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18 de septiembre de 2020

Desalojo a la calle, relocalización o consolidación urbana

Escribe Rodolfo Schwartz, diputado provincial del Partido del Trabajo y del Pueblo, Interbloque Frente Chaqueño

La disputa histórica por la tierra

Todo el proceso de la conformación del Estado argentino, estuvo signado por la disputa de la tierra.

Esto es así, desde la propia Revolución de Mayo que abrió el proceso independentista.

No triunfaron los Moreno, Belgrano, Castelli, San Martín, que pretendían democratizar la tierra para criollos y originarios y un desarrollo independiente, con la consigna “Ni amo viejo, ni amo nuevo. Ningún amo”. Alguno de ellos tuvo una muerte dudosa, otros en la mayor de las pobrezas o en el ostracismo.

Triunfaron los que querían concentrar las tierras en pocas manos, en grandes latifundios y estancias, buscando afuera quien les compre, iniciando un camino de nueva dependencia. Es la matriz que marca el desarrollo deformado, injusto y dependiente de la Argentina. No desarrollaron la industria nacional y abrieron las puertas al capital extranjero. Estos con poco, se llevaron muchísimos de nuestros recursos y el trabajo de nuestros obreros.

 

Los históricos usurpadores y los despojados históricos

La Constitución Nacional de 1994 reconoce la preexistencia de los Pueblos Originarios, en lo que hoy es suelo argentino. Hasta la década de 1880, desde el Río Salado en el sur, hasta Tierra del Fuego y la zona del Gran Chaco, en el nordeste, estaban pobladas por estas naciones y pueblos. El general Roca en la Patagonia y el general Victorica, en el “desierto verde” de nuestra zona, llevaron a fondo ese ideario de los que hegemonizaron nuestras luchas libertarias. Con la misma bandera de esas gestas, pero con otros objetivos, la usaron para usurpar esos territorios a sangre y fuego, en nombre de la civilización, arrasando con quienes vivieron miles de años en esos territorios. En nombre de ella, castraban a los hombres, violaban a las mujeres y las traían a la capital, para el trabajo doméstico. Un puñado de familias tradicionales y “bien educadas”, se quedaron con centenares de miles de hectáreas. Creció el latifundio terrateniente, coronando la disputa que comenzó con nuestros patriotas de Mayo. Se pusieron sus nombres a ciudades, pueblos, calles, escuelas y hasta su foto de esa campaña exterminadora, en el billete de 100 pesos.

En lo que ahora es nuestro Chaco, Victorica fundó Presidencia Roca en 1884, en nombre del avance de la civilización. En el acto de fundación clavó en la punta del asta de la bandera, la cabeza del máximo y combativo Cacique Qom de la zona, Yaloschi, como lo escribe orgulloso en su Diario.

 

Las concesiones

Se iniciaron las grandes concesiones de tierras de miles de hectáreas a capitales extranjeros para poner al pueblo argentino a su servicio. A La Forestal inglesa en el sur del Chaco y norte de Santa Fe, más de 80 mil hectáreas para los del Reino Unido de Gran Bretaña y su Ingenio Las Palmas y 240 mil a Bunge y Born, la mitad en la zona de Presidencia Roca hacia el norte y la mitad en Formosa, a principio del siglo pasado. Parcelas unifamiliares para los campesinos inmigrantes, principalmente en el domo central, que es donde precisamente se desarrolló el Chaco.

Los que muestran como ejemplo de desarrollo al imperialismo norteamericano, no dicen que el motor fundamental del mismo fue la democratización y la entrega de tierras, con las carreras de carretas que iban marcando el campo de sus familias con banderillas, por orden de llegada para afincarse, producir y dar inicio a sus crecientes industrias. Acá, mientras concentraban la tierra, pasaron de los saladeros a los frigoríficos con inversiones extranjeras, con un sistema de ferrocarriles y puerto que le sirviera para llevársela, junto con lanas y cueros. Se llevaron fortunas de la producción del pueblo argentino, mientras conseguían socios nativos, que se transformaban en defensores de esos intereses extranjeros. En los últimos cuatro años la principal forma en que se llevaron fortunas fue con la especulación financiera armada por la política del gobierno y los funcionarios del Banco Central, que al mismo tiempo, eran agentes de Bancos y Fondos de Inversión internacionales.

 

La entrega a precio vil de la tierra a los amigos

El Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco, en 2005, presentó un informe a la Cámara de Diputados de la Provincia, donde demostró que se estaban vendiendo a precio vil de hasta $0,60 centavos la hectárea, violando todas las leyes y la Constitución Provincial, usando el Instituto de Colonización como inmobiliaria para entregársela a sus amigos. Fueron casi 2 millones de hectáreas. Eso está documentado. Por lo tanto, sería bueno ver de qué forma adquirieron las mismas, quienes no siendo campesinos las tienen a su nombre y acusan actualmente a los originarios como usurpadores.

 

Las causas estructurales y las políticas de expulsión

Esta estructura latifundista y dependiente, se creó en estos 200 años. Hubo mayoritariamente políticas que las consolidaron, estimulando proyectos agroexportadores y pocos defendiendo el mercado interno, la industria nacional, el desarrollo nacional autónomo. Esto fue principalmente en los gobiernos de Perón, sin lograr romper con la dependencia. Con la misma base agroexportadora otros gobiernos, buscaron y buscan otras potencias en quienes apoyarse en la disputa entre ellas.

