Entre las y los que dieron la “malvenida” a Milei en Lomas de Zamora y en Corrientes se encontraban familiares de personas con discapacidad, que protestaban por el salvaje ajuste de las pensiones y subsidios.

Porque detrás de la corrupción que ha estallado por las coimas a medicamentos comprados por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), entre otros organismos oficiales, está el plan del gobierno de Milei, de eliminar miles de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC) y otros subsidios destinados a personas con discapacidad.

Con el verso de la reducción del déficit fiscal, la Andis inició en 2024 una “auditoría”, sobre las 1,2 millones de personas con PNC por invalidez laboral, que representan el 82% de las pensiones gestionadas por el organismo.

Por eso estamos viendo en las oficinas de la Andis escenas terribles, con personas a las que les falta un brazo yendo a “demostrar” que son discapacitados y necesitan de una pensión (ver testimonios).

Hasta agosto de 2025 se suspendieron oficialmente 110.522 pensiones, mientras decenas de miles más están trabadas, con excusas burocráticas.

Recordemos que una PNC representa el 70% de una jubilación mínima, que como sabemos este gobierno mantiene en niveles de miseria, por debajo del costo de la canasta básica.

En nuestro país, según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad de 2018 realizado por el Indec, se calcula que el 10,2% de la población argentina mayor de 6 años tiene algún tipo de discapacidad. Esto equivale a aproximadamente a 3.571.983 personas. Proyectando este porcentaje sobre la población total estimada en el Censo 2022 (46 millones de personas), se calcula que alrededor de 4,7 millones tienen algún tipo de discapacidad en Argentina.

Traemos estas cifras, porque el ministro de Economía y endeudador serial, Luis “Toto” Caputo, dijo, con la sangre en el ojo por la derrota del veto a la emergencia en discapacidad, que como en el 2001 había “75.000 personas con discapacidad”, esa cifra hoy no podría ser mayor a 100 mil, por lo que están injustificadas las más de 1,2 millones de pensiones.

Con esto pretenden esconder la “motosierra” a las pensiones y a las prestaciones en discapacidad, que forman parte de su plan más general, de este fenomenal ajuste a los oprimidos y explotados en favor de una casta de poderosos.

En el área específica de la discapacidad, el gobierno sacó el Decreto 843/2024, que restableció requisitos más estrictos, exigiendo una incapacidad laboral del 66% o más y eliminando la compatibilidad con empleo formal.

Es decir, no sólo aumenta la exigencia de porcentaje de “incapacidad laboral”, con criterios solamente médicos, sino que condena a la masa de discapacitadas y discapacitados que cobran pensión al trabajo precario.

Además, como han testimoniado en las masivas marchas en todo el país, familiares y prestadores, el gobierno recortó programas como el  Incluir Salud, que cubre medicamentos, tratamientos de rehabilitación y tecnología de apoyo para personas con discapacidad. También se suspendió el programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que brindaba apoyos específicos.

También congeló los aranceles a los prestadores, como hogares, centros de día, terapeutas o transportistas, a los valores de noviembre del año pasado.

A la par de destaparse el infame negociado de las coimas en medicamentos para discapacidad, crecen las denuncias al feroz ajuste. De las 470.000 citaciones enviadas por Andis para revalidar las pensiones, casi el 50% no llegaron a destino, y pese a eso se suspendieron miles de ellas.

Mientras aplica esta política infame, lo que salta con los audios de Spagnuolo (el echado director de la Andis) que destapa las coimas que iban a Karina Milei, son los negociados en medicamentos comprados por organismos del Estado.

Y aquí aparece la droguería Suizo Argentina (vinculada a la familia Kovalivker y a los Menem), que pasaron de tener contratos por 3.800 millones de pesos a cifras superiores a los $100.000 millones desde 2023 con los Ministerios de Salud, Defensa y Seguridad. En la causa judicial, se realizaron allanamientos a la sede central de la Andis, y a las oficinas de la Suizo Argentina.

Frente a la creciente lucha de familiares y prestadores, que logró un amplio consenso político y posibilitó la declaración de la emergencia en discapacidad en el Congreso que restituía derechos a las personas con discapacidad, la respuesta de Milei fue el veto.

La lucha no cesó, la unidad creció, y recientemente se obtuvo el triunfo de voltear el veto en Diputados. Ahora falta que se trate en el Senado, adonde movilizaremos masivamente cuando se trate, para ponerle un freno a la motosierra del gobierno, que ajusta a las personas con discapacidad, y se roba la plata de sus medicamentos.

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Testimonios de damnificados

“Capaz que me crece el brazo de vuelta”

En la puerta de una sede de Andis en CABA, conversamos con algunas de las personas que estaban tramitando sus pensiones. Un señor, al que le falta un brazo, nos decía que “me dieron de baja, sin aviso, nunca me dijeron nada, solo ellos nomás lo saben. De casualidad anduve por acá y me entero que no puedo cobrar, no estoy bien”, y agrega con bronca e ironía “Ya consulté, tengo que volver a hacer una auditoría. Capaz que me crece el brazo de vuelta, de un mes a otro cambia y ya no necesito más la pensión”.

Agrega nuestro entrevistado que “yo nací así, por eso tengo la pensión desde siempre. Este gobierno se toma el derecho de hacer cualquier cosa”, y cuenta que encima de tener que hacer todo el trámite de vuelta, le sacaron las medicaciones y le demoran meses en dar un turno en Andis. Nos despide con un mensaje: “Que traten de solucionar el problema porque se les viene abajo el gobierno. Y el pueblo manda, como siempre”.

Otra señora nos contaba que ni a ella ni a nadie le llegaron “las benditas cartas”, por lo que le suspendieron la pensión: “soy paciente de alto riesgo, tomo medicación de por vida y de un mes para el otro te encontrás sin la plata” y la hicieron pasar por distintas dependencias. “Para mí esto de las cartas son todas mentiras”, afirma, y relata los problemas de conseguir un turno en un hospital, “porque te dan un turno para varios meses, y yo me tengo que hacer un estudio cada 15 días, de por vida. Hace 17 años que estoy discapacitada y jamás me pasó esto, que le pasa a tanta gente. Tienen de dónde sacar la plata, porque la tienen”.

Fuera de micrófono, una señora angustiada nos contaba que es epiléptica, que los medicamentos le alcanzaban para una semana, y que no tiene dinero para comprarlos. Otra señora, con una discapacidad mental, se puso a llorar por la imposibilidad de conseguir la documentación que se pide en plazos tan cortos como se exigen, reafirmando que es la primera vez que pasaba algo así.

hoy N° 2075 03/09/2025