Acuerdo por arriba. El primer día de haber asumido el nuevo gobernador radical, Rodolfo Suárez, presentó el proyecto de modificación de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas para la minería. Entre sus argumentos se encontraba la dramática situación de la provincia: economía parada, deuda gigantesca, pobreza superior al 37% y desocupación de casi dos dígitos. Implícitamente reconocía las consecuencias de las políticas de Macri y Cornejo, aunque sin poder decir explícitamente que era un problema de la “herencia recibida”.
Para afrontar esta situación, Suárez apostó a la megaminería, con la intención de obtener “ingresos frescos”. Obtuvo el apoyo rápido de los monopolios extractivistas que venían haciendo lobby, y logró el acuerdo con la dirigencia del PJ. A su vez, creyó que el 50% de los votos con los que había ganado le otorgaban la “licencia social” para este cambio. Con este “consenso”, Suárez logró modificar la 7722 mediante un tratamiento legislativo exprés, permitiendo el uso del cianuro y sustancias tóxicas, entre otras medidas.
La pueblada del agua
Si bien existieron protestas previas, y durante el tratamiento legislativo, la lucha tuvo un cambio cualitativo y cuantitativo posterior a la modificación. El punto de inflexión fue la gigantesca marcha de más de 100 km que realizaron a pie desde San Carlos a la Casa de Gobierno. Esa movilización que marcó el camino, y la sensación en miles, de que la lucha era lo único que quedaba, que se rifaba un recurso vital, que habían acordado a espaldas del pueblo; todo eso despertó al gigante dormido. Estalló una verdadera pueblada popular, agraria y federal, no hubo departamento que no saliera a la lucha. Se multiplicaron las marchas y cortes de ruta como en Alvear y Maipú, enormes movilizaciones en Tunuyán y San Rafael, concentraciones multitudinarias en San Martín y los departamentos del este. Cortes de rutas internacionales en Uspallata, marchas en Lavalle, escraches en Junín, etc. Incluso en Malargüe se realizaron protestas.
La movilización del lunes 23 de San Carlos a Casa de Gobierno, posterior a la modificación, es considerada de las más grandes de la historia mendocina. Militantes de las Asambleas por el Agua, productores, vecinos, trabajadores, organizaciones sociales y políticas confluyeron en el reclamo: abajo la ley del cianuro. El gobierno soberbio y sordo, no recibió a los representantes, y a la tarde reprimió la protesta con gases lacrimógenos, balas de goma, golpes y persecuciones. Como combustible en el fuego, lejos de amedrentarse, la lucha creció y se multiplicaron las protestas desbordando el control policial y estatal. Como respuesta, emergieron los cacerolazos nocturnos, con movilizaciones gigantescas y autoconvocadas. La contabilidad se perdía ante la protesta de miles y miles que querían hacer escuchar su voz. “La 7722 no se toca”, “si tocan la cordillera, qué quilombo se va armar”, “el agua vale más que el oro”, “no hay vendimia sin 7722”, “si hay cianuro, hay Mendozazo”; se leía en los diversos carteles.
Varias intendencias se despegaron de la decisión del gobierno provincial y suspendieron sus fiestas vendimiales; y la comisión de reinas de la vendimia planteó la suspensión de la fiesta principal. Hubo protestas el 24 a la noche en distintas plazas departamentales. Autos y negocios con carteles en defensa de la 7722, familias brindando con pancartas, trabajadores agrupados que posteaban el reclamo. Comunicados críticos y expresiones de rechazo de los científicos del Conicet, de distintas instancias de la UNC, de la iglesia, de artistas y personalidades nacionales. Surgieron protestas coordinadas en distintas provincias, y Mendoza fue tapa en varias publicaciones internacionales.
Ubicando que no controlaba la situación y temiendo un desborde social mayor, el gobernador primero suspendió la reglamentación, y posteriormente tuvo que impulsar la derogación. La emoción y el festejo inundaron las calles mendocinas.
El agua no se negocia
La magnitud de la protesta tiene proporción con la magnitud del problema. Mendoza es una zona desértica, tiene un promedio de precipitaciones de 200 ml anuales, lluvias comparadas a regiones del Sahara. Los oasis que existen se nutren del agua de deshielo de los ríos de montaña. El agua es un recurso escaso y fundamental, sin embargo su uso está concentrado y se ha transformado en un negocio de la minoría. El gobierno mantiene un modelo de irrigación que beneficia a un puñado de terratenientes y monopolios extranjeros. A la vez, no hay obras para mejorar el aprovechamiento de este bien común. De los 14 mil km de canales de riego, sólo se encuentran impermeabilizados menos de un cuarto. Se pierde el 70% del agua.
En medio de la década más seca de la que se tenga registro, el gobernador intentó modificar la ley protectora del agua, que fue producto de la pueblada del 2007, impulsando la instalación de las megamineras, que utilizan millones de litros de agua y tienen el peligro de los derrames y la contaminación de las nacientes de los ríos, lo que tendría un impacto devastador para la región.
