El gobierno kirchnerista aumentó entre 5 y 10 puntos porcentuales los derechos de exportación para los granos y sus derivados. Las retenciones al poroto de soja pasarán del 27,5 al 35%; al aceite y la harina de soja, del 24 al 32%; al trigo, del 20 al 28%; al maíz, del 20 al 25%; a la semilla de girasol, del 23,5 al 32%, y al aceite y la harina de girasol, del 20 al 30%.
El anuncio venía cantado tras las elecciones, aprovechando a su favor la suba de los precios internacionales. Los aumentos a las retenciones le permitirían a la próxima gestión incrementar sus ingresos en al menos 1.500 millones de dólares. Ingresos que, además, no son coparticipables a las provincias. “Cristina Kirchner quiere aumentar el superávit fiscal para pagar la deuda”, escribió Jorge Oviedo en La Nación, del jueves 8 de noviembre.
Para justificarse, el gobierno dijo que con esta medida pretendía favorecer el agregado de valor a la producción granaria. Sin embargo, esta suba en las retenciones achica la brecha arancelaria que existe entre los granos y sus subproductos. Los aumentos afectaron más a los aceites y no discriminan si éstos se embarcan a granel o si se comercializan en envases de 5 litros. Así se favorece la exportación del grano sin procesar –como pretende comprarlo principalmente China–, en vez de convertirlo en Argentina en harina y aceite, y luego vender esos productos al exterior.
También el gobierno argumentó que el incremento de las retenciones obedece a la necesidad de preservar el mercado interno de los aumentos de las cotizaciones internacionales de los granos. Pero eso sólo es cierto relativamente a los granos y los alimentos que dependen de ellos. Por ejemplo en nada garantiza que vayan a estabilizar los precios de las frutas, legumbres y hortalizas, que no dependen de cómo evolucionan los precios en Chicago sino de que existan condiciones para su producción interna.
Las retenciones no cambian la política de fondo del gobierno al respecto, que es lo que ha llevado que avance el latifundio granero, en desmedro de esas producciones que requieren más inversión de capital y de trabajo por hectárea.
Los más perjudicados
Además, las retenciones aplicadas por igual a todo el campo, sin diferenciar entre los latifundistas y los pequeños y medianos productores, golpean con más fuerza a éstos que tienen costos muy superiores. Por ejemplo, un latifundista que compra semilla y químicos en grandes cantidades, puede “ahorrarse” hasta un 20% de su precio, en relación a los que compran pequeñas cantidades y tienen que pagar el precio del monopolio.
En esto coincidimos con la Federación Agraria Argentina (FAA), que expresó en un comunicado que “hoy en la Argentina el 4 por ciento de los productores más grandes concentra el 60 por ciento del volumen total de soja. Y el incremento anunciado hoy no hace más que favorecer a esos actores más concentrados del sector, que hace años se vienen apropiando del grueso de la renta agraria. Ya que, concebidas sin ningún tipo de segmentación, las retenciones al agro seguirán impactando con más fuerza sobre los miles de productores de menor escala”. Al respecto, su dirigente Eduardo Buzzi, anticipó que “vamos a proponer un mecanismo de reintegros para los pequeños productores, porque no se puede tratar igual a los que son distintos”.
Pero el problema es que al gobierno del matrimonio Kirchner no le ha preocupado ni le preocupan los pequeños ni los medianos productores. Y ellos piensan que “el desarrollo” pasa por ese 4 por ciento (en eso consiste el desarrollismo), que en verdad no se les puede llamar grandes productores sino que hay que llamarlos como son: grandes terratenientes y pools, grandes latifundistas. A ellos no les preocupa el despoblamiento del campo ni que haya una producción diversificada para garantizar una buena alimentación del pueblo. Sólo quieren que haya más granos para exportar, sin importarles que desaparezcan las otras producciones.
Por eso el gobierno del matrimonio Kirchner no sólo se burla de los planteos de reintegros para los pequeños productores sino que no tiene –ni va a tener– ningún plan para favorecer siquiera el mantenimiento de estos sectores en el campo. Y sin una política que garantice el crédito necesario y precios mínimos en origen a las producciones –que de otra manera no pueden competir con la producción extensiva de la soja y otros granos –continuará avanzando el latifundio y el monocultivo, con todas las consecuencias que eso tiene para el campo y para el consumo popular. Con las retenciones, como las aplica el gobierno, los más perjudicados siempre resultan los más pobres del campo; y ni siquiera esos fondos vuelven a las provincias en forma de mejores escuelas, hospitales, viviendas o caminos.
El problema de fondo
Es cierto que las retenciones ayudan a atemperar la incidencia inflacionaria (de suba de los precios internos) por la suba de los precios internacionales. Pero eso no cambia el problema de fondo que es el avance del latifundio en el campo y del monocultivo granario, en perjuicio de la producción de otros alimentos, como las frutas, hortalizas y legumbres, huevos, leche y carnes, etc. Por más retenciones que se le pongan a las exportaciones de granos, por las leyes del mercado va a seguir avanzando su producción extensiva en desmedro de las producciones más intensivas, que requieren más inversión de capital y de trabajo por hectárea.
La producción latifundista es enemiga del poblamiento y de un verdadero desarrollo del campo. Lo que se necesita es una política que cambie esta ecuación, que favorezca la producción diversificada en el campo, el mantenimiento y la expansión de las chacras mixtas y condiciones de trabajo y de vida dignas para toda la población agraria. Esto requiere garantizar a todos los verdaderos trabajadores del campo tierra suficiente, créditos accesibles y precios mínimos sostén en origen para sus producciones. Para lo que hay que pelear por una reforma agraria profunda, que sólo puede llevar adelante un gobierno verdaderamente popular, patriótico y democrático.
