En primer lugar porque la clase obrera necesita tener una posición y una política independiente del Estado y de los patrones. En la Argentina oprimida y dependiente, el Estado y las patronales son hegemonizadas por los monopolios imperialistas y los banqueros y terratenientes que están en continua disputa entre sí, pero descargan la crisis, la explotación y la opresión sobre la clase obrera en su conjunto: ocupados, jubilados y desocupados.
En primer lugar porque la clase obrera necesita tener una posición y una política independiente del Estado y de los patrones. En la Argentina oprimida y dependiente, el Estado y las patronales son hegemonizadas por los monopolios imperialistas y los banqueros y terratenientes que están en continua disputa entre sí, pero descargan la crisis, la explotación y la opresión sobre la clase obrera en su conjunto: ocupados, jubilados y desocupados.
La Ley actual subordina toda la estructura sindical al Poder Ejecutivo nacional y termina decidiendo el Ministerio de Trabajo, a través del otorgamiento de personería, qué dirigentes gremiales participan y deciden en las paritarias; por lo tanto se tiene sujeto a la mayoría de los sindicalistas a la política del Estado y de los patrones.
La necesaria unidad
En segundo lugar, porque la clase obrera necesita la unidad más profunda, con una política independiente y para unir junto a ella a todos los sectores populares para no pagar la crisis, no retroceder en lo que han conquistado con duras y largas luchas, para enfrentar la inflación, la devaluación y el ajuste para forjar con la lucha una salida popular con su hegemonía con un nuevo proyecto de país que refunde la república, terminando con este podrido Estado oligárquico, corrupto, que garantiza la dependencia y el latifundio y la más brutal barbarie contra el pueblo, con el hambre, la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, la represión y la superexplotación.
La Ley 23551 está en profunda crisis y la estructura sindical sumamente dividida: cinco centrales, más de 12 federaciones nacionales divididas en dos, 1.500 gremios con personería, otros 1.500 con inscripción gremial reconocida y otros tantos sin reconocimiento. A esto se suman los cambios en la producción, la tercerización , el trabajo en negro, los contratos basura, la precarización, las privatizaciones, el aumento de la superexplotación, los avances tecnológicos, el surgimiento de nuevas ramas. Por sobre todas las cosas una continua y persistente lucha desde abajo, en largos y duros conflictos pone en crisis las estructuras de los jerarcas empresarios atados al Estado en muchos gremios. Este sistema sindical bajo la tutela del Ejecutivo nacional es el instrumento para la división; la lucha desde abajo y la confluencia con un programa son el instrumento de la unión de la clase.
La fortaleza obrera
En tercer lugar es necesaria la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales porque el poder de la clase obrera para llevar adelante sus tareas en la lucha económica, política, social e ideológica reside en la fortaleza de sus discusiones y decisiones democráticas, que se generan a partir de la asamblea de sección en los lugares de trabajo, y de la existencia de delegados de sección revocables por la base, en la fortaleza de los cuerpos de delegados y el mandato de sus secciones, hacia la asamblea general y las decisiones de ésta hacia las directivas. Hoy no son las asambleas y los cuerpos de delegados de los lugares de trabajo, ni de las ramas la autoridad de la estructura sindical los que deciden, sino que termina siendo el ministro de Trabajo. Y en la discusión de paritarias y de la política de la clase, 4 o 5 jerarcas deciden por centenares de miles qué se reclama: la muestra más clara es que solo el 13% de los lugares de trabajo tienen delegados –lugares de gran concentración de la industria y sectores del Estado–. Los trabajadores imponen su autoridad en donde luchan duramente y la mayoría de la clase no tiene delegados: es el fruto de la ley sindical. Debe invertirse totalmente quién es la autoridad, para garantizar la democracia más profunda: hoy la estructura es tan limitada que se exige más condiciones para ser delegado o directivo que para ser candidato a presidente o diputado. El poder de los cuerpos de delegados en la historia del sindicalismo argentino ha quedado claro: en la resistencia peronista, en la lucha contra las dictaduras, en el histórico Cordobaza, en la riquísima historia de lucha de la clase obrera argentina, en la lucha de los desocupados desde el Cutralcazo y el movimiento piquetero en los últimos 14 años.
