El gobierno kirchnerista pretende poner nuevamente “en agenda” el debate sobre la posibilidad de que en Argentina los medios de comunicación tiendan a fomentar un sistema que respete e impulse la “pluralidad de voces”. Todo esto a 3 años de su sanción –cuando la realidad de los medios lejos se ha modificado en tal sentido– y ha inventado el término “7D” (sigla alusiva al 7 de diciembre), por la fecha en que se pondría en vigencia la cláusula que obliga a la desinversión a los grupos que infringen la ley).
La disputa “por arriba” entre el gobierno y su grupo de medios con el Grupo Clarín oculta la cuestión de fondo: después de tres años, la Ley de Medios no ha logrado ampliar el espectro de voces que conforman la comunicación en nuestro país y, más allá de los spots publicitarios, los fuegos de artificio, los deseos y los discursos, y todo indica que después del famoso 7D, muy poco cambiará en favor de la inclusión de nuevas voces, sobre todo las que representan a los de más abajo.
El kirchnerismo plantea como argumento central que los casi nulos resultados visibles de esa “ampliación de voces” desde el 2009 para acá tienen que ver con las trabas impuestas a la aplicación plena de la ley. Sin embargo, durante estos años en los cuales se ha puesto en discusión la desmonopolización de los medios y el rol político que ocupan, son algunas cuestiones que ni siquiera la Ley de Medios puso en discusión, las que permiten afirmar que en el breve plazo la Argentina no disfrutará de una comunicación plural y democrática.
El escaso margen de libertad de conciencia para el periodista y las pobres condiciones de trabajo para quienes desarrollan el oficio, el reparto de la pauta oficial (nacional, provincial y municipal) para los medios amigos y la no diferenciación de la función social de los medios comunitarios, populares y alternativos dentro de 33% del espacio radioeléctrico asignado a los medios sin fines de lucro, aparecen como trabas infranqueables hacia una comunicación que respete las diferencias y brinde igualdad de oportunidades a las diferentes voces que componen la comunicación en nuestro país.
La precarización laboral
Este es un “modelo” que el kirchnerismo extiende a los trabajadores de prensa. Muy poco influye la Ley de Medios sobre las condiciones de trabajo de los protagonistas de la información: los trabajadores de prensa. Si bien la ley apunta a regular los contenidos audiovisuales y no específicamente el trabajo de prensa, pensar en una comunicación libre y plural con trabajadores sujetos a las presiones, aprietes y caprichos de las líneas editoriales y pésimas condiciones laborales impuestas por las empresas empleadoras, es sin duda una de esas barreras infranqueables de las que hablábamos más arriba.
Algunos casos son públicos, como el del periodista especializado en temas de pueblos originarios Darío Aranda, quien trabaja como colaborador en el diario Página/12, y que en reiteradas oportunidades denunció tergiversaciones de sus notas, que expresaban algunas críticas de los entrevistados al gobierno nacional, y que el diario pro K no dejó pasar y por supuesto no publicó.
Se conoce que informes como “Las cifras de la precarización” producido por el Colectivo de Trabajadores de Prensa dan cuenta del fenómeno: “Abandonados por el Sindicato, sin un Estado que controle el cumplimiento de las leyes laborales, atomizados y en algunos casos sin comisiones internas con poder suficiente para representarlos, los colaboradores mendigan notas de prensa por diarios y revistas librados al humor y al presupuesto de los editores. Los tercerizados del gremio escriben igual o mejor que cualquier redactor y llenan miles de páginas, pero no gozan de ningún derecho, cobran mal y tarde, pagan de su bolsillo hasta los viáticos, pasan años sin recibir aumentos y se los congela sistemáticamente para no blanquearlos. Para peor, el cuadro de precarización está naturalizado”.
Esto se da a lo largo y ancho de las redacciones, canales y radios del país. La precarización laboral como modelo empresarial de prensa –repitiendo lo que para el kirchnerismo es un “modelo laboral”– es caldo de cultivo para presiones de tipo editorial e ideológica. Sin reglamentaciones claras que respalden desde el Estado a los trabajadores, la diversidad de voces se transforma solo en otro ejemplo de doble discurso. O para ser más directos, otra mentira K.
La torta se reparte para los amigos
Es conocido que -no obstante que el tema ha sido motivo de debates parlamentarios y varios proyectos han apuntado a regularla– la forma en que se reparte la pauta publicitaria estatal en Argentina sigue siendo parte del “capitalismo de amigos”. El tema es central. Cualquier intención de “democratizar” la comunicación debe incluir la democratización de los fondos que los Estados (nacional, provinciales y municipales) distribuyen entre los medios de comunicación.
