Alrededor de las pruebas se entrecruzan múltiples cuestiones. ¿Cómo se define qué es calidad educativa y cuáles son los contenidos de enseñanza que tienen que aprender y saber los alumnos? ¿Cómo se miden esos aprendizajes?
Alrededor de las pruebas se entrecruzan múltiples cuestiones. ¿Cómo se define qué es calidad educativa y cuáles son los contenidos de enseñanza que tienen que aprender y saber los alumnos? ¿Cómo se miden esos aprendizajes?
¿Qué información aporta este tipo de pruebas estandarizadas y externas? ¿Para qué se van a usar los resultados?
¿Por qué no se usan los resultados de las pruebas realizadas en años anteriores? ¿Es necesario un gasto tan grande en este operativo, si hace menos de tres años se tomaron pruebas similares y aún no se conocen los resultados?
¿Es necesario otro operativo de este tipo para hacer un diagnóstico que ya toda la comunidad educativa conoce?¿Por qué no se ha consultado a los docentes y directivos, ni se les ha dado participación, siendo ellos los que mejor conocen los procesos que se dan todos los días en las aulas?¿Puede hacerse un diagnóstico integral de la educación sin su participación? ¿Y cuál es el plan para que vuelvan a la escuela los cientos de miles de estudiantes que abandonaron?
El modelo de Estado evaluador fue ampliamente resistido por el movimiento docente, desde sus inicios, en los años ‘90. Ese modelo era un “combo” de nuevas funciones del Estado en la educación, que incluía las de evaluar escuelas, alumnos y docentes, para certificar calidad y distribuir recursos públicos a modo de premios y castigos. Se abandonaba así la responsabilidad anterior de garantizar la educación de todos los chicos, dejando esa tarea al mercado y a los privados. El gobierno sólo iba a mantener un sistema “compensatorio” para los pobres.
Fueron, precisamente, las innumerables y extensas luchas docentes en todo el país las que impidieron que ese modelo se aplique en sus aspectos más controvertidos: como la elaboración de un ranking de escuelas según los resultados de los alumnos, y la distribución de premios y castigos en forma de recursos o sueldos docentes atados al desempeño de las escuelas (también medido a través de esas evaluaciones).Por eso, fracasó el intento de la Alianza de crear un instituto de evaluación de la calidad educativa (el mismo que ahora quieren reflotar Macri y su ministro Bullrich).
Luego, con los Kirchner, vino el relato de la “inclusión”, pero se mantuvo intacta la esencia de las políticas de exclusión de los ’90: innumerables programas compensatorios “focalizados” y creciente precarización del trabajo docente. Desde la Ley Federal de Educación se tomaron evaluaciones nacionales externas y estandarizadas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales en 1993, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007/08, 2010 y 2013.
Con los K, el proceso de privatización se profundizó como nunca en la historia, al igual que las diferencias entre la educación privada de “alta gama”, la de “medio pelo”, la privada parroquial, la pública “buena”, la pública para “vulnerables”, las de “gestión social”… Y así, en un descenso constante en la escala de la precarización educativa y el ajuste, se agravó la crisis educativa ya crónica. El relato justificó y naturalizó las desigualdades con la retórica de la educación que se adecúa al “contexto” (o “clientela”). Se sabe que más del 25% de los estudiantes de escuelas públicas no tiene clases de educación física, plástica o música. La jornada completa sólo alcanza al 7% de los alumnos, y ni de lejos se cumplió la meta de la ley de extender la jornada a todos los chicos de nivel primario.
Un dato resulta muy gráfico de los resultados de esas políticas: ¿qué pasó con los chicos que entraron a primer grado en 2004 y que debían terminar la escuela secundaria a fines del año 2015? Sólo 4 de cada 10 de esos chicos terminó la escuela secundaria (obligatoria desde 2006). Hilando más fino en estos resultados, vemos que en las familias de altos ingresos más del 90% de los chicos terminó el secundario y continúa estudios superiores, mientras que apenas 2 de cada 10 chicos de los barrios más pobres terminó el secundario.
En el Conurbano bonaerense, hay miles de chicos que no están yendo a la escuela: según datos de Indec de 2015, uno de cada tres adolescentes de 15 y 16 años ya dejó la escuela, no estudia ni trabaja, anda por la calle sin proyecto de vida, a merced del paco. Un estudio de la UCA reveló que hay más de 140.000 jóvenes adictos al paco y al alcohol.
Con Macri y su ministro Bullrich vuelve el relato de la calidad y la evaluación para medirla. Se presenta como nuevo paradigma para la revolución educativa y la innovación, buscando diferenciarse del kirchnerista, pero es en realidad el viejo y ya conocido discurso de la “calidad” educativa de los ’90. Como siempre, se culpabiliza a los docentes que hacen paros por la crisis de la escuela pública.
El “Plan nacional de primera infancia”
En cuanto a políticas concretas, se sabe que el gobierno piensa invertir (vía crédito del BID) en jardines de infantes y maternales. Muy bien, pero también aquí muestra la “hilacha” ajustadora: en el Plan nacional de primera infancia (y sin mencionar ni una vez la palabra “educación” ni “docentes”) se plantea que la gestión de los centros será en asociación con ONGs. Es decir, “tercerizada“, lo cual permite flexibilizar y precarizar aún más el trabajo de docentes y no docentes.
Es el modelo de los CPI (Centros de Primera Infancia) que Macri impulsó en la Ciudad de Buenos Aires a cargo del Ministerio de Desarrollo social. En vez de crear jardines de infantes en el ámbito educativo, resulta por cierto una opción de política educativa mucho más barata destinada a la población “vulnerable”: el costo por alumno de nivel inicial de jornada completa es de más de $4.000 mensuales, mientras que el de un CPI es de $2.500.
Hay suficientes datos. La educación está en emergencia. Urge una amplia convocatoria a toda la comunidad educativa –docentes, padres, alumnos–, para que en asambleas permanentes por escuela y distritos discutamos a fondo los graves problemas que afectan el futuro de nuestros chicos. Se necesita un plan integral para que todos los chicos vuelvan a la escuela y los que están aprendan. Se necesita que el pueblo tome en sus manos la luchpor una educación pública de calidad para todos los chicos.
