En la Argentina se libra una batalla intermonopólica entre distintos sectores de las clases dominantes por el control de los distintos grupos mediáticos, con una decisiva participación del gobierno. Con la ley de medios, que contempla algunas reivindicaciones por las que los medios comunitarios han venido luchando hace mucho tiempo, el kirchnerismo aprovechó para reagrupar a distintos sectores populares, haciendo de la defensa de la ley, una defensa de la política de su gobierno; y cualquier crítica a la misma una adhesión al holding Clarín.
En la Argentina se libra una batalla intermonopólica entre distintos sectores de las clases dominantes por el control de los distintos grupos mediáticos, con una decisiva participación del gobierno. Con la ley de medios, que contempla algunas reivindicaciones por las que los medios comunitarios han venido luchando hace mucho tiempo, el kirchnerismo aprovechó para reagrupar a distintos sectores populares, haciendo de la defensa de la ley, una defensa de la política de su gobierno; y cualquier crítica a la misma una adhesión al holding Clarín.
El objetivo de fondo del kirchnerismo desde el 2009 fue avanzar en conformar un gran grupo monopólico de medios propio, al servicio de sus intereses políticos y económicos, en disputa con otros sectores de las clases dominantes.
Para esto ha usado los medios estatales como parte del armado del grupo monopólico propio, junto con medios contratistas como Electroingienería; medios privados filokirchneristas subvencionados con pauta oficial -señales 360 TV, C5N de Cristóbal López(grupo Indalo), CN23 (Grupo Szposlki), Pagina 12, Grupo Uno Vila-Manzano, entre otros-; medios de universidades y otros sectores correspondiente al 33% asignado a medios comunitarios como las ONG -AM 530 (radio de las Madres), Construir TV (Uocra) de Gerardo Martínez, AM 750 (Suther), radio AM770 (D’Elía), etc. El manejo absoluto de la pauta publicitaria oficial (unos 470 millones de pesos estimados en 2009), seguirá determinando el sostenimiento económico de los medios preferidos del poder y discriminando a los otros.
El grupo Clarín y su
relación con el poder
Es conocida la relación del grupo Clarín con la dictadura violovidelista, a partir de lo cual junto con La Nación se apropiaron espuriamente de Papel Prensa.
En épocas más recientes, el Grupo Clarín fue rescatado dos veces de sus acreedores, como una de las grandes empresas endeudadas, cuyos costos pagamos todos los argentinos. Primero, en el 2002, fue salvado por Duhalde con un decreto que licuó las deudas a más de 40 empresas monopólicas de capital extranjero o capital intermediario. Luego en el 2004, Kirchner lo volvería a salvar con la aprobación de la reglamentación de la ley de “Defensa del Patrimonio Cultural”; en “agradecimiento” el Grupo le obsequió el diario Página 12 y más tarde el Canal de noticias Crónica TV.
En mayo de 2005, Néstor Kirchner, a través del decreto 527, suspendió el plazo que exigía un nuevo llamado a licitación para explotar los medios audiovisuales de comunicación. La consecuencia fue una prórroga de diez años a esos mismos grupos. En 2007, Néstor Kirchner por medio de la resolución 257/2007, le permitía a Multicanal (empresa de cable del Grupo Clarín) adquirir CableVisión y se transformó así en el mayor operador de cable de la Argentina y uno de los principales de la región.
La relación del gobierno con el grupo monopolista Clarín se fisuró, con el feroz enfrentamiento empresarial por el control de Telecom Argentina y, en especial, el manejo del millonario negocio del Triple Play (internet, TV y teléfono a través de señal digital). Esta ruptura se expresó políticamente en el enfrentamiento entre Clarín y el gobierno durante el 2008 en la lucha agraria contra la resolución 125.
Hoy el cableado nacional pertenece a Telefónica, Telecom y a las empresas privadas de cable, la inmensa mayoría en manos del Grupo Clarín (Cablevisión y Multicanal), Pierri (Telecentro) o del Grupo Vila-Manzano-De Narváez (Supercanal).
Telefónica está contraviniendo la ley al ser propietaria del canal de aire Telefé adscripto en este momento en gran medida al gobierno.
Aplicación de la Ley de Medios
Desde la aprobación de la Ley, el gobierno no aplica muchos aspectos de la misma que podría haberlo hecho ya que no están incluidos dentro de la cautelar interpuesta por Clarín. Por ejemplo, no elaboró el Plan Técnico antes de llamar a concurso.
