El nuestro es un país de origen, tránsito y destino de redes de trata de mujeres y niñas para la prostitución. Como todos los sufrimientos que están atravesados por grandes negociados, por la corrupción y el narcotráfico, no existen cifras oficiales sobre el tema. A pesar de esto, diversas organizaciones de mujeres estiman que en los últimos años 700 mujeres desaparecieron en nuestro país, secuestradas por redes de trata de personas para la prostitución.
Una vez que caen en las garras de las redes, son sometidas a un período que llaman de “ablande” (violaciones, drogas, torturas de todo tipo para quebrarles la voluntad), para luego ponerlas a “trabajar” en prostíbulos o entregarlas a redes de otros países. Las mujeres (en muchos casos niñas) son compradas por alrededor de 2.000 dólares, y, cuando las hacen atender clientes cada veinte minutos, es la ganancia que sus proxenetas obtienen de ellas ¡por día! Las hacen rotar de prostíbulos mensualmente, para evitar que alguien las ayude a escapar.
No hay lucha contra la explotación sexual, contra esta nueva modalidad de esclavitud del siglo XXI, si no se ataca a las redes de trata. Redes que integran empresarios, dirigentes políticos, jueces y gran parte de la policía que está cooptada por verdaderas organizaciones mafiosas.
El kirchnerismo hace anuncios con bombos y platillos pero, en lo concreto, los prostíbulos siguen funcionando, cientos de mujeres siguen desaparecidas y los proxenetas siguen circulando libres por las calles. Por eso es preciso continuar la lucha de las mujeres, exigir medidas de fondo, y lograr desmantelar las redes de esclavitud que crecen día a día.
En este 23 de septiembre, redoblamos la lucha para que aparezcan con vida todas las mujeres secuestradas para la explotación sexual, y exigimos al gobierno nacional medidas que vayan a fondo en el desmantelamiento de las redes mafiosas de trata. Su inmovilidad, lo hace cómplice.
Primer juicio por trata en la ciudad de Mar del Plata
En el mes de abril se inició el primer juicio oral por trata en la ciudad de Mar del Plata, siendo éste el segundo juicio a nivel nacional luego del escandaloso fallo del caso Marita Verón. Condenaron a 7 imputados que representaban una red de complicidades que implicaba al poder policial, proxenetas, captores, abogados y personal de migraciones.
Se trataba del prostíbulo “Dulcinea” ubicado detrás del estadio deportivo de la ciudad. Esta red capturaba jóvenes mujeres de República Dominicana bajo la promesa de trabajos falsos. El engaño, las amenazas, las deudas y multas inventadas por los proxenetas, y el encierro fueron las tácticas que esta red mafiosa utilizó para esclavizar y explotar sexualmente a las mujeres.
Si bien este juicio es un hecho importante que lo atribuimos a la presión social ejercida por el movimiento de mujeres, y a la reacción que provocó el escandaloso fallo por el caso de Marita Verón, este gobierno ha puesto innumerables trabas para avanzar en el desmantelamiento de las redes.
La ley aprobada en el 2012 no se ha reglamentado aún, pero además, el proyecto de Reforma del Código Penal presenta un retroceso en las condenas referidas a los casos de trata. Pero el gobierno no es solamente un obstáculo, sino que también es cómplice directo a través de las fuerzas de seguridad que representan al Estado, liberando las fronteras para el ingreso de mujeres y niñas, garantizando el narcotráfico y recibiendo las coimas del negocio. Incluso, algunos funcionarios del oficialismo promocionan la existencia de lugares donde se ejerce la explotación sexual, como el caso del jefe del bloque kirchnerista de Santa Cruz que considera la existencia de prostíbulos como una solución a las violaciones que suceden en la calle.
