La denuncia del director del Banco Nación Claudio Lozano sobre los préstamos otorgados por la entidad a la empresa Vicentin durante el gobierno de Mauricio Macri, el default comercial que está generando el corte de la cadena de pagos, y la caída en default de otros actores de la cadena, la posible extranjerización de la empresa y el peligro de la pérdida de cientos de puestos de trabajo encienden las alarmas de preocupación de todos los sectores.
Vicentin es un grupo empresario en torno al cual se mueve una gran parte de la actividad económica en la provincia de Santa Fe, grupo con presencia en una amplia red de sectores económicos que van desde la agroexportación, hasta frigoríficos, bodegas, algodoneras, etc. La familia homónima dueña de la empresa está en el puesto 27 de las 50 familias más ricas de Argentina según la revista Forbes del año 2018.
Así, inscripto como está en el agronegocio en la Argentina, se vincula al dominante sector exportador ya que el 87% de su producción termina fuera del país. Vicentin es un grupo empresario con absoluta viabilidad, por lo tanto no debe dejar de funcionar.
Actualmente, no sólo está en juego su continuidad, se trata también de asegurar la continuidad de fuentes de trabajo, de ingresos al fisco nacional y provincial, de recuperar fondos necesarios en momentos de vigencia de una emergencia como la decretada por ley en el Congreso Nacional y de clarificar una situación que puede afectar a un sector clave de la economía nacional.
La situación antes mencionada se agrava ante la reciente presentación de la empresa a concurso de acreedores. Esta instancia suele utilizarse para lograr una baja en las deudas y da como resultado la desvalorización de los activos.
Distintas propuestas han surgido para solucionar esta situación: estatización completa del Grupo Vicentin, constitución de una empresa mixta mayoritaria del Estado con participación de distintos sectores interesados, formas de organización social de la producción donde combinen experiencias donde participen productores, trabajadores, el propio Estado, formas mixtas, etc.
Sin embargo, la cuestión esencial es cuál es el paso inmediato, mientras se profundizan los debates institucionales y públicos respecto al camino a seguir en referencia al futuro de la empresa. En este sentido, se propone que, en tanto se debata la posibilidad de la estatización total, o la constitución de una empresa mixta u otro mecanismo, es preciso:
- Asegurar la continuidad de la empresa.
- Hacerlo previniendo un vaciamiento o la extranjerización fraudulenta de la misma.
- Asegurar la recuperación de los fondos prestados por la Banca Oficial o de aquella en la que participe el Estado.
- Recomponer la cadena comercial, principalmente en lo que atañe a los pequeños productores y cooperativas afectados por el default.
La intención de este Documento de Propuesta de Debate es ubicar el mecanismo legal que permita impedir la extranjerización de Vicentin, garantizar la permanencia de sus fuentes de trabajo, impedir que los manejos poco claros de esta empresa terminen empujando a la quiebra a pequeños productores y cooperativas que entregaron sus granos y, a la vez, dar pasos en búsqueda de una solución definitiva recuperando los fondos de la Banca Estatal que son importantes y que pueden destinarse a fines productivos y paliativos de la Emergencia Social (emergencia alimentaria, salarios y jubilaciones, reactivación de la economía, apoyo al productor agrario, Pymes, etc.)
El proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin con el Banco Nación superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas. Sin embargo y sin fundamento alguno, la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco Nación. Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las Gerencias a cargo. Es decir, las autoridades políticas del Banco Nación, en la gestión anterior, no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión. Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin.
El Banco Nación, junto con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, además del Banco Hipotecario, que tiene participación estatal, son los principales acreedores de Vicentin y deben asegurar el cobro de la deuda, además de preservar las fuentes de trabajo de miles de familias y las acreencias de acopiadores y productores para evitar el efecto cascada en toda la cadena productiva en momentos de declarada Emergencia.