A su vez, las bases y costos de los pliegos para los licenciatarios, carpetas de presentación, etc., que se han publicado, son una de las forma de limitar las posibilidades de expresiones populares, porque están pensados con la lógica de medios comerciales, sin diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro. Para tener una idea, en el caso de los canales comunitarios de TV, el costo de las licencia es de $42.000 (hasta el año pasado era de más de $140.000), una cifra astronómica para un canal de una organización social.
Hay que diferenciar las disputas entre los grupos monopólicos que verán recortadas las cantidades de licencias que podrá tener un solo dueño (de 24 a 10), de la lucha que nos implica a los que estamos interesados en una verdadera democratización del espectro comunicacional y que deberán librar los pequeños y medianos radiodifusores que ya están en el aire, y todos los que aspiramos a contar con medios que permitan que se expresen en su diversidad los distintos sectores populares.
Ha habido algunos avances desde la aprobación de la Ley. Se adjudicaron radios a comunidades de pueblos originarios, 16 de ellas ya en el aire, y 80 en procesos de instalación; también se adjudicaron 120 radios a entidades educativas, 40 ya en el aire y 80 en proceso de instalación. Muchas de ellas fueron asignadas a sectores afines al gobierno, pero es uno de los aspectos donde debemos luchar porque es posible conseguir, y ya hay ejemplos de ello, radios, productoras y canales de TV digital para organizaciones comunitarias y populares.
Sin embargo, los grandes beneficiarios hasta hoy han sido otros grandes grupos mediáticos afines o aliados al gobierno. Es llamativo el crecimiento del Grupo de Cristóbal López y el de Telefónica, muy favorecido en el proyecto inicial de ley de medios en un artículo en el cual el gobierno tuvo que dar marcha atrás, y ahora exento por el momento de las adecuaciones y desinversiones que tiene que realizar, por ejemplo, como titular del canal de aire Telefé, explícitamente violatorio de la ley.
Nuestra propuesta
Desde el PCR luchamos por una verdadera libertad de expresión y para que realmente se avance en la democratización de la comunicación y pluralidad de voces. Sabemos que esto lo lograremos sólo con un gobierno popular, patriótico, democrático y antiimperialista en el cual los sectores populares sean protagonistas. A la vez, entendemos que hoy debemos seguir luchando por la democratización de los medios de comunicación, aprovechando también para ello los resquicios que deja la ley.
Proponemos como programa inmediato de lucha:
1. Reforma en la composición de la AFSCA y el Comité de Aplicación, que sean órganos Federales y Populares y no controlados por el Ejecutivo.
2. Democratización de la Pauta Oficial sin condicionamientos gubernamentales, y con control de los medios populares, comunitarios y alternativos.
3. Exigir la entrega del 10% de fondos recaudados por la AFSCA a través del gravamen que la ley prevé (artículo 97), a los medios comunitarios, tal cual lo establece la nueva norma.
4. Ley de financiación y fomento de contenidos audiovisuales que fije un porcentaje del presupuesto nacional para tal fin.
5. Que se publique el plan técnico para garantizar la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro.
6. Que se explicite dentro de ese 33% para los medios sin fines de lucro la distinción entre: comunitarios alternativos y populares, tal como fueron definidos en el artículo 4 de la Ley y que se realice el llamamiento a concursos para licencias. Gratuidad en las licencias de los canales comunitarios y alternativos. Contar con un cuerpo de profesionales del Estado para realizar las verificaciones técnicas gratuitas de equipos (transmisores, antenas, etc.); que se les exima de la obligación de contar con personal profesionalizado y/o matriculado, respetando el derecho a la libertad de expresión, sin importar su formación y tomando medidas para lograrla.
7. Luchar para garantizar la construcción de los canales estatales que tengan una dirección colegiada democrática y equitativa; sostenidos centralmente con presupuesto estatal; respetar los convenios colectivos de trabajo y la dignidad de los periodistas.
8. Que el Estado garantice la pluralidad de contenidos, el real acceso a la televisión, teléfono e Internet a todos los hogares populares de la Argentina, poniendo en funcionamiento un servicio estatal de Triple Play a precios populares.
9. Que el 7 de diciembre se hagan públicos los planes de desinversión de todos los grupos monopólicos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Medios y que se efectivice garantizando el Estado la estabilidad de todos los trabajadores de estos medios.
Debemos continuar y profundizar las iniciativas de lucha con todos los sectores populares, por concretar este programa, exigiendo que se apliquen aquellos aspectos de la ley que se han conseguido con muchos años de lucha, y que se pudieron obtener aprovechando las contradicciones entre el gobierno y los otros sectores monopólicos. Todo esto en el camino de pelear por una política de medios verdaderamente popular y democrática, que esta ley no garantiza.
