misma canción hasta que sea ley: Aborto legal, en el hospital.
