Los imputados están acusados de administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita. Cuatro de ellos, exdirectivos, quedaron presos. La pesquisa se inició por la denuncia de un accionista. integrante del clan familiar.
Esta persona afirmó que los exdirectivos seguían ejerciendo poder y pagaban gastos personales con fondos de la empresa. Ello derivó en un allanamiento que Moreno pidió en diciembre del 2023. La investigación continúo y derivó en esta imputación.
Narvaja explicó que el daño fue de un poco más de 800 millones de pesos nominales. Si se toma en cuenta que estos gastos se produjeron desde finales de 2019 hasta el 2024 y tomando como parámetro de salario mínimo vital y móvil en virtud para calcular la devaluación “a valor de hoy son 6 mil millones de pesos”.
Otra cuestión es el cobro de honorarios de los abogados que los defienden en la investigación penal, que por la investigación fiscal se conocieron los montos. Estos abogados son personas reconocidas en Rosario, y dos son docentes en la Facultad de Derecho de la UNR. Jorge Ilharrescondo es actualmente -entre otros roles- abogado del gobernador Maximiliano Pullaro y uno de los jurados del concurso para elegir fiscales santafesinos. Daniel Cuenca es especialista en cuestiones penitenciarias y fue el primer ministro de Seguridad del gobernador socialista Hermes Binner. Un tercer defensor indicado es Andrés Indalecio Ghio.
La fiscalía dijo que de los 19 acusados, trece son exdirectivos ya habían sido imputados. Se agregaron otros tres directivos como integrantes de asociación ilícita además de los directivos actuales —presidente, vice y director— también imputados por este último delito. Los cuatro que quedaron presos están sindicados como jefes de la asociación ilícita: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti.
Los quince restantes tienen medidas restrictivas de la libertad, no pueden comunicarse con los detenidos, no pueden salir del país, deben afrontar una fianza y presentarse mensualmente ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
También se conoció, que los directivos de la agroexportadora pagaron a periodistas de Buenos Aires, como Luis Majul y Alfredo Leuco, para que “desinformen” sobre la actuación de los fiscales. También recibió sobres el periodista Bernardo Basombrío, periodista agropecuario y escritor, conocido por su labor en la difusión de contenidos vinculados al sector agroindustrial. Es autor del libro “¡Exprópiese!”, donde aborda la historia de la empresa Vicentin desde una perspectiva favorable a los exdirectivos de la firma.
Los trabajadores
En paralelo, Vicentin no está pagando los sueldos y tienen todas las plantas paradas. Mientras pidieron autorización para hacer un duro ajuste argumentando la falta de liquidez, los ejecutivos que manejaban la empresa al momento de provocar el mayor default de la historia del mercado de granos, se retiraban llevándose casi $2.000 millones.
La preocupación tiene anclaje en las derivaciones sociales y económicas que puedan desencadenarse con la cada vez más inminente quiebra. En ese escenario latente, el Nodo Norte dejaría de ser atractivo para eventuales nuevos propietarios y, con ello, el futuro de 1.600 familias con empleo directo en emprendimientos del otrora coloso industrial entraría en severo entredicho. Se estima que por cada empleo directo hay dos empleos anexos, por lo que el cuadro se tornaría en extremo complejo con la desaparición de la fuente laboral.
Todo a la espera de que se defina si la Corte Suprema tomará el recurso de la empresa radicada en Avellaneda y, bajo el influjo de los aires de época, le permitirá salirse con la suya, mientras tres mil obreros viven con angustia su futuro laboral.
El diputado Carlos Del Frade sostuvo: “Lo veníamos diciendo desde la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Había que correr el velo para que quedara evidenciada la ecología de 32 empresas del grupo como tantas veces se le dijo al juez de Reconquista, Fabián Lorenzini”,
Asimismo, el legislador del Frente Amplio por la Soberanía expresó que, “entre tantas horas de palabras, opiniones y datos, es necesario insistir en la necesidad de preservar los 1.300 puestos de trabajo directos y 4 mil indirectos, al mismo tiempo de profundizar las investigaciones sobre responsabilidades políticas en semejante vaciamiento y extranjerización no solamente de Vicentin si no también del comercio exterior de granos de la Argentina, el principal negocio del país”, exigió el diputado.
“Es legítimo saber qué pasó y quiénes fueron los responsables no solamente de los delitos económicos si no también de quiénes miraron para otro lado y hasta alimentaron las maniobras del grupo dirigencial que usaron lo mejor de la historia de más de noventa años del grupo en beneficio propio y en desmedro de muchísima gente”, agregó Del Frade.
hoy N° 2054 08/04/2025
