El área de Niñez de las y los trabajadores estatales nucleados en ATE denuncia que “en los primeros cinco meses de la nueva gestión se han efectuado profundos cambios que -a nuestro entender – ponen en riesgo el acceso a derechos de niños, niñas y adolescentes, que estaban garantizados a través de la implementación de algunas de las políticas públicas que se venían consolidando a través de los últimos quince años”.
El informe analiza el período enero -abril de este año, y da cuenta de los despidos en las áreas de niñez y adolescencia, los recortes presupuestarios y el cierre de programas.
Estos programas estaban canalizados a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), creada por ley en el 2005, luego de haber adherido la Argentina a la Convención de los Derechos del Niño y haberle dado a la misma rango constitucional.
La Sennaf, que dependía del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pasó a Capital Humano y fue reducida a la Subsecretaría de Políticas Familiares.
Denuncia ATE Capital que “aunque en lo formal la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sigue existiendo, en lo real el organismo rector de políticas públicas de niñez, adolescencia y familia del Estado Argentino ha perdido rango institucional, asignación presupuestaria, dotación de personal, presencia territorial y capacidad de intervención en materia de su competencia”.
En una Argentina donde 6 de cada 10 niñas y niños viven en la pobreza, el presupuesto ejecutado en estas áreas se redujo “drásticamente” en un 75%, y solo para “4 de las 30 actividades identificadas para el organismo”.
En estos meses han sido despedidos 340 trabajadoras y trabajadores de la Sennaf, cerca del 20% de la planta de contratados, y para fines de junio se anunciaba una nueva ola de despidos en toda la administración pública.
El gobierno de Milei, a través de Capital Humano, no destinó un solo peso a los programas que hacen a: Políticas destinadas a adolescentes y/o a adolescentes infractores a la ley penal. Plan Nacional de Primera Infancia. Línea 102, de escucha a niños, niñas y adolescentes. Programa Nacional Primeros Años. Ley 27.709 Ley Lucio, de prevención contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Políticas Federales para el Fortalecimiento de la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. Programa de prevención del grooming. Fortalecimiento de espacios de inclusión y desarrollo para organizaciones sociales, políticas de participación, entre otras.
Hay cuatro áreas a las que sí se destinó presupuesto: Acciones de Reparación de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Hijos de Víctimas de Femicidio – Ley 27.542 (Rennya). Asistencia en Modalidad Residencial para Adultos Mayores a cargo del organismo. Transferencia a provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil y Acciones de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales – PAE. En este último programa se adeudan dos meses, y solo se destina dinero a las acciones aprobadas el año pasado. No se registran nuevas altas.
El informe da un minucioso detalle de cómo el gobierno nacional se desentiende de la situación de miles de niñas, niños y adolescentes que están dentro de estos programas. No le interesan las y los adolescentes que crecieron en hogares, las y los chicos separados de sus familias de origen para los que se destinaba un monto de dinero para que vivieran con otros familiares y no ingresen a hogares de menores. Tampoco aplica la Ley Lucio, por la que se capacitaba a agentes del Estado para atender a niñas y niños en situación de violencia. Menos se preocupan Milei y Petovello del denominado ciberacoso, para el que se había creado un programa de prevención.
Más de 150 niños y niñas, hijos de víctimas de femicidio, están en lista de espera para recibir la reparación económica que les corresponde por ley
Los jardines comunitarios para el cuidado de niños de entre 45 días a 4 años, destinados mayormente a hijos de trabajadores informales, a fines de 2023 eran 2667. En 2024 se pagaron solamente 12 convenios correspondientes a 2023 y no se generaron nuevos convenios o pagos. Por esto, muchos jardines comunitarios debieron achicar sus horarios o cerrar.
ATE Capital vincula esta política con la suspensión de la entrega de alimentos a comedores y merenderos “lo que profundizó aún más la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes al acceso a la alimentación”.
Además, este gobierno, denuncia el informe, avanza en políticas represivas hacia la niñez y la adolescencia, como el proyecto de bajar la edad de punibilidad a los doce años de edad.
Agreguemos que esta política es coherente con desarmar las instituciones públicas contra la trata de personas, como se ha visto en el caso de la desaparición de Loan en Corrientes.
hoy N° 2016 03/07/2024
