Con una maniobra que dejó en el aire a todos los que creían que iba a hacer como con la Resolución 125 –mandar un proyecto de ley al Congreso Nacional para que se discuta–, Cristina Fernández sacó de circulación el decreto del llamado Fondo del Bicentenario, metiendo y haciendo ejecutar “de prepo” mientras entretenía a la audiencia, dos “nuevos” decretos. “Nuevos” por el número y el nombre, pero con el mismo objetivo: tomar 6.569 millones de dólares de las reservas del Banco Central para el pago “de servicios de la deuda con vencimiento en el año 2010” (Art. 2°, del Decreto 2010/09).
Dicho decreto pomposamente denominado “Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad”, lo dividió ahora en dos decretos. Uno, ordinario, para usar 2.187 millones de dólares para pagar a organismos internacionales (multilaterales dice, con lo que pareciera querer sentar un precedente para el futuro con el Club de París), al que se lo quiere hacer pasar como una extensión del decreto con el que en 2007 se pagó al Fondo Monetario Internacional. El otro, este sí otra vez “de necesidad y urgencia”, con el nombre abreviado (“Fondo del desendeudamiento argentino”), por los otros 4.382 millones de dólares para el pago de “los servicios de la deuda con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2010” (Art. 1°, del Decreto 298/10), sin discriminar que esa deuda sea en dólares o en pesos o que su “tenedor” esté dentro o fuera del país.
Esta vez Cristina dijo que los bonos en cuestión se originan en “la operación popularmente conocida como Megacanje”, por la que De la Rúa-Cavallo nos endeudaron en 2001 para darle dólares a los especuladores (los llamados Préstamos Garantizados, o PGs), y por la “pesificación asimétrica” por la que después se “compensó” a los mismos bancos que habían sido intermediarios de esa especulación (los Boden). En el “paquete” también hay vencimientos, aunque no lo dijo, de “Bonos de la reestructuración realizada en el 2005” por Kirchner-Lavagna (los Descuento y Par) y de su propio canje de PGs de 2009 (los Bonar).
Buena pagadora, con lo nuestro
Pero, como ya nos tiene acostumbrados, la crítica de Cristina se quedó en palabras (siempre “la culpa” la tienen otros), poniéndose brava al afirmar que ella era “buena administradora”, que iba a pagar todo de cualquier forma, pues no acepta que se cuestione ninguna deuda, sea por su origen ilegítimo o fraudulento, sea por acumulación de la usura. (No vaya a ser que a alguien se le ocurra cuestionar por eso la riqueza de su matrimonio). En la semana, Cristina Fernández utilizó la cadena nacional para refirmar que va a pagar los servicios de esa deuda sea como sea, sin importarle los jueces ni los legisladores. Una bravata digna de mejor causa.
El mismo criterio quiere aplicar en el nuevo canje que está tramitando con su ministro Boudou para los bonos que no se presentaron al canje de 2005 (los llamados holdouts), que el propio gobierno de su marido había dicho que no iban a cobrar más si no se presentaban. Esos bonos suman según la cuenta oficial 30.003 millones de dólares, sobre montos fraguados durante la dictadura militar y engordados con intereses usurarios y “comisiones” en renegociaciones posteriores (como la del plan Brady, de Menem-Cavallo). Todo lo cual está demostrado en la investigación dirigida por Alejandro Olmos, base del fallo del juez Jorge Ballestero, hoy todavía “cajoneado” por las mayorías parlamentarias (en los últimos seis años del propio kirchnerismo). Algo semejante ocurre con los llamados “atrasos” (fundamentalmente con el Club de París), donde se reconocen con los intereses 6.420 millones de dólares de deuda, que es claramente una deuda odiosa, pues se conformó con préstamos de los gobiernos de esos países para la compra de armamentos por parte de la dictadura militar, cuando ésta masacraba al pueblo y preparaba la guerra contra Chile, entre 1976 y 1978.
De ninguna manera la clase obrera y el pueblo pueden aceptar que se siga pagando o renegociando ninguna deuda cuyo origen sea ilegítimo o fraudulento, por más renegociaciones que se hayan hecho por gobiernos constitucionales –renegociaciones que también hay que esclarecer–, sin una auditoría que tenga en cuenta el fallo del juez Ballestero y demás investigaciones necesarias. Por eso junto a unir todas las fuerzas que sea posible en la pelea para anular los decretos en cuestión, es necesario luchar por suspender todo pago, y toda renegociación con los holdouts y el Club de París, hasta que toda “la deuda pública del Estado Nacional” (que es la que hoy se pretende “servir” con estos decretos) sea investigada como corresponde, separando de ella toda la que sea ilegítima, fraudulenta o usuraria.
