El 6 de noviembre, un conjunto de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas presentaron ante la Justicia Federal en lo Criminal de Instrucción “una denuncia penal a fin de que se investigue la actuación del secretario de Seguridad de la Nación, Tte. Coronel Sergio Berni, quien el 30 de agosto último ordenó la detención de 68 personas sin orden judicial y su posterior traslado y detención en la unidad militar de Campo de Mayo, centro clandestino de detención durante la última dictadura militar genocida”, como afirman en el comunicado firmado por la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AAED); Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo (Liberpueblo); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi); Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep); Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS); Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR); Partido Obrero (PO); Partido Nuevo Mas; y el Partido Comunista Revolucionario (PCR).
Prosiguen las organizaciones denunciantes: “Estos hechos se enmarcan dentro de una profundización de la política de criminalización de la protesta (con más de 4.000 personas procesadas por luchar y la existencia de presos políticos, como son los 6 condenados de Corral de Bustos, provincia de Córdoba), el endurecimiento de la legislación represiva, con la sanción de la ley antiterrorista, el espionaje de trabajadores y militantes políticos (Proyecto X), la utilización de patotas o bandas armadas contra ambientalistas y trabajadores en lucha, así como los más de 20 asesinados en ocasión de protestas sociales durante los últimos dos años.
“La detención y posterior encarcelamiento en Campo de Mayo violó la garantía contra la detención arbitraria, sobre las condiciones de tales detenciones contendidas en el art. 18 de la Constitución Nacional y configura el delito tipificado en el art. 144 bis inc. 1 del Código Penal de la Nación.
“Nuestro pueblo ha luchado por más de 36 años contra la impunidad. La presentación de esta denuncia es una página más de la lucha contra la impunidad y por la vigencia efectiva de las libertades democráticas.
“Nunca más trabajadores reprimidos, detenidos ni alojados en unidades militares”, finaliza el comunicado.
