Como organismos de derechos humanos exigimos la inmediata sanción de la ley de amnistía que permitirá la libertad de los presos políticos y la anulación de los procesos a los luchadores populares.
Defendemos el derecho a luchar de nuestro pueblo contra la entrega del patrimonio nacional, contra el hambre, para garantizar la salud y la educación a cargo del Estado, vivienda y trabajo para todos.
Denunciamos que, ante cada nuevo reclamo, los gobiernos desde hace 25 años siguen respondiendo con represión y abriendo procesos judiciales contra los cientos y cientos de compañeros que reclaman por sus derechos.
Este gobierno, que se autodenomina “de los derechos humanos” es el gobierno con más procesados por luchar y mantiene presos a trabajadores por causas políticas como los seis compañeros petroleros de Las Heras, que están detenidos desde hace casi tres años.
La tendencia a la judicialización y criminalización de los reclamos sociales fue sintetizada en los comienzos del gobierno de Néstor Kirchner por la frase del entonces ministro del interior y hoy ministro de Justicia y DDHH, Aníbal Fernández, quien prometió responder a las protestas de las organizaciones de desocupados con el “código penal en la mano”.Y así lo hicieron y lo siguen haciendo.
El resultado es el avance de la criminalización de la protesta social en todos los ámbitos del país. Esa es la herramienta que usa el poder contra los trabajadores desocupados cuando cortan una ruta, contra los trabajadores ocupados que reclaman por aumento salarial o que defienden sus fuentes de trabajo, contra los estudiantes que se pronuncian en defensa de la educación pública, en concreto contra aquellos que ejercen el legítimo derecho a luchar.
El gobierno trata de esconder el carácter político de estas causas bajo el pretexto de imputaciones de delitos comunes, así cientos de compañeros son acusados de delitos tales como: extorsión, privación de la libertad, secuestro, intimidación pública, incitación a la violencia, atentado y resistencia a la autoridad etc.
En las últimas semanas se sumaron a la lista de procesados por razones políticas 10 dirigentes estudiantiles universitarios acusados de “secuestro coactivo agravado” luego de una toma del Rectorado de la UBA.
En el día de ayer, gracias a la movilización de agrupaciones estudiantiles, sociales, políticas y de derechos humanos, fue absuelto Fernando Grenno. Este estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fue acusado por “daño agravado” como represalia por haber pintado en una pared la consigna "¡Aparición con Vida Ya de Jorge Julio López!" La misma justicia que no logra encontrar a ningún responsable de la desaparición de Julio López, actúo rápidamente para criminalizar el reclamo por su desaparición.
La mayoría de las organizaciones barriales, obreras, sociales y partidarias del campo popular, se enfrentan a la persecución de muchos de sus compañeros que son sometidos a procesos judiciales, ya sea como imputados, procesados, en etapa de juicio o condenados.
Teniendo en cuenta que hay miles de compañeros sujetos a procesos judiciales en todo el país por delitos del Código Penal (que es nacional) y que los procedimientos judiciales de cada provincia son diferentes entre sí, consideramos que es imprescindible la sanción de la Ley de Amnistía que posibilite cerrar todas las causas y terminar con todos los efectos de las mismas a favor de todos los imputados por luchar. Esta herramienta política y jurídica ayudará a poner coto a la persecución a los luchadores populares y sus organizaciones.
Sabemos que estos objetivos los podremos garantizar sólo con nuestra presencia en las calles y asumimos nuestro compromiso en ese sentido.
Por una Navidad sin presos políticos ni procesados
¡Amnistía Ya a todos los luchadores populares!
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, CORREPI Sur, FIDELA, Liberpueblo y Liga Argentina por los Derechos del Hombre