No se trata de mantener el actual modelo de agua, se trataba de evitar una profundización de la entrega y contaminación de un recurso vital para avanzar en un proyecto que coloque el uso del agua en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo.
Minería y matriz productiva
El gobierno busca enfrentar la crisis que ellos han generado, profundizando el modelo de saqueo que la ha producido, en la minería como en las demás actividades. De lo que se trata es de revertir la estructura de dependencia que deforma nuestra economía, que impide una verdadera industrialización y nos reduce a un modelo agroexportador, de concentración y extranjerización. Por ejemplo con el antiguo proyecto de potasio de la minera brasilera Vale, se buscaba la extracción de este material para su exportación en bruto. Este material es un ingrediente fundamental para los fertilizantes que adquieren los productores vía importación a precio dólar. No hay proyecto de industrialización provincial o nacional de este producto. Lo mismo sucede con el litio y otros elementos indispensables para la producción nacional.
En nuestro territorio nacional rige la ley minera del menemismo, que otorga super beneficios para las megas empresas, exenciones impositivas, ínfimas regalías, frágiles o nulos controles no sólo ambientales sino de los materiales extraídos, prohíbe la actividad de empresas estatales, etc. Durante los días en que modificaron la Ley 7722, aparecieron más de 20 proyectos mineros, la inmensa mayoría provenientes de capitales canadienses, rusos, norteamericanos y chinos.
El debate no es minería sí o minería no. El tema es qué tipo de minería se realizará (para exportar oro y elementos suntuarios o para obtener materiales para la producción nacional), con qué métodos (megaminería a cielo abierto con cianuro o métodos tradicionales y alternativos), y quién la realiza (grandes monopolios externos que se llevan superganancias o el Estado en base a las necesidades de la patria y el pueblo).
Es necesario avanzar en un verdadero desarrollo nacional y provincial, que industrialice nuestra cadena productiva y sustituya las importaciones a través de las PyMES, que desarrolle una agricultura vinculada al mercado interno y protagonizada por los pequeños y medianos productores. Este proceso no se realizará sin una intervención activa del Estado, asegurando el uso de nuestros recursos en beneficio de la mayoría.
Reflexiones finales
La pueblada del agua ha dejado varias conclusiones y enseñanzas. Entre ellas, la revalorización del poder del pueblo en las calles, que logró contra el acuerdo de los de arriba, dar vuelta una medida del gobierno. ¿Quién dice que no sirve luchar?, se leía en las redes. Esta reflexión se está procesando en cientos de miles de mendocinos/as, muchos de los cuales por primera vez participaron de las movilizaciones. Mientras algunos sectores planteaban la idea de una “Mendoza conservadora” por el resultado electoral, esta experiencia vuelve a demostrar que el proceso es más complejo, y que muchos que votaron a Macri participaron activamente de la protesta, la cual impactará en sus concepciones y prácticas.
Se han puesto en debate los mecanismos de representación, ya que los legisladores votaron en una inmensa mayoría una medida que fue rechazada por la inmensa mayoría del pueblo. Han quedado al descubierto, una vez más, los límites de esta democracia delegativa que sólo pide el voto cada dos años pero que restringe las deliberaciones y decisiones a los representantes electos.
Crisis en la dirigencia
Por una parte el gobernador ha quedado debilitado al tener que echar marcha atrás una medida central para su gestión, situación que condicionará sus futuras acciones. También han quedado muy cuestionados los dirigentes del PJ que apoyaron la medida en acuerdo con el gobierno nacional. Vale rescatar que un pequeño grupo de legisladores del Frente votaron en contra. La crítica a esta decisión se expresó en las redes y en las calles, no sólo de votantes kirchneristas y peronistas sino también de amplios sectores independientes que apoyaron al Frente para derrotar al macrismo.
Desde el PTP y el PCR desde el primer momento manifestamos y actuamos consecuentemente en defensa de la 7722, porque entendíamos que se buscaba una licencia para el saqueo y la contaminación. Junto a otros partidos y movimientos, difundimos esta posición y participamos activamente de las distintas protestas, impulsando la movilización y organización desde los pueblos, como base social para enfrentar la medida del gobierno.
Después de esta gigantesca lucha nada volverá a ser igual en la provincia. La crisis económica no se ha resuelto y el gobierno buscará profundizar el ajuste y la entrega, sabiendo que no hay un pueblo manso enfrente. Por otra parte, los sectores populares tendremos que sacar enseñanzas de este proceso, estudiar las formas en que el pueblo decidió salir a la calle y sus métodos de protesta; reflexiones que servirán para avanzar en un camino que enfrente las graves urgencias sociales y abra los surcos de un proceso liberador.
Hoy N° 1797 08/01/2020