En el artículo 72 inciso 8 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde figuran las obligaciones de los licenciatarios y autorizados, se insta a los mismos a hacer públicas “La(s) pauta(s) de publicidad oficial que recibiera el licenciatario, de todas las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando cada una de ellas”. Sin embargo, es el mismo Estado el que actúa en sentido contrario. Desde hace más de 15 meses (específicamente desde el 4 de mayo), la Jefatura de Gabinete de Ministros no publica los datos de la pauta distribuida por la Nación. La última información corresponde a los gastos en publicidad o pauta oficial del primer semestre de 2011. Es difícil pensar en estas condiciones y con la línea del kirchnerismo, que sin normas claras que obliguen a democratizar el reparto, la situación actual vaya a mejorar.
El tema es grave: aquellos medios que no persiguen el lucro, sino fines y objetivos sociales, suelen ser quienes más vitalmente necesitan que el Estado los proteja de las leyes del mercado de contenidos brindándoles una “espalda financiera”. Sin una regulación y apoyo claros, las “otras voces” quedan libradas sólo al interés de algún privado interesado en difundir esos mensajes (cosa poco probable) o a los ánimos “clientelares” del Estado nacional, los gobernadores o intendentes. Según un reciente estudio del investigador del Conicet Martín Becerra, el gobierno nacional representó el 9% de la pauta dentro de la torta publicitaria total, lo que lo convierte en un actor central en el financiamiento de la comunicación.
El 33% “comunitario”: ¿verso K?
Las esperanzas de los que apoyaron la Ley de Medios estuvieron fundadas en la posibilidad de que un 33% del espectro radioeléctrico quedara en manos de “medios sin fines de lucro”. A poco de andar, parece ser que algunas especificaciones que no figuran en la ley serán la traba fundamental para lograr la inclusión de aquellos medios que por definición podrían aportar otras voces y miradas a la comunicación en Argentina.
La Ley 26.522 en su art.4 define a las emisoras comunitarias, pero en el resto de su articulado no las diferencia de los prestadores sin fines de lucro, como denuncia la Red Nacional de Medios Alternativos en un reciente documento. De esta manera, quedan equiparados por la ley aquellos medios barriales, populares o comunitarios con una clara función social (que en la mayoría de los casos son los únicos que reflejan las voces silenciadas por los intereses tras los grandes medios y que no cuentan con un peso para financiarse), con entidades sin fines de lucro como la Fundación Ford, la Fundación Libertad o la Konrad Adenauer. Dejando en inferioridad de condiciones por estructura, y principalmente por poder de presión y financiamiento, a los medios populares.
Entre los puntos más salientes del documento “A 3 años de la sanción de la Ley de Medios” elaborado por la Red Nacional de Medios Alternativos se encuentra la denuncia de que “se entregan y concursan licencias sin hacer la reserva del 33% del espectro que, por la nueva ley, debería ser destinada a las entidades sin fines de lucro”; que “los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos que se han publicado no contemplan, tal como exige la nueva ley, la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro. Y que, además, no se adecúan a las características particulares de los medios comunitarios, alternativos y populares.” Kirchnerismo: clinck caja.
Por otro lado, ponen sus reparos en las expectativas abiertas por el famoso 7D ya que aseguran que “la desinversión que se iniciará el 7 de diciembre no garantiza la democratización del espectro. Las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado sino que serán vendidas/transferidas (entre privados) a quienes puedan pagarlas; por lo tanto, no se ampliará la disponibilidad del espectro”.
Sin planes técnicos, con pliegos de licencias a precios exorbitantes como los de la TV Digital y con entregas de Permisos Experimentales de TV Digital beneficiando a sectores del poder económico concentrado y/o ligados políticamente al gobierno (360 TV, C5N, CN23 y Construir TV de la Uocra, entre otros) dejando afuera al sector de los medios comunitarios, alternativos y populares, aquel sueño que empujó a gran parte de estos medios populares a acompañar la sanción de la ley parece tener asegurado destino de “relato”.
El gobierno intenta justificar las falencias de la Ley de Medios diciendo que es mejor que la ley de la dictadura. Esto es aplicar –como siempre hace el kirchnerismo- la teoría del “mal menor”. Sin entrar en el debate de lo “que falta”, difícilmente podamos lograr “lo que se necesita”.