El tema legal
Hay que derogar la 23.555, además, porque la disputa entre sectores de las clases dominantes y la propia crisis del sistema sindical abrió la puerta a tres fallos de la Corte Suprema. Son fallos que no cambian de fondo sobre quién es la autoridad, pero que habilitan la elección de delegados afiliados a un sindicato simplemente inscripto, el fuero sindical del mismo, y otorgan derecho a representación paritaria a un gremio simplemente inscripto. Esto puso en jaque a la cúpula sindical. Ha abierto la puerta al más amplio debate de masas sobre la organización de la clase obrera, más cuando el Estado argentino no cumple con las resoluciones de la OIT, particularmente la 83 de libertad sindical pese a que sigue siendo intimado año a año a cumplirla. Hoy son otras las condiciones a las de hace treinta años, cuando se derrotó la ley Mucci, impulsada por las patronales y el gobierno alfonsinista a la salida de la dictadura para debilitar el peso de la clase obrera que se había ganado como principal protagonista en la lucha antidictatorial.
Hoy, los peores jerarcas empresarios son una importante reserva para sostener el régimen oligárquico y su Estado corrupto, por eso se disponen a defender a capa y espada la ley 23.551 como están haciendo los “Gordos” y otros colaboracionistas del gobierno K.
La propuesta de la CTA
La CTA encabezada por Micheli cambió de fondo su posición sobre el sistema sindical, y ha propuesto un proyecto de Ley que deroga la 23551 y crea un sistema sindical donde la autoridad no será el Ministerio de Trabajo, con lo cual acordamos. Propone un sistema libre supervisado por la justicia laboral. Desde ya, esto no es ninguna garantía de progresismo. Propone un sistema más libre y democrático basado en el reconocimiento por simple inscripción de todos los gremios; iguala el poder de las directivas de los distintos gremios en las negociaciones paritarias con las patronales con un criterio de proporcionalidad. Aunque establece la figura del sindicato más representativo para la elección de delegados, aún es una propuesta limitada y sujeta a discusión con respecto al cambio radical de quién debe ser la autoridad: si la sección, el cuerpo de delegados y el congreso de delegados de la rama o la coordinación interrama de los delegados de lugares de trabajo de un mismo monopolio, o las comisiones directivas; y si los primeros son solo deliberativos y de consulta, o resolutivos.
Hoy, los clasistas revolucionarios debemos llevar con ofensiva la discusión política al seno de toda la clase obrera en sus tres afluentes, y particularmente en los grandes centros de concentración de la ciudad y el campo, propagandizar los argumentos con los cuales se debe desatar la lucha y pelear por encabezarla para no seguir pagando la crisis, contra la inflación y la devaluación, por $8.500 de sueldo mínimo vital para todos los afluentes en la zona central, en el camino de la canasta familiar digna que hoy llega a $13.500 para el inicial.
En el inicio de la discusión de paritarias, debemos también librar una batalla política contra los argumentos de los kirchneristas y los colaboracionistas, así como contra los conciliadores que argumentan la defensa de la gobernabilidad.
La batalla por derogar la ley 23.551 exige discutir cada argumento político y preparar los cuadros para que estén preparados para esa discusión entre las masas obreras. Debemos llevar bien claro cada propuesta y cada argumento. Mucho más cuando se está montando una maniobra para sacar un decreto reglamentario nuevo de la misma Ley 23.551 en acuerdo con Cristina, que es cambiar algo para que no cambie nada de fondo. Debemos derrotar esta maniobra y exigir un debate profundo y amplio en todo el país y en el Congreso. No quieren ir a esta discusión, se animan a discutir la propuesta del reaccionario nuevo Código Civil y Comercial, pero le temen a una nueva ley sindical.
Debemos crear urgentemente talleres de debate, análisis y estudio de la ley, de nuestra propuesta, la de la CTA, y también de la que propone Facundo Moyano. Organizar desde allí la propaganda intensa y empujar la confluencia con todas las fuerzas sindicales para arrancar, desde abajo, el paro nacional multisectorial que la realidad exige para poder torcerle el brazo a la política del gobierno de Cristina.
