Lo que empezó como un conflicto más entre el gobierno provincial y una multinacional terminó destapando una de las maniobras más turbias de los últimos años en la pesca chubutense. La pesquera estadounidense Red Chamber Group, una de las gigantes del sector a nivel mundial, operaba la planta de la ex Alpesca en Puerto Madryn con cinco permisos de pesca otorgados por la provincia. Pero acumulaba una enorme deuda: 2.520 millones de pesos en cánones impagos y graves incumplimientos en las inversiones prometidas para la planta de langostino.
Frente a esa estafa, y ante la presión de las y los trabajadores, en marzo y abril de 2025 el gobierno de Ignacio Torres anunció finalmente la finalización del contrato. Se trataba de un paso necesario, aunque tardío, frente a los atropellos de una multinacional que venía exprimiendo el recurso provincial sin devolverle nada al pueblo. Pero apenas tomó esa decisión, la embajada yanqui intervino públicamente “exigiendo explicaciones” y defendiendo a Red Chamber.
Hasta ahí, la disputa podía interpretarse como una provincia que intenta poner algún límite a una empresa extranjera. Pero pronto quedó claro que se trataba de una historia mucho más oscura.
La denuncia en California que dejó al desnudo la corrupción del gobierno provincial
La crisis estalló en el país cuando los grandes medios difundieron una demanda presentada en un tribunal federal de California -donde tiene base Red Chamber- que denunciaba un pedido de coimas desde el propio gobierno de Chubut. El documento acusó directamente a Andrés Meiszner, entonces ministro de Economía y hoy Fiscal de Estado, de haber exigido una “coima” de 6,5 millones de dólares en criptomonedas B-Money, especialmente elegidas por ser “no rastreables”. La extorsión habría sido planteada el 3 de abril de 2025 en una reunión en el lujoso Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, entre Meiszner y Marcelo Mou, CEO local de Red Chamber.
La denuncia forma parte de un juicio que Red Chamber mantiene en Estados Unidos contra su competidora, la española Profand (gran empresa pesquera española con plantas en 10 países), por “robo de secretos comerciales”. En la página 11 del expediente, la empresa norteamericana no duda en involucrar a Meiszner y, por extensión, al gobierno de Ignacio Torres. Es decir, mientras el gobernador posaba como defensor de la transparencia, su propio funcionario estrella era denunciado internacionalmente por pedir coimas millonarias.
El impacto fue inmediato: sindicatos, cámaras empresarias, trabajadores y amplios sectores de la comunidad volcaron fuertes críticas contra Torres, que ya venía debilitado por su derrota electoral de octubre.
Torres expulsa a Profand y reinstala a Red Chamber
En medio de semejante escándalo, el gobierno provincial negoció en secreto un “acuerdo extrajudicial” con la misma Red Chamber que acababa de denunciar por coimas. El pacto establecía que la empresa dejaba la ex Alpesca en Puerto Madryn, pero instalaba una nueva planta en Trelew.
Parecía un paso lateral para volver al mismo lugar: premiar a una multinacional que no pagó los cánones, no invirtió, despidió trabajadores, pero que ahora ganaba una planta nueva, sin ningún control social, sin permisos y con el amparo directo del gobernador.
Mientras tanto, la española Profand entró en escena para hacerse cargo de la ex Alpesca, activando la planta, convocando trabajadores y preparando barcos.
El gobernador Torres fue por más. Presentó una modificación a la Ley de Pesca para inventar dos nuevos permisos sobre los 30 ya existentes, bajo el argumento de la “desocupación”. Nadie dudó del verdadero objetivo: esos permisos eran para Red Chamber, que tenía planta, pero no permisos.
La maniobra desató la bronca de todo el sector. Los sindicatos STIA, SOMU, Capitanes, Siconara y Patrones lanzaron un paro por tiempo indeterminado, exigiendo claridad documental, defensa de los puestos de trabajo y el inicio inmediato de la temporada. Las cámaras empresarias también rechazaron la maniobra, denunciando el negociado en curso.
Frente a la presión del movimiento obrero, el gobierno retrocedió y retiró el proyecto. Pero lo que vino después terminó de confirmar que los negociados estaban en marcha.
En un giro escandaloso, que todavía no cuenta con una explicación seria del gobierno, Torres decidió rescindirle el contrato a Profand, que llevaba apenas 45 días intentando poner en marcha la ex Alpesca, y volver a entregarle la planta a Red Chamber, la misma empresa que dejó una deuda de 2.520 millones y que denunció por pedir coimas a un funcionario del gobierno provincial. Todo con la firma del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
La multinacional yanqui volvió a la planta como si la estafa previa jamás hubiera existido.
Denuncias de la CGT regional
Frente a este mamarracho institucional, la CGT Regional Valle Inferior del Río Chubut y Puerto Madryn publicó un comunicado en el que señalan la “falta de información oficial clara”, la circulación de “documentos sin respaldo formal” y la ausencia total de transparencia del gobierno provincial.
La central obrera recordó que la recuperación de la ex Alpesca fue impulsada para defender empleo genuino y continuidad productiva, no para ser la mesa chica de negocios de multinacionales y funcionarios.
La CGT advirtió que los cambios repentinos, las decisiones unilaterales y las resoluciones sin sustento documental “dañan la credibilidad institucional” y ponen en riesgo los puestos de trabajo por los que se luchó durante años. Exigieron que el gobierno haga pública toda la documentación y explique cómo se llegó a este escándalo.
Y remataron: “El conflicto originado no debe desviar el foco central: la defensa de cada puesto de trabajo, que fue el motivo inicial del proyecto de expropiación y del esquema de arrendamiento aprobado oportunamente”.
Corresponsal
hoy N° 2087 26/11/2025
