El 7 de diciembre dejaría de correr, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema, la medida cautelar presentada por el grupo Clarín para evadir lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este artículo exige que todos los grupos empresarios mediáticos tengan un límite de 10 licencias de radio y tv abierta y de 24 por cable, lo que obligaría al monopolio Clarín, por lejos uno de los grupos privados con mayor cantidad de licencias, a desprenderse de más de 200 medios. A su vez, no solo Clarín debe hacer esto sino que existen una veintena de grupos que no cumplen con la reglamentación, como Vila-Manzano, Telefónica y el grupo Prisa, entre otros.
La desinversión que se iniciaría el 7 de diciembre no garantiza la liberación del espectro en beneficio de una verdadera democratización, o sea, para hacer efectivo el 33% que la ley define como reserva obligatoria para las entidades sin fines de lucro, y que el gobierno mantiene congelado a pesar de que hoy no hay ningún impedimento legal para su cumplimiento. A su vez, el presidente de la AFSCA, Martín Sabatella, anunció que los grupos pueden desagregar su actual estructura societaria en distintas sociedades y de esa forma adecuarse a la ley; por lo tanto tampoco se ampliará la disponibilidad del espectro.
Disputa entre monopolios
En la Argentina se libra una batalla intermonopólica entre distintos sectores de las clases dominantes por el control de los distintos grupos mediáticos, con una decisiva intervención del gobierno como parte. Con la ley de medios audiovisuales, que contempla formalmente algunas reivindicaciones por las que los medios comunitarios han venido luchando hace mucho tiempo, el kirchnerismo aprovechó para reagrupar a distintos sectores populares, haciendo de la defensa de la ley, una defensa de la política de su gobierno; y cualquier crítica a la misma incluirla en una adhesión al holding Clarín.
De este modo, tomando algunas medidas parciales y muy limitadas vinculadas a otorgar algunas licencias a sectores comunitarios, el kirchnerismo desde el 2009 fue avanzando en su objetivo de fondo: conformar un gran grupo monopólico de medios propio, al servicio de sus intereses políticos y económicos, en disputa con otros sectores de las clases dominantes.
En estos 9 años de gobierno, el grupo de burguesía intermediaria que expresa Cristina Kirchner ha usado los medios estatales como parte del armado del grupo monopólico propio, junto con medios contratistas como Electroingienería; medios privados filokirchneristas subvencionados con pauta oficial -señales 360 TV, C5N de Cristóbal López(grupo Indalo), CN23 (Grupo Szposlki), Pagina 12, Grupo Uno Vila-Manzano, entre otros-; medios de universidades y otros sectores correspondiente al 33% asignado a medios comunitarios como las ONG -AM 530 (radio de las Madres),Construir TV (UOCRA) de Gerardo Martínez, AM 750 (SUTHER), radio AM770 (D`Elía), etc-. El manejo absoluto de la pauta publicitaria oficial (unos 470 millones de pesos estimados en 2009) seguirá determinando el sostenimiento económico de los medios preferidos del poder y discriminando a los otros.
El grupo Clarín y su relación con el poder
Es suficientemente conocida la relación del grupo Clarín con la dictadura violovidelista, a partir de lo cual junto con La Nación se apropiaron espuriamente de Papel Prensa.
En épocas más recientes, el Grupo Clarín fue rescatado dos veces de sus acreedores, como una de las grandes empresas endeudadas, cuyos costos pagamos todos los argentinos. Primero, en el 2002, fue salvado por Duhalde con un decreto que licuó las deudas a más de 40 empresas monopólicas de capital extranjero o capital intermediario. Luego en el 2004, Kirchner lo volvería a salvar con la aprobación de la reglamentación de la ley de “Defensa del Patrimonio Cultural”; en “agradecimiento” el Grupo le obsequió el diario Página 12 y más tarde el Canal de noticias Crónica TV.
En mayo de 2005, la presidencia de Néstor Kirchner, a través del decreto 527, suspendió el plazo que exigía un nuevo llamado a licitación para explotar los medios audiovisuales de comunicación. La consecuencia fue una prórroga de diez años a esos mismos grupos. En 2007, Néstor Kirchner por medio de la resolución 257/2007, le permitía a CableVisión (empresa de cable del Grupo Clarín) adquirir Multicanal y se transformó así en el mayor operador de cable de la Argentina y uno de los principales de la región.
