Señor Director:
Señor Director:
Leí con bastante sorpresa el editorial del lunes 14 de marzo referido al default de la deuda, en el que se habla de la necesidad de reestructurar la que se encuentra pendiente, de honrarla, de la supuesta demonización del FMI; surge de la totalidad de la nota que la soberanía se construye cumpliendo con las obligaciones que tiene el país. Y digo sorpresa, porque este diario publicó en el año 1999 una extensa nota sobre la investigación de la deuda externa que llevaba adelante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2.
Primeramente, creo que las deudas no se honran. Se pagan si se deben y si no se deben no se pagan, y se impugnan ante la pretensión de alguien de cobrar lo que no corresponde. Y cuando se habla de la deuda externa pareciera que existe un deliberado desconocimiento de su real constitución y negociación.
Se ignora que en ese tribunal federal existen tres causas penales en trámite, donde se investigan las distintas refinanciaciones de la deuda hasta 2005, en las cuales hay pericias, declaraciones de auditores del Banco Central, testimonios de funcionarios, documentos que evidencian la existencia de numerosos fraudes, ilegalidades y aun delitos de acción pública cometidos por funcionarios y empresarios privados cuya deuda fue estatizada en 1982.
Se ignora el probado perjuicio económico que significaron las distintas refinanciaciones que no fueron consensuadas a través de una libre contratación, sino impuestas por la banca acreedora, con la complicidad también probada del FMI, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que para esto violaron sus reglamentos y sus cartas constitutivas. Le aclaro que esto no es una apreciación personal, sino que presenté ante la justicia federal las pruebas respectivas.
Se ignora que el modelo de fraudes e ilegalidades para el endeudamiento argentino y sus refinanciaciones fue igual en otros países y en uno de ellos, Ecuador, se pudo acceder a todos los archivos, que mostraron cómo había sido el mecanismo fraudulento empleado por los acreedores con la complicidad de los funcionarios. Como miembro de la Auditoría de ese país lo pude verificar cabalmente.
Este singular proceso de ilegalidades que nadie se atreve a viabilizar cabalmente fue advertido por conocidos juristas, como el embajador Espeche Gil, el doctor Salvador M. Lozada y el doctor Augusto M. Morello, en la Argentina; los doctores Sandro Schipani y Pierángelo Catalano de la Universidad de Roma; Antonio Colomer Viadel, de la Universidad Politécnica de Valencia; André Franco Montoro, ex gobernador de San Pablo, entre una lista de ilustres estudiosos que por demasiado extensa me abstengo de citar.
Para no abusar del espacio, pareciera que también se ignora que el Código Civil argentino y los principios básicos del derecho administrativo determinan que los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta, así como todas sus consecuencias. ¿Cómo es posible, entonces, que lo ilegal pueda ser honrado y refinanciado?
Alejandro Olmos Gaona
Ex miembro de la Auditoría del Ecuador