Una cuestión de soberanía
La intervención del Grupo Vicentin por parte del Estado (principal acreedor) permitiría incidir en un sector clave de la economía nacional evitando que los productores agrarios, en su mayoría pequeños y medianos como demuestra el reciente Censo Agropecuario Nacional, sean perjudicados.
Se garantizaría la continuidad laboral de los cientos de trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones directas e indirectas en sus plantas y que no se corte la cadena de pagos golpeando a los pequeños productores y los pueblos del interior.
Pero también sería una oportunidad inmejorable para que el Estado vuelva a ser protagonista en uno de los sectores fundamentales de nuestra economía, hoy dominado mayormente por empresas de capital extranjero. Por otra parte, se evitaría la pérdida de fondos necesarios para las Emergencias legisladas recientemente y para volver a poner en marcha el motor de la producción nacional y la pequeña y mediana industria, principal generadora de puestos de trabajo en el país.
La vuelta de la participación estatal en este sector de la economía no sólo es el único resguardo que hoy existe de la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, sino que además podría aportar a un cambio que hoy es imprescindible en el modelo productivo argentino. De esta forma, podría iniciarse un camino que recoja la experiencia del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) durante los primeros gobiernos del general Perón.
Se pondría nuevamente en el centro la Defensa Nacional y el control del Estado sobre un sector clave para el desarrollo independiente de la industria nacional y del bien estar de la población, tomando como ejemplo los motivos que propiciaron la creación de YFP por parte del general Mosconi.
Se podría recuperar una porción de soberanía monetaria hoy en manos de un sector altamente extranjerizado que explica el ingreso de dos de cada tres dólares que ingresan al país.
Por otro lado, la referencia estatal en el sector permitiría aportar al mejoramiento de la comercialización, la generación de precios de referencia para los productores y para el mercado interno, así como distender la dependencia comercial que hoy nos ata (condicionando nuestro desarrollo independiente) a las superpotencias compradoras.
La necesidad de tomar definiciones
- En este documento, se incita a que el Congreso Nacional tome una definición sobre la forma en la que se puede intervenir en esta cuestión. En este sentido, los objetivos que se proponen de la intervención del Estado en el caso se resumen en:
Mejorar las condiciones de trabajo. - Garantizar un mejor control de los precios de los alimentos surgidos de la comercialización de este sector (trigo, maíz, etc.).
- Redirigir la renta que hoy va a la especulación financiera y dirigirla a una política de crédito blando para los pequeños y medianos productores.
- Promover precios mínimos a los productores evitando la especulación.
- Evitar el “traspaso de impuestos” que hoy realizan las agroexportadoras a los productores haciendo muy compleja una política tributaria progresiva.
- Efectuar un control real y puesta en práctica de una producción industrial y agraria ambientalmente sustentable.
- Ejercer un mayor control sobre la moneda a través del manejo directo de una parte del ingreso de divisas (dos de cada tres dólares que ingresan a la Argentina ingresan por este complejo).
- Generar la posibilidad de que las ganancias de la agroindustria puedan volcarse en parte nuevamente a las regiones en obras e infraestructura urbana y social y a un modelo productivo diversificado y sustentable apuntalando la industria nacional y la generación de más fuentes de trabajo.
A su vez, se pretende investigar la operatoria de la empresa, abriendo las causas necesarias en la Justicia Federal, ante cualquier ilícito que se advierta o descubra para recuperar fondos mal habidos y sancionar a los responsables.
Por último, se propone iniciar un proceso de debate público sobre la necesidad de constituir una sociedad del Estado o una sociedad mixta con mayoría Estatal con la empresa Vicentin. Buscando, de esta manera, los medios para la participación de los sectores interesados en el debate sobre el destino futuro de Vicentin: productores pequeños y medianos, las organizaciones de los trabajadores, así como las representaciones sociales y políticas de las regiones y las provincias para aportar la experiencia y el conocimiento desde la cercanía.
Hoy N° 1803 19/02/2020
