De acuerdo a los últimos datos conocidos de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, a diciembre 2019 la deuda pública registrada como tal (sólo la del Tesoro Nacional) alcanzó un equivalente de U$S323.177 millones. La proporción en moneda extranjera, de esa deuda pública con residentes en el exterior y en el país, es la mayor desde la salida de la crisis 2001/02, representando el 80% del total.
El total de la deuda pública registrada corresponde básicamente a tres tipos de acreedores: los bonistas privados con un 40%, los organismos públicos un 37% y los organismos internacionales un 23%.
La deuda con los organismos públicos se refiere a la deuda del Tesoro con el Banco Central y otras entidades llamadas paraestatales, desde la Anses y el Banco Nación hasta empresas con participación estatal como YPF y las deudas previsionales por los juicios no pagados y las deudas con las obras sociales sindicales, por los atrasos del Estado en el giro de recursos que integran el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para atender prestaciones de salud de alta complejidad y costo, así como auxiliar a obras sociales de bajo ingreso promedio.
En cuanto a las deudas con organismos internacionales se refiere a préstamos para obras de organismos como el Banco Mundial y el BID, de los cuales prácticamente la mitad hoy es la deuda de corto plazo con el FMI de U$S45 mil millones, tomada por el macrismo para financiar el retiro de los fondos especulativos de los que hicieron el negocio de endeudarnos con la llamada bicicleta financiera.
Finalmente, la deuda con los bonistas privados se refiere a los tenedores de esos bonos residentes en el exterior o bajo ley extranjera, y a los tenedores residentes en el país. Esta constituye casi dos tercios del total de la deuda con bonistas privados, pero cuya mayor parte está constituida por moneda extranjera –por los bonos y letras en dólares heredados del macrismo– y la otra parte es en pesos, de hecho indexadas por las tasas de interés usurarias que impone la inercia inflacionaria, a la que nos referimos en nuestra edición anterior (en “El pueblo no debe abandonar las calles”, hoy n°. 1799).
Junto a las medidas tomadas para paliar el hambre y demás urgencias de los sectores más castigados por la política macrista, el gobierno que encabeza Alberto Fernández ha optado por una política de reestructurar los plazos de pago de las deudas y sus intereses, comenzando por las negociaciones con el FMI y los tenedores de bonos argentinos residentes en el exterior, buscando postergar los pagos de éstos y sus intereses al menos por dos años. Lo que implica seguir pagando los vencimientos inmediatos de esos bonos, hasta lograr los acuerdos de las negociaciones. De ahí los U$S 4.582 millones tomados de las reservas del Banco Central con un bono del Tesoro a diez años, cambiando esa parte de la deuda que vencía inmediatamente con el exterior por un aumento de la deuda con vencimiento a 10 años, ahora con un residente en el país: el Banco Central.
En cuanto a la deuda con residentes en el país, para la parte en moneda extranjera el gobierno ya difirió los vencimientos hasta agosto por U$S9.000 millones de Letes del Tesoro. A la vez que viene reciclando los vencimientos en pesos a los acreedores privados con la licitación de nuevos bonos, cambiando su nombre como las Lecap por Lebad, con intereses más bajos y un plus que contempla la inflación prevista de al menos un 40% para este año. Algo semejante a lo propuesto para lograr la renovación de los plazos fijos en pesos en los bancos, eximidos también del impuesto financiero a diferencia de los depósitos en moneda extranjera.
Para el caso de las deudas con entes públicos el gobierno viene cambiándoselos directamente por otros bonos de mayor plazo, como continúa ocurriendo con el Banco Central o la Anses, una práctica de vieja data multiplicada por el macrismo.
Deudas que no se incluyen
Fuera de estos “reperfilamientos” de la deuda pública nacional quedan las deudas de las provincias y municipalidades acrecentadas sobre todo en moneda extranjera durante la gestión macrista, como se están planteando estos días en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Municipalidad de Río Cuarto, en Córdoba. En tanto, el gobierno macrista de CABA colocó también nuevos bonos en pesos a tasas mayores a la inflación esperada, para refinanciar vencimientos inmediatos.
