El viernes pasado (25/6) la Cámara Federal de Salta revocó la suspensión de la Ley 26.522 de Servicios Audiovisuales que había dispuesto el juez federal Medina a instancias de una diputada del PJ disidente. Su fallo tuvo en cuenta la sentencia de la Corte Suprema, que hace 15 días revocó otra medida cautelar de la justicia federal de Mendoza. Durante un plazo de apelaciones y procedimientos, la norma sigue suspendida. Pero la probable vigencia de la nueva Ley de medios requiere que los movimientos sociales, políticos, gremiales, juveniles, campesinos, originarios, se involucren en la demanda de licencias para medios de comunicación populares, y garantías para hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión ante una norma que sigue atada a la regulación del “libre mercado”. De no terciar las fuerzas democráticas y revolucionarias, y si impera la ‘libertad de empresa’, poderosos grupos monopólicos, nuevos y viejos, volverán a reinar en el espectro radioeléctrico.
Con nada que perder y todo por ganar, el gobierno de los Kirchner logró con el impulso de la nueva ley reglamentar la creación de un multimedios estatal y limitar y fragmentar los medios en manos de empresarios que no le son afines. Complementario con esto, el manejo absoluto de la pauta publicitaria oficial -unos 470 millones de pesos estimados en 2009- seguirá determinando el sostenimiento económico de los preferidos del poder.
En estos siete años de gobierno, el grupo de burguesía intermediaria que expresan Néstor y Cristina Kirchner acumuló poder, dinero y empresas, y replanteó alianzas estratégicas internacionales que les permite pelear por la nueva hegemonía mediática.
Un 33% para “personas jurídicas sin fines de lucro”
El contenido de la nueva norma recoge lo elaborado en anteriores proyectos de ley de radiodifusión y, en pos de achicar el blanco de ataque a la actividad monopólica fundamentalmente del Grupo Clarín y Torneos y Competencias, introduce concesiones a la radiodifusión popular y a la producción nacional de contenidos. También reconoce derechos consagrados por la lucha popular desde la resistencia a la dictadura, como la libertad de expresión. El kirchnerismo tuvo además que resignar su afán de que las telefónicas fueran prestadoras del denominado Triple Play -teléfono, televisión por cable e Internet-.
Ese 33% de las frecuencias y señales que la ley asigna a “personas jurídicas sin fines de lucro” -cooperativas, radios comunitarias y originarias, universidades, organizaciones sindicales y otras- mejora mucho la normativa 22.285, que rigió durante tres años de dictadura y otros 27 de gobiernos constitucionales.
Este nuevo panorama requiere que los movimientos sociales, políticos, de género, gremiales, juveniles, campesinos, originarios, estudiantiles, se involucren en la demanda de licencias para medios de comunicación populares, controlen una asignación equitativa de frecuencias y se movilicen para la protesta toda vez que sea amañado un procedimiento.
La cuota exigible de producción nacional y local debe permitir gestar productoras de contenidos para televisión y radio, exigiendo el reconocimiento de la expresión de ese 33% también en el terreno informativo y cultural.
Los comunicadores populares deben avanzar en la gestación y gestión de emisoras de media potencia, con programas bilingües para las radios de originarios, planes de alfabetización con presupuesto educativo para zonas rurales y toda búsqueda creativa para resolver la existencia material de estos medios, sin la cual se torna una mentira la “libertad de prensa”.
La ‘libertad de empresa’
El panorama laboral en las empresas periodísticas es amenazador. El cierre del diario Crítica está dejando a 190 trabajadores de prensa en la calle. Los trabajadores de importantes empresas periodísticas, como Clarín y otras, no tienen Comisión Gremial Interna. En el gremio hace varios años que no se discuten paritarias. Por responsabilidad de los dirigentes de la Unión de Prensa de Buenos Aires-UTPBA, el plan de salud de la obra social OSTPBA es un fiasco.
En pos de una supuesta actualización profesional, los reporteros gráficos, además de hacer fotos, son compelidos a grabar videos para las ediciones web, por el mismo sueldo. Los redactores también sacan fotos, haciendo el trabajo de los reporteros gráficos, por igual sueldo. Periodistas y comentaristas famosos de radio y TV venden publicidad comercial en sus programas haciendo el trabajo de los locutores en off. La mayoría de las páginas web de información plagian textos y fotos.
Los medios de prensa privados manipulan la información y desinforman de acuerdo a sus intereses y/o enfrentamientos con los gobiernos de turno. Los medios de prensa estatales como la agencia Télam, Canal 7 y Radio Nacional censuran toda información periodística que no sea proclive al gobierno nacional.
La creencia en que la nueva Ley de Medios traerá, por su mera vigencia, transparencia en el accionar de las empresas privadas y estatales, equivaldría a confiar en el saneamiento del Riachuelo por obra del Espíritu Santo.
El titular del Servicio de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, afirmó que “la ley se va a aplicar y a partir de ahora se va a discutir argumento por argumento” ante las cautelares pendientes, como las aplicadas por la justicia de Capital Federal y San Juan. Entre las cautelares pendientes se cuentan las de los grupos Vila y Clarín, impugnando el artículo 161 que establece el plazo de un año para desinvertir y vender canales de televisión y radio. Otro tema de fricción es que muchas emisoras tienen licencias de explotación por más de diez años, que el artículo 161 reduce a uno.
El kirchnerismo no se sentó a esperar, y desde el control de Canal 7 lidera el cambio tecnológico más significativo de este momento para nuevos negocios televisivos, telefónicos y de Internet.
La Televisión Digital Terrestre es el resultado de la aplicación de la tecnología digital a la televisión abierta, que se transmite por ondas hertzianas. A diferencia del modelo de radiodifusión analógico, caracterizado por una limitada cantidad de canales, la TDT permite ofrecer más señales. El nuevo dispositivo contempla también mejor calidad de imagen y sonido y capacidad de interactividad.
Mientras se desarrolla la pelea, en el campo de batalla se despliegan antenas del servicio de TV digital de Canal 7, se fortalece la marca “Fútbol para Todos” en alianza con la Asociación del Fútbol Argentino-AFA, se ponen a punto transmisores, se redactan pedidos de licencias de radiodifusión y se reclutan nuevos equipos de producción que alimenten los nuevos canales periodísticos y culturales, para librar próximos combates mediáticos y tratar de ganar “opinión pública”.
Como señalamos en la nota anterior, sólo desde la lucha y la organización de los sectores populares que durante todos estos años vinimos luchando por una comunicación popular podremos garantizar “las cuestiones que esta ley concede, producto de las necesidades del gobierno dentro de su disputa intermonopólica, en camino de pelear por una política de medios verdaderamente popular y democrática, que esta ley no garantiza”.