La relación del gobierno con el grupo monopolista Clarín se fisuró, con el feroz enfrentamiento empresarial por el control de Telecom Argentina y, en especial, el manejo del millonario negocio del Triple Play (internet, TV y teléfono a través de señal digital). Esta ruptura se expresó políticamente en el enfrentamiento entre Clarín y el gobierno durante el 2008 en la lucha contra la resolución 125.
Hoy el cableado nacional pertenece a Telefónica, Telecom y a las empresas privadas de cable, la inmensa mayoría en manos del Grupo Clarín (Cablevisión y Multicanal), Pierri (Telecentro) o del Grupo Vila-Manzano-De Narváez (Supercanal).
Aplicación de la Ley de Medios
Desde la aprobación de la Ley, el gobierno no aplica muchos aspectos de la misma que podría haberlo hecho ya que no están incluidos dentro de la cautelar interpuesta por Clarín. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Comunicaciones no elaboró el Plan Técnico antes de llamar el AFSCA a concurso. Las frecuencias de radio (AM y FM) y las de TV, se debían asignar según la ley de acuerdo a categorías (que tienen que ver con la potencia de los equipos, la zona a la que se llega y su densidad de población) con una cantidad para las más altas y otra para las más bajas. Por lo que tenemos que analizar en cada zona, en cada provincia, en cada localidad, en qué consiste ese porcentaje, para exigir lo que corresponde a los medios populares de difusión.
A su vez, las bases y costos de los pliegos para los licenciatarios, carpetas de presentación, etc., que se han publicado (TV Resol. 685/11, 686/11, radios Resol. 1655/11 y 1926/11) son una de las forma de limitar las posibilidades de expresiones populares, porque están pensados con la lógica de medios comerciales, sin diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro. Para tener una idea,en el caso de los canales comunitarios de TV, el costo de las licencia es de $42.000 (hasta el año pasado era de más de $140.000), una cifra astronómica para un canal de una organización social.
Tampoco está definido cómo se distribuirá el 66% del espectro restante. La nueva ley no especifica cuánto le corresponde a los medios de “derecho público” (estatales y no estatales: nacionales, provinciales y municipales, universitarios, de la Iglesia católica y los pueblos originarios) y cuánto a los definidos como “privados con fines de lucro”.
Hay que diferenciar las disputas entre los grupos monopólicos que verán recortadas las cantidades de licencias que podrá tener un solo dueño (de 24 a 10), de la lucha que nos implica a los que estamos interesados en una verdadera democratización del espectro comunicacional y que deberán librar los pequeños y medianos radiodifusores que ya están en el aire, y todos los que aspiramos a contar con medios que permitan que se expresen en su diversidad los distintos sectores populares.
Ha habido algunos avances desde la aprobación de la Ley. Se adjudicaron radios a comunidades de pueblos originarios, 16 de ellas ya en el aire, y 80 en procesos de instalación; también se adjudicaron 120 radios a entidades educativas, 40 ya en el aire y 80 en proceso de instalación. Muchas de ellas fueron asignadas a sectores afines al gobierno, pero es uno de los aspectos donde debemos luchar porque es posible conseguir, y ya hay ejemplos de ello, radios, productoras y canales de tv digital para organizaciones comunitarias y populares.
Sin embargo, los grandes beneficiarios hasta hoy han sido otros grandes grupos mediáticos afines o aliados al gobierno. Es llamativo el crecimiento del Grupo Telefónica, muy favorecido en el proyecto inicial de ley de medios en un artículo en el cual el gobierno tuvo que dar marcha atrás, y ahora exento por el momento de las adecuaciones y desinversiones que tiene que realizar, por ejemplo, como titular del canal de aire Telefé, explícitamente violatorio de la ley.