El total de la deuda pública de CABA y de las provincias, que no se incluye en los registros de la llamada deuda pública (la del Tesoro Nacional) habría llegado a los U$S24 mil millones a fines de 2019, en el relevamiento de Economía y Regiones (Clarín, 19/1/2020). La mayor parte tomada en moneda extranjera con residentes en el exterior como parte de la política macrista, lo que no se contempla en el proyecto de ley enviado al Congreso.
Tampoco en la deuda pública se registra como tal, ni hay información, sobre la Deuda consolidada de Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios o Fideicomisos Públicos. Deudas que también son compromisos contraídos tanto con acreedores privados, externos o no. Esta deuda no registrada ni informada, es parte de la deuda pública. Como lo son además las letras (Leliq) y los bonos que emite el Banco Central para que retornen los pesos que larga al mercado cuando compra dólares. El objetivo de esta compra de divisas es, por un lado, sostener la cotización del billete para que los sectores exportadores tengan un precio competitivo y por el otro obtener divisas con la que se paga deuda (o sea, se genera deuda para pagar deuda).
Asimismo es discutible la conveniencia de que la composición de la deuda cambie de manos, pasando de ser “deuda externa” a ser deuda del Estado con otros organismos del mismo Estado. El tema es: para qué se toma esa deuda, como en el caso del Banco Central cuya deuda no se contrae para dar líneas de créditos que desarrollen sectores de la economía que potencien la producción nacional, el empleo registrado y los buenos salarios, o para planes de viviendas populares. Sino que se usa para pagar otra deuda. En el caso de la Anses es peor aún porque sus fondos no son parte de los recursos presupuestarios, como son los impuestos u otras rentas. Esos fondos son plata de los jubilados y pensionados que ellos mismos deberían administrar y decidir sobre su destino.
¿Para qué una nueva ley?
En cuanto al proyecto de la llamada Ley Guzmán, planteada exclusivamente para la renegociación de los plazos e intereses con los tenedores de bonos del Tesoro Nacional bajo ley extranjera no parece tener otro objetivo que el que tenía el proyecto del último ministro del macrismo, Lacunza, plantea-dos entonces por los bonistas: dar por legales todas las irregularidades en las contrataciones de deuda anteriores. Con lo que se ce-rraría toda posibilidad de pedidos de investigación o de cuestionamiento de lo que haya sido ilegítimo o fraudulento, como plantea el camarada Alderete (ver nota aparte).
Por eso el Dr. Alejandro Olmos Gaona, en un artículo difundido por Facebook: “Nuevamente la deuda y siempre lo mismo”, sostiene que esta ley no es necesaria salvo para frenar los juicios pedidos contra Macri, Caputo o Dujovne por su responsabilidad en las contrataciones. Allí señala que todas las autorizaciones contenidas en el proyecto de Ley, ya están previstas en la Ley de Administración Financiera, citada reiteradamente, que en artículo 65 establece que “el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar ope- raciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación en la medida que ello implique mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las ope- raciones originales”. Además que no resulta necesario el dictado de una nueva norma porque se trata de facultades que ya están otorgadas desde el año 1992, a través de una delegación hecha por el Congreso, quien constitucionalmente es el único autorizado para renegociar la deuda. “Es decir se le pide al Congreso más de lo mismo”, dice Olmos Gaona. “Lamento que no exista ninguna decisión para establecer respon- sabilidades sobre el demencial incremento de la deuda de los últimos cuatro años, que se desconozca la existencia de imputaciones penales sobre funcionarios como Mario Quintana, Luis Caputo y Santiago Bausili, en las que me he presentado para que se investigue la actuación de los mismos.
“También lamento que no haya decisión alguna en el directorio del Banco Central, para informar quienes compraron Lebac y Leliq, especulando con los fondos públicos, y obteniendo enormes ganancias, como así también las operaciones con pases pasivos, llevando a la institución monetaria a un estado de virtual quebranto.
“En definitiva, que el gobierno cambiará unos títulos por otros, posiblemente con alguna quita, y la deuda seguirá su curso, como lo viene haciendo desde 1984, siempre tirando para adelante los vencimientos, acumulando intereses y sin poner en evidencia a los responsables que han causado tan grave daño a la Nación y a su pueblo”, concluye Olmos Gaona.
Escribe Eugenio Gastiazoro
Hoy N° 1800 29/01/2020
