La trata de mujeres y niñas/os para la explotación sexual es en la Argentina parte de nuestra vida cotidiana. La desaparición de una joven en cualquier lugar pone como primera hipótesis en cada caso la posibilidad de secuestro para fines de trata. Y lo que surge como primera respuesta de las familias, la gente que los rodea, y organizaciones, especialmente de mujeres, es la movilización popular reclamando la urgente aparición.
La trata de mujeres y niñas/os para la explotación sexual es en la Argentina parte de nuestra vida cotidiana. La desaparición de una joven en cualquier lugar pone como primera hipótesis en cada caso la posibilidad de secuestro para fines de trata. Y lo que surge como primera respuesta de las familias, la gente que los rodea, y organizaciones, especialmente de mujeres, es la movilización popular reclamando la urgente aparición.
En estos caminos de lucha en que nos hemos encontrado en tantos lugares del país, hemos sabido ver la negación y entorpecimiento de parte de la Justicia de las búsquedas, la gran solidaridad que rodea los casos de parte de familiares, amigos y conocidos, que comienzan a encontrar las formas de rastrear los celulares y sus recorridos geográficos, y muchas veces, cuando se ha tratado de casos de trata, la respuesta ante la denuncia pública, ha sido la liberación de las víctimas.
Otras veces las campañas con fotos han logrado individualizar a las chicas secuestradas por personas desconocidas, logrando así el rescate.
Y también hay muchos casos de jóvenes que logran escapar de sus captores. Aquí el problema es que muchas veces, la policía devuelve a las víctimas a sus captores, por el grado de complicidad que existe entre los tratantes y el Estado.
Frente a esta angustiante situación, en un largo camino recorrido, podemos concluir que el principal problema en los casos de trata, es la complicidad del Estado. Ya sea por acción u omisión.
Esta complicidad fue la que no toleró el pueblo cuando el tribunal tucumano resolvió absolver a los tratantes de Marita Verón. La absolución indignó a la gran mayoría del pueblo, que se dio cita en forma masiva y espontánea en las plazas del país repudiando el fallo judicial.
Esta reacción marca un antes y un después en la lucha de las mujeres y el pueblo contra la trata. Porque mostró hasta qué punto el problema de la trata es un problema que el movimiento popular ha tomado en sus manos.
Son muchas las cuestiones que se pueden abordar en relación a la trata. Una de ellas es la forma de captación, que suele ser mediante el secuestro violento, o mediante el engaño. Esta última forma, muy común, incluye muchas veces en el caso de menores de edad, lo que se llama fuga de hogar, y algunas autoridades provinciales, en el afán de negar la existencia de la trata, como las jujeñas, se han empeñado en contraponer la fuga de adolescentes a la trata, cuando la fuga justamente pone en situación de vulnerabilidad a la joven, lo que la convierte en un posible víctima de trata.
El engaño con el ofrecimiento de un “trabajo” en otra localidad, o un “novio” que primero enamora y después entrega o prostituye, son los caminos que conocemos como más habituales.
La situación de vulnerabilidad de estas víctimas se relaciona principalmente, en el caso de quienes son reclutadas con la promesa de un trabajo falso, con ser madres y tener hijos a cargo y atravesar problemas económicos, y muchas veces una historia de violencia familiar y abuso sexual.
El secuestro violento lo vemos también habitualmente. En Tucumán las trafics blancas que esperaban a las jóvenes que salían de los boliches, han sido más que conocidas. Antes se señalaba que los captores estudiaban a las víctimas antes de proceder al reclutamiento. Hoy podemos asegurar que suele hacerse bastante al tanteo, seguramente por el crecimiento del negocio y la red de reclutadores, muchos de ellos bastante inexpertos, o tal vez demasiado despreocupados por la impunidad que tienen garantizada.
Cuestión de género
El 98% de las víctimas de casos de trata en nuestro país, según un relevamiento de casos judicializados desde el 2009 al 2011, son mujeres.
Este relevamiento, limitado, demuestra que la trata de personas para la explotación sexual tiene que ver con la problemática de género, donde los cuerpos de las mujeres son apropiados para el placer sexual y el negocio; es decir, donde la sexualidad y el cuerpo de las mujeres son mercancía.
La trata interna (reclutamiento de argentinas) predomina sobre la externa. Pero sabemos de mujeres de Bolivia, Paraguay y Republica Dominicana, entre otras, explotadas en nuestro país, ingresando en su mayoría a la Argentina por pasos habilitados y con documentación.
La salida ante el flagelo de la trata
Desde los diversos movimientos populares y de género se han intentado dar respuestas a la problemática. Una primera respuesta inmediata es la movilización popular ante la desaparición de una joven, su búsqueda, y la exigencia al Estado para que desarticule las redes, para que encarcele y condene a los autores y cómplices, y desde ya asista y de protección a las víctimas. Esto último tanto para garantizar el proceso contra tratantes, como para que las mujeres puedan recobrar una vida en libertad, sin violencia, con todo lo que ello requiere (garantizar vivienda, seguridad, trabajo, asistencia psicológica, etc.).
Otra de las cuestiones fundamentales hace a acabar con el negocio de la trata. Esto por un lado implica que dejen de existir los negocios que permiten el comercio de las mujeres esclavizadas. Y esto tiene un aspecto voluntario, y otro que hace a la prohibición y las penas.
El gobierno nacional, tuvo cajoneada la reforma de la ley de trata hasta que el repudio popular se hizo sentir ante el fallo que absolvió a los tratantes de Marita Verón. La reforma fue muy importante, porque estableció que el “consentimiento” de un víctima de trata no elimina la responsabilidad penal de los autores y cómplices. Y estableció lo que sigue sin funcionar: la asistencia a las víctimas. Desde ya el gobierno se ha dado una política concreta de captación de la organización que dirige Susana Trimarco, mamá de Marita, una luchadora incansable en la búsqueda de su hija y en el rescate de otras jóvenes de las redes de trata. De hecho en Tucumán, el gobierno nacional tercerizó en esta fundación la lucha contra la trata, como ha hecho con otras cuestiones sociales, en vez de que sea el Estado el que en forma directa asuma esas responsabilidades.
Y luego Anibal Fernández encabezó la aprobación de la ley que penaliza a los clientes, pero que es prácticamente un “chiste”.
Es que la ley que modifica el art. 127 bis del Código Penal, pena a los que procuren servicios sexuales de una persona cuando las sepan o deban saberlas víctimas de trata. ¿Cómo probar ese conocimiento? Es una ley demasiado limitada, ya que lo que necesitamos es que se pene a toda persona que procure un servicio sexual. Y que este comercio, que hace de los cuerpos de las mujeres mercancía, degradándolas, deje de existir.
El flagelo es demasiado grave, profundo, como para que vacilemos en terminar con el mismo de esta forma, en pos del ejercicio libre del “trabajo” de quienes lamentablemente optan –por no tener otra opción- por la prostitución. Es necesario un plan en el marco de una verdadera política pública, que cierre los lugares donde se ofrezca sexo, y que garantice una verdadera opción de trabajo a quienes hoy se prostituyen “libremente”. Y que se condene a los proxenetas y tratantes.
