Tras las movilizaciones del miércoles al Congreso de organizaciones y familiares de discapacitados, junto a las y los jubilados, al día siguiente marcharon hasta allí cientos de trabajadores del INTI, el INTA, Vialidad Nacional, el Hospital Garrahan, el Frente Sindical Universitario, junto a gremios y organizaciones sindicales y políticas solidarias con los reclamos.
La Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal descargaron una violenta represión sobre los manifestantes con gases lacrimógenos y golpes, atacando incluso a dirigentes presentes como Juan Carlos Schmid (secretario general de la CATT) y Mariano Vilar (secretario general de Conductores Navales). La represión no pudo impedir la derrota política dentro del Senado.
Qué se aprobó y qué decretos se rechazaron
En primer término, una amplia mayoría superior a los dos tercios aprobó nuevamente una Ley de Financiamiento Universitario, similar a la vetada por Milei el año pasado. Los puntos principales de esta ley son: la reapertura de paritarias congeladas desde octubre, fondos para funcionamiento, becas, ciencia y tecnología y la creación de un fondo especial indexado por inflación para carreras estratégicas.
El Senado también sancionó, por 62 votos a favor y 8 en contra, la emergencia en pediatría por un año. Esta norma habilita la compra directa de insumos con financiamiento estatal y mejora las condiciones laborales del personal de salud. El artículo 4 reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y obliga a garantizar su funcionamiento. Además, deja sin efecto la reforma del régimen de residencias médicas impulsada desde el Ministerio de Salud.
Luego se rechazaron cuatro “decretos delegados”. El primero de ellos es el Decreto 462/25 con el que el ministro Sturzenegger reformó el INTI y el INTA, echando cientos de trabajadores y eliminando su autonomía.
El siguiente rechazo fue el del Decreto 461/25, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial. Fuera del Congreso, trabajadores de Vialidad –incluso delegaciones venidas desde provincias como Chubut- denunciaban el desastre en las rutas que está causando la paralización del organismo, todo en función de la privatización de las rutas más rentables.
También se volteó el Decreto 351/25, que modificaba el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo clave en las políticas de memoria, verdad y justicia.
El Decreto 345/25, que facultaba al Poder Ejecutivo a intervenir y reorganizar organismos culturales como el Instituto Nacional del Teatro y los institutos Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas, fue rechazado por 57 votos, con 13 a favor y una abstención.
Desde Cultura en Alerta, y en conjunto con una enorme cantidad de colectivos culturales, plantearon que “seguiremos defendiendo la cultura popular, nacional y democrática de los ataques del gobierno de Milei”.
Como los decretos “delegados” ya habían sido rechazados en Diputados quedan sin efecto. Por eso ATE denunció por ilegal el “pase a disponibilidad de casi 300 trabajadores del INTA”, realizado por el gobierno, después de la votación en el Senado.
Finalmente, una amplia mayoría de 55 senadores rechazó el decreto de necesidad y urgencia 340/25, que instauraba un régimen de excepción para la marina mercante nacional, restringiendo el derecho de huelga, calificando al sector de “servicio esencial” y permitiendo el ingreso de buques de bandera extranjera en nuestros mares, ríos y puertos.
La creciente y persistente movilización popular una vez más agudizó las contradicciones dentro del Congreso, permitiendo la aprobación de proyectos contrarios a la motosierra que defiende este gobierno hambreador.
Foto: La Prefectura y la Policía Federal de Bullrich reprimieron a transportistas.
hoy N° 2074 27/08/2025