Es posible usar las disputas interimperialistas, pero como no hay imperialismo bueno, te abandonan si no les conviene o se termina cambiando de amo. En las últimas décadas se vio en América, que es un camino de derrota. Estos imperialismos supuestamente amigos, anteponen mantener sus negocios, como se vio en el golpe a Evo en Bolivia, donde rusos y chinos lo dejaron solo y reconocieron al gobierno golpista.

La política sojera, aceleró como nunca el éxodo a las grandes ciudades, capitales de provincias, Gran Buenos Aires y Gran Rosario. Producto de ese desangre del campo, se fueron 25.000 productores en las últimas décadas. Muchos se asientan donde pueden, en zonas bajas, a la vera de lagunas y ríos, en tierras inexplotadas, sin alambrar y sin mejoras en el campo.

La concentración de la tierra rural y urbana en pocas manos, las políticas expulsivas y de empobrecimiento, la destrucción de la industria nacional y pymes, con la desaparición de decenas de miles de puestos de trabajo en los últimos 4 años, la falta de construcción de viviendas y el aumento de la pobreza que agudizó la pandemia, impide a miles pagar el alquiler de una miserable pieza.

 

Se atacan las consecuencias

Describimos una política que en distintas etapas fue violatoria de los más elementales derechos humanos con la conquista de territorios primero y sus leyes que defendían lo que se denomina “Masacre Estatal” o “Crímenes de lesa humanidad” y posteriores, como la Masacre de Napalpi, de reciente muy trascendente reconocimiento. Posteriormente violaron la Constitución Provincial y de las Leyes de Tierras vigentes. Lo hicieron desde el poder y por eso hasta ahora están impunes.

 

La calificación de delito de usurpación

Lo que es un delito de usurpación está tipificado en el Código Penal, en el Capítulo VI-Usurpación, su Artículo 181. Dice: … “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que 1. Por violencia, 2. Amenazas, 3. Engaños, 4. Abusos de confianza, 5. Clandestinidad, despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, …” Sin cumplir con estos requisitos, no se puede imputar usurpación y por lo tanto delito. Esta claramente expresado en el Código Penal, como está claramente expresado en la Constitución Nacional y Provincial, el derecho a la vivienda y la obligación del Estado a resolverlo. Hay derechos privados y colectivos en colisión y se deben crear las condiciones para resolverlo correctamente. Cuando se necesita trazar una ruta que pasa por un campo, se expropia el mismo, porque se hacen prevalecer los derechos colectivos sobre el individual.

Empujados por esta situación, expulsados del campo donde avanza la soja, los desmontes y la contaminación, hacinadas 2 o 3 familias en una casa de hasta 20 personas, desalojados de la piecita por no poder pagar, se producen estas situaciones de ocupaciones en aumento.

Es verdad que especuladores se montan sobre esta necesidad de miles y tratan de usarla, pero no es lo que predomina y no se debe desviar la atención de lo que es un fenómeno social de amplias masas y en crecimiento, porque las condiciones sociales, de trabajo, de producción, de salud, se han agravado, con el crecimiento de la desocupación y el hambre, en los últimos años donde no se construyó una sola vivienda y ahora agravado por la pandemia.

Se quieren atacar las consecuencias sin resolver el problema

Es equivocado el camino de creer que se resuelve con el desalojo compulsivo y con represión, para dejar familias enteras en la calle. Eso es incumplimiento de deberes de funcionario público.

En primer lugar es necesario conocer la realidad dolorosa de miles de familias y las causas por las que no se cumple con lo prescripto en la Constitución Nacional y Provincial, respecto al derecho a la vivienda. Se resuelve con acciones desde el Estado, relevando quienes están, cuántos son, de donde vienen, cuál fue su último trabajo, cuál es su ingreso familiar, porqué vinieron allí y comenzar a ver alternativas de resolución del problema, que puede ser la relocalización de las familias o la consolidación urbana con la compra acordada o expropiación, para iniciar un proceso de urbanización.

La resolución no puede ser dejarlos con sus precarios muebles, chicos y ancianos en la calle, sin dar solución alguna. Sólo al dueño del predio, que en muchos casos no tienen ni un alambrado, por lo tanto se entró al mismo sin violencia. Un tema particular son los que reclaman y denuncian usurpaciones en al campo, cuando deberían explicar cómo adquirieron esas tierras rurales, violando todas las leyes, siendo en realidad a quienes se debería desalojar para recuperarlas.

Es necesario suspender de inmediato los desalojos, hasta que se supere la pandemia para no agravar aún más la situación sanitaria y social, se ponga en marcha urgente la Ley de Emergencia Habitacional y Laboral, recientemente aprobada, para implementar el Programa que se sintetiza en la consigna TIERRA, TECHO y TRABAJO, crear un Banco de Tierras y dar uso con planes y proyectos ejecutivos, a los terrenos del ex Campo de Tiro, recientemente logrados.