Fue contundente la postura y movilización indígena en todas las provincias: no se hizo la consulta a los pueblos originarios, no se respeta el carácter que debe tener la propiedad comunitaria indígena, el proyecto será promotor de desalojos y ninguna comunidad quiere ser reconocida como persona jurídica de derecho privado. En todas las audiencias el repudio fue notable y le fue especialmente manifestado al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Daniel Fernández, aquí en Neuquén, cuando luego de hacer una defensa fervorosa del proyecto, tuvo que retirarse de la sala abucheado y silbado por los hermanos presentes, todo lo cual significó la suspensión de la audiencia pública. Hicieron un papel bochornoso los funcionarios del INAI que deberían defender los derechos de los pueblos originarios.
Pero ni lo de Neuquén ha hecho reaccionar al gobierno. Es lamentable, ya que el propio mundo jurídico que intervino en la redacción del Código, viene debatiendo la necesidad de retirar los artículos indígenas de la propuesta de código. Así lo ha manifestado una de las creadoras del mismo, Aída Kemelmajer de Carlucci, integrante junto a Lorenzetti y Highton, de la comisión redactora del Código. Hace poco más de dos semanas Kemelmajer estuvo en Neuquén exponiendo a sala llena sobre las modificaciones al Código Civil y llegado el tema indígena, prefirió no referirse a él porque dijo que entre los juristas estaban discutiendo plantear el retiro de los artículos.
Sin embargo es el mismo Zanini, secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, quien está particularmente interesado en que los artículos salgan como están. Zanini está especialmente en contra de que se reconozca el carácter de persona jurídica de derecho público, eje central del reconocimiento como pueblos preexistentes que se ha hecho en la Constitución Nacional, y que obliga a los gobiernos a avanzar en una reparación histórica.
No cabe duda que esta decisión se ha tomado al más alto nivel del poder ejecutivo, es decir que Zanini y la presidenta Cristina de Kirchner son quienes impulsan esta posición contraria a los derechos de los pueblos indígenas.
La comisión bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los códigos Civil y Comercial acordó la realización de seis audiencias públicas más en el interior del país y están pensando en extender los plazos para emitir dictamen, previsto inicialmente para el 8 de noviembre y cuyos tiempos legislativos se extinguen el 20 de ese mismo mes. Los integrantes de la bicameral volverán a reunirse el jueves 1º de noviembre para analizar el primer resumen de las opiniones hasta aquí, confirmar las nuevas audiencias (previstas para el Partido de la Costa, Tierra del Fuego, Salta, Jujuy y Lomas de Zamora), y saber si pueden extender los plazos del dictamen.
El gobierno quiere sacar el proyecto en las sesiones extraordinarias de diciembre. Hay que lograr detener la maniobra del gobierno exigiendo que se retiren los artículos del Código Civil y se sancione una ley especial con participación indígena y donde se respeten las conquistas logradas, donde se garantice la tierra, el territorio, la identidad y la autonomía.