A su vez, vemos cómo a través del Ejecutivo, a pesar de estar suspendidos los mecanismos para acceder a licencias para televisión, se siguen entregando Permisos Experimentales de TV Digital y utilizando las plataformas digitales públicas de modo discrecional y en forma arbitraria, beneficiando a sectores ligados al Gobierno. Son claros los ejemplos de las señales 360 TV, C5N de Cristóbal López, CN23 y CONSTRUIR TV (UOCRA) de Gerardo Martínez, entre otros, mientras que el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares, sigue sin ser atendido en sus demandas. Los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos que se han publicado no contemplan, tal como exige la nueva ley, la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro.
En el plano de los contenidos observamos un uso gubernamental y parcial de los medios estatales, transformados en propagandistas de las políticas oficiales. A su vez, los medios controlados por Sergio Szpolski (Tiempo Argentino y CN23, entre otros), Cristóbal López (C5N), y otros relacionados también con el gobierno no se diferencian, desde posiciones opuestas, con respecto a las viejas prácticas de recorte unilateral de la realidad y de censura llevadas adelante por Clarín, La Nación y Perfil. Sirven como ejemplo de ello la censura en Página 12 al periodista Darío Aranda por señalar la responsabilidad del gobernador de Santiago del Estero, oficialista, en el asesinato del campesino Cristián Ferreyra, o el propio titular -“Riña entre vecinos” – que eligió Tiempo Argentino para referirse a este mismo hecho.
Nuestra propuesta
Desde el PCR luchamos por una verdadera libertad de expresión y para que realmente se avance en la democratización de la comunicación y pluralidad de voces. Sabemos que esto lo lograremos solo con un gobierno popular, patriótico, democrático y antiimperialista en el cual los sectores populares sean protagonistas. A la vez, entendemos que hoy debemos seguir luchando por la democratización de los medios de comunicación, aprovechando también para ello los resquicios que deja la ley.
Proponemos como programa inmediato de lucha:
1. Reforma en la composición de la AFSCA y el Comité de Aplicación, que sean órganos federales y populares y no controlados por el Ejecutivo.
2. Democratización de la Pauta Oficial sin condicionamientos gubernamentales, y con control de los medios populares, comunitarios y alternativos.
3. Exigir la entrega del 10% de fondos recaudados por la AFSCA a través del gravamen que la ley prevé (artículo 97), a los medios comunitarios, tal cual lo establece la nueva norma.
4. Ley de financiación y fomento de contenidos audiovisuales que fije un porcentaje del presupuesto nacional para tal fin.
5. Que se publique el plan técnico para garantizar la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro.
6. Que se explicite dentro de ese 33% para los medios sin fines de lucro la distinción entre: comunitarios alternativos y populares, tal como fueron definidos en el art. 4 de la Ley y que se realice el llamamiento a concursos para licencias.
7. Gratuidad en las licencias de los canales comunitarios y alternativos. Contar con un cuerpo de profesionales del Estado para realizar las verificaciones técnicas gratuitas de equipos (transmisores, antenas, etc.); que se les exima de la obligación de contar con personal profesionalizado y/o matriculado, respetando el derecho a la libertad de expresión, sin importar su formación y tomando medidas para lograrla.
8. Luchar para garantizar la construcción de los canales estatales que tengan una dirección colegiada democrática y equitativa; sostenidos centralmente con presupuesto estatal; respetar los convenios colectivos de trabajo y la dignidad de los periodistas.
9. Que el Estado garantice la pluralidad de contenidos, el real acceso a la televisión, teléfono e internet a todos los hogares populares de la Argentina, poniendo en funcionamiento un servicio estatal de Triple Play a precios populares.
10. Que el 7 de diciembre se hagan públicos los planes de desinversión de todos los grupos monopólicos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Medios y que se efectivice garantizando el Estado la estabilidad de todos los trabajadores de estos medios.
Debemos continuar y profundizar las iniciativas de lucha con todos los sectores populares, por concretar este programa, exigiendo que se apliquen aquellos aspectos de la ley que se han conseguido con muchos años de lucha, y que se pudieron obtener aprovechando las contradicciones entre el gobierno y los otros sectores monopólicos. Todo esto en el camino de pelear por una política de medios verdaderamente popular y democrática, que esta ley no garantiza.
