Venimos luchando desde 1975, desde el momento en que los parapoliciales y las fuerzas conjuntas de seguridad, posteriormente, con la complicidad de más de un civil, secuestraron a nuestros padres, o hermanos, o esposos, o amigos, o compañeros. En los primeros años, recorrimos infinitos lugares tratando de saber dónde estaban, cómo estaban, quién los mantenía lejos de nosotros y ocultos. Hablando, preguntando, siguiendo rastros, denunciando. Al principio hacíamos todo eso, en soledad, luego nos fuimos encontrando, pasándonos los datos, pergeñando estrategias para encontrarlos estuvieran donde estuvieran y que se hiciera justicia para ellos y para todos nosotros. Fuimos lentamente, sorteando miles de obstáculos, miles de presiones, miles de intentos de hacernos retroceder, de paralizarnos. A la larga, en los últimos años, también comenzó a llegar la Justicia, y la condena para algunos genocidas. Esto es historia conocida y pública. Pero la pregunta inicial, la razón de nuestra lucha, aun estaba sin respuesta certera… ¿dónde estaban nuestros desaparecidos?
Y llegamos hasta hoy, y no nosotros sino toda la sociedad, la tucumana y la del resto del país, habrán de enfrentarse a una realidad irrefutable: un importante número de nuestros desaparecidos, terminaron, como lo venimos sosteniendo y denunciando, también hace años, en uno de estos dos lugares de muerte: el Pozo de Vargas o en una de las fosas comunes del Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Los juicios ya desarrollados, los que están en condiciones de ser enviados, en breve al Tribunal Oral Federal y otros que se vienen procesando en el Juzgado Federal 1, más los avances producidos en las investigaciones tanto del Pozo de Vargas como en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, con el hallazgo de restos humanos, permiten afirmar, de manera contundente, que cuando decíamos que en este país hubo un genocidio, que en esta provincia hubo un plan sistemático de persecución, tortura, y desapariciones forzadas masivas, y que responsables ideológicos y operativos, debían pasar por los estrados judiciales y ser condenados, el derecho a que se haga justicia y el derecho a la verdad y a la reconstrucción histórica, nos respaldaban.
La desaparición forzada de personas fue instrumentada por un meticuloso plan político que tenía dos objetivos, al ocultar los cuerpos de los perseguidos y torturados: sembrar el terror en el resto de la sociedad, y garantizar la impunidad.Han fracasado! nuestros desaparecidos están presentes en la memoria de nuestro sociedad y de nuestro pueblo. La verdad ha sido demostrada. Los cobardes asesinos y genocidas están siendo juzgados.
Marta Rondoletto, Raquel Zurita, Leticia Pérez, Marta Gómez, Carlos Soldati, familiares de desaparecidos, querellantes.
Beatriz Palomino, Cristina Barrionuevo, Patricia Guerrero, Carmen Cerviño, militantes de DDHH
San Miguel de Tucumán, 7 de abril de 2011
