Si bien el artículo 86 del Código Penal inciso 2 está vigente desde 1921, cada vez que una mujer recurría a un servicio de salud para que se practicara la interrupción de un embarazo impuesto por una violación, siendo estos abortos no punibles, lejos de encontrar contención como corresponde a las víctimas, lo único que encontraba eran trabas.
Si bien el artículo 86 del Código Penal inciso 2 está vigente desde 1921, cada vez que una mujer recurría a un servicio de salud para que se practicara la interrupción de un embarazo impuesto por una violación, siendo estos abortos no punibles, lejos de encontrar contención como corresponde a las víctimas, lo único que encontraba eran trabas.
La decisión quedaba en manos de los médicos y en casi todos los casos se recurría a la justicia para dilatar los plazos haciendo imposible el aborto. Es más, cuando en algún caso se resolvía favorablemente, se recurría nuevamente a la justicia para condenar a la mujer y los médicos intervinientes.
Por esto es tan importante que la Corte confirmara lo resuelto por el tribunal de Chubut en decidir favorablemente la solicitud de una joven de 15 años violada por su padrastro, no dejando lugar a ninguna interpretación tendenciosa de la ley, como se hacía hasta ahora para impedir este derecho.
El fallo señala “la Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad.
Los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de la violación. También plantea la Corte “implementar protocolos hospitalarios para atender esos casos”, apuntando además a que los médicos no interpongan interpretaciones que dilaten la aplicación de la ley y prolongan la situación de la víctima.
De esta manera fija lineamientos para que las autoridades nacionales, provinciales y municipales implementen los protocolos para la atención del aborto no punible, añadiendo que la objeción de conciencia sólo puede ser individual, y no puede ser esgrimida para negar un derecho que debe ser garantizado por los servicios de salud.
Hoy se hace más urgente la exigencia al gobierno nacional de la vigencia plena e inmediata de la Guía para la atención integral de los abortos no punibles del año 2010, sacando el requisito de presentar la denuncia penal. Guía que el ministro Mansur dio marcha atrás aclarando “Ya lo hemos dicho, estamos en contra del aborto, incluso lo manifestó la presidenta”.
Este logro es un paso importante en el largo camino de lucha que las mujeres venimos sosteniendo desde hace muchos años. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito (de la que somos parte) adquirió un papel destacado sobre todo en el último tiempo con las audiencias públicas y movilizaciones que obligaron el 1 de noviembre pasado a debatir por primera vez en el Congreso el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ese día quedó claro que no está en la agenda del gobierno la aprobación de esta ley y entre maniobras y borradas impidieron la aprobación en Comisión. Este martes la Campaña… junto a varias organizaciones volvió a presentar el Proyecto en el Congreso de la Nación. Debemos avanzar en la lucha hasta su aprobación.
Las estadísticas muestran que en tiempos de crisis las muertes por causa de abortos clandestinos, crece significativamente. Un gobierno verdaderamente democrático no puede sostener la penalización del aborto, ya que atenta contra la vida de las mujeres más pobres.
Frente a la falta de anticonceptivos gratuitos y educación sexual, a las muertes por abortos mal realizados, a embarazados no deseados y violaciones, aún no obtenemos respuestas del gobierno de Cristina K. El ajuste ya está en marcha con tarifazos, paritarias por decreto, etc. En este marco las mujeres, más que nunca debemos estar unidas exigiendo al gobierno de CK, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Sólo la lucha por nuestros derechos va a hacer posible que esta crisis no la paguemos las mujeres ni el pueblo en su conjunto.
¡Basta de hipocresía y de dobles discursos! ¡Las mujeres vamos por más y seguimos exigiendo: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!
